La presencia, ayer a la mañana, de una grúa cerca del monumento a Cristóbal Colón, en la plaza homónima que se encuentra detrás de la Casa Rosada, desató una jornada agitada en la administración porteña. Luego de que la Justicia Federal ordenara al gobierno nacional que, de momento, se abstenga de trasladar el monumento a un emplazamiento en Mar del Plata, como anunció, distintos funcionarios de la Ciudad reclamaron por lo que consideran propiedad porteña. El posible traslado, aseguró el ministro de Espacio Público de la Ciudad, Diego Santilli, sería “un atropello y un robo al patrimonio” porteño, una idea que luego, por la tarde, se replicó en una conferencia de prensa de la que participaron el legislador porteño Cristian Ritondo y representantes de la ONG Basta de Demoler, entre otros. El gobierno nacional no se pronunció ayer sobre el reclamo, que incluyó protestas de funcionarios porteños que, en algunos casos, acusaron a personal de seguridad de la Casa Rosada de haber sido brusco con quienes pretendieron ingresar para averiguar si efectivamente el monumento estaba por ser trasladado.

Consultada por este diario, la especialista en patrimonio de la Red por el Patrimonio, Mónica Capano aseguró que, a diferencia de lo que afirma la ONG Basta de Demoler en el pedido de medida cautelar, el monumento a Cristóbal Colón no es propiedad de la Ciudad de Buenos Aires. En relación con la obra, explicó Capano, “hay una única ley, en la que el Congreso de la Nación, en 1907, autoriza al Poder Ejecutivo a recibir la donación de los residentes italianos, es decir que no hay injerencia de la Ciudad en relación con el monumento”. Se trata de la ley 5105, del 26 de agosto de 1907.

La medida cautelar que impide al gobierno nacional “concretar cualquier acto que implique el desmantelamiento y traslado” fue dictada por la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal. En respuesta al recurso de amparo interpuesto por Basta de Demoler, la jueza también exigió al Estado nacional que en el lapso de tres días presente un informe sobre lo sucedido ayer, a la vez que frenó el traslado del monumento “a los fines de resguardar la eficacia de las resoluciones que autos pudieran dictarse”. El gobierno nacional había anunciado el traslado del monumento para instalarlo en la plaza Colón, de Mar del Plata, y en su lugar colocar otro en homenaje a Juana Azurduy, donado por el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Ayer por la mañana, tras notar la grúa en la plaza Colón, militantes del PRO y la ONG se acercaron al lugar para resistir el traslado. En esa resistencia, forcejearon con personal de seguridad de Presidencia de la Nación. Luego, el vicepresidente de la Legislatura, Cristian Ritondo, la legisladora Lía Rueda y el defensor adjunto del pueblo de la Ciudad, Atilio Alimena, llegaron a Casa Rosada pidiendo reunirse con funcionarios. Sólo Rueda logró entrar; al salir contó que se había entrevistado con Alicia Alonso, quien le dijo que la grúa estaba para “hacer arreglos” y que “no tenía conocimiento de que se iba a sacar” el monumento de la discordia.

En conferencia de prensa, de la que también participaron Rueda, Pusso y Alimena, Ritondo aseguró que “a la vista de todos estaban robando un monumento histórico a la Ciudad”. “Lía (Rueda) y los otros funcionarios quisieron dialogar en defensa de un monumento histórico que nos pertenece a los porteños en particular y a los argentinos en general y, a cambio, recibieron agresiones por personal de la Casa Rosada”, agregó.

Por su parte, el integrante de la ONG Basta de Demoler Santiago Pusso dijo que “la Legislatura es la única que tiene potestad de decidir sobre los monumentos en la Ciudad”.

En diálogo con este diario, Mónica Capano sostuvo todo lo contrario: la única ley referida al monumento es nacional, fue sancionada en 1907 y dispone que la responsabilidad sobre él cabe enteramente al Ejecutivo nacional. Además, dijo, la plaza Colón “por su emplazamiento y por un tema de seguridad presidencial, claramente corresponde al gobierno nacional”, sobre todo desde que la Ciudad, durante la Jefatura de Gobierno de Jorge Telerman, autorizó el enrejado de su perímetro al gobierno nacional.