Néstor Kirchner le ordenó ayer al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, que preparara un plan relámpago para que el propio Presidente interviniera en la cuestión de seguridad. Aunque se estaban barajando distintas alternativas, se menciona una ofensiva furibunda contra los desarmaderos como medida contra los robos de autos e incluso una participación más activa de la SIDE en tareas de inteligencia relacionadas con el delito y en especial con las grandes bandas. Kirchner pronunció ayer una frase de extremada dureza: “La inseguridad deviene de la exclusión social, pero eso no puede servir como justificativo. Sufrimos en el tema de la seguridad por los dirigentes políticos que no estuvieron a la altura de las circunstancias y por la corrupción de los cuadros innobles de las policías argentinas”. El primer mandatario resumió así cuatro conceptos de los que viene hablando en la intimidad: que la clave está en la crisis social, pero que falta voluntad política para afrontar el tema, que buena parte de los delitos tienen su origen en el encubrimiento o la participación policial y que hay relación entre una franja de los políticos y esos policías corruptos. En la Casa Rosada se dice que podría haber anuncios de envergadura en las próximas horas y algunos hasta mencionan que Kirchner encabezará una ofensiva como la que desató en el caso de la Corte Suprema.
El Presidente viene expresando su preocupación a raíz de las puebladas que estallaron con mayor o menor intensidad en distintas localidades. El caso de Lanús –donde asesinaron el martes a un joven frente a un colegio cuando intentaron robarle el auto– provocó fuerte impacto en el primer mandatario y el martes a la noche resolvió tomar personalmente cartas en el asunto. Mantuvo primero un diálogo telefónico con Beliz en el que quedaron en recibir a familiares de las víctimas, pero sobre todo el Presidente le ordenó al ministro que elaborara un plan concreto para que el Poder Ejecutivo nacional saliera a la cancha en este terreno.
“Acá las cosas no se solucionan mandando mil o dos mil gendarmes a algún lugar –razonó–. Esta es una cuestión política en la que tenemos que meternos de lleno y todos tienen que jugar fuerte.” Aunque no lo dijo públicamente, en el equipo presidencial hay malestar también con lo que consideran una política tibia del gobernador Felipe Solá, algo que saltó a la luz con la frase de Beliz: “El gobernador debe tomar el toro por los astas” (ver aparte). En La Plata también estaban anoche molestos con la ofensiva de la Casa Rosada: “Se meten en nuestro terreno con algo que se parece bastante a una acusación. Nos quieren dar como una ayuda de plomo”, refunfuñaban en la capital bonaerense.
Más allá de este ambiente turbio, Beliz quedó a cargo de diseñar propuestas y un plan de acción para que el Presidente intervenga. En la Casa de Gobierno se baraja, por ejemplo, una ofensiva contra el delito que produce la mayor cantidad de muertes, el robo de coches. Se calcula que el 40 por ciento de los homicidios ocurre en intentos de robo de autos y la mayoría de los asesinatos de policías también suceden cuando los asaltan para quedarse con su vehículo. En este terreno, tanto el Ejecutivo nacional como el provincial tienen un diagnóstico parecido, adelantado por Página/12 desde hace mucho tiempo: la clave está en los desarmaderos y en la protección política, municipal y policial que tienen. Incluso en puebladas como las de Lanús, la misma gente denunció la existencia en esa zona de 114 desarmaderos, sin que las autoridades tomaran medida alguna.
El robo de autos tiene un aspecto al que se podría encasillar en el llamado delito social: centenares de jóvenes, muchos de ellos con problemas de drogas, a los que les pagan entre 200 y 300 pesos para que roben tal o cual modelo de auto, de tal o cual color e incluso con determinado color de tapizado. Esos jóvenes, inexpertos y desequilibrados, son los que terminan disparando a mansalva. Pero la clave está en la mafia que hace millones con ese delito: los desarmaderos, distribuidores y vendedores de los repuestos originados en autos robados.
Hace varios meses, Solá envió un proyecto de ley por el cual se incauta todo desarmadero o negocio de venta de repuestos al que se le encuentren elementos robados. O sea que se secuestra todo lo que tienen. También Juan Pablo Cafiero puso en marcha una brigada que se concentra únicamente en la cuestión de los desarmaderos y que opera desde La Plata, ya que resulta evidente que los policías de la zona están complotados con esos galpones inmensos en los que se “cortan” los autos robados. Sin embargo, las ofensivas en este terreno han sido insuficientes: la Legislatura sigue sin votar la ley y en zonas de cien desarmaderos allanan unos pocos por mes. Lo concreto es que el delito de robo de autos –y las muertes– están en su nivel más alto en el conurbano.
En la Casa Rosada se dice que el Presidente podría impulsar una gran ofensiva contra los desarmaderos, combinando distinto tipo de estrategias: legislativas, policiales e incluso de inteligencia. Y sobre ese punto circuló ayer el rumor de que se estaría estudiando también una mayor participación de la SIDE en el combate contra el delito. Por ahora, la central de espías se limita a cumplir con pedidos de jueces, en especial en lo referido a escuchas telefónicas relacionadas con casos de secuestros u homicidios. Ahora, la tarea sería suministrar información de inteligencia –también requerida por orden judicial– para desbaratar a las mafias, las grandes bandas y la complicidad policial.
Anoche, el ministro Beliz y los secretarios Norberto Quantín y Pablo Lanusse estudiaban medidas para proponerle al Presidente. Todavía repiqueteaban las palabras dichas por Kirchner en el acto homenaje a los policías caídos: “Tenemos que refundar y reconstruir la Patria, porque esto va a traer la reconstrucción de la seguridad interna”.