Los crímenes de La Dársena son sólo el disparador de lo que no sólo es un proyecto de ley sino una puesta al día clara y desnuda del funcionamiento del Poder Judicial en Santiago del Estero. “De una Justicia que muestra profundas falencias a la hora de investigar crímenes graves o que lisa y llanamente no investiga porque carece de la independencia necesaria para hacerla” porque actúa en un “registro de nefasta funcionalidad con el poder de turno” y que “ha devenido apéndice del Ejecutivo”. Estos párrafos integran los fundamentos de un durísimo proyecto de intervención federal a la Justicia de Santiago, presentado ayer en el Senado por Diana Conti, la vicepresidenta de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, en línea con el que la semana próxima entrará a Diputados. El proyecto es una radiografía de la trama de impunidad funcional al juarismo: incluye denuncias contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, descubre la persecución contra la libertad de prensa, contra la Iglesia y denuncia a los hombres del poder ligados a los crímenes de La Dársena, entre ellos al ex comisario Musa Azar, uno de los hombres de la represión que controlaba la Secretaría de Informaciones y el aparato policial del juarismo.
Para Conti, como para los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, el caso de La Dársena sólo es la cristalización de una estructura que legitima un sistema de impunidad denunciado desde hace años por los organismos locales. Sobre esa base fundamenta el pedido de intervención federal al Poder Judicial que ahora estudiará la comisión. Las trece páginas del proyecto son una síntesis de la “nefasta funcionalidad (del Poder Judicial) con el poder de turno”. En ese marco, se presenta también el caso de La Dársena, con dos crímenes vinculados a los “hijos del poder” y una investigación que “no ha podido avanzar” porque “supuestas importantes posiciones que personas involucradas ocuparían en la estructura del poder político de la provincia estarían obrando como cobertura u obstáculo para que la luz se haga sobre los hechos”.
Los fundamentos retoman varios datos de la causa, entre ellos la línea de investigación que en este momento sigue la Justicia, que pretende cerrar el caso con un único “psicópata solitario”. Durante el proceso se denunció la existencia de una fiesta en una finca de Catamarca en la que habrían participado hombres del poder político local. Sobre el dato de la finca “aún no se conocen los resultados de ningún peritaje dispuesto en la sede correspondiente”. Esta “anomalía no puede menos que ser calificada de grave y es por completo imputable a una deficiente acción de la Justicia”. Sobre esa anomalía, Conti recuerda el primer tramo de la investigación, a cargo del renunciado Mario Castillo Solá.
El proyecto hace foco en la figura de Musa Azar, uno de los personajes más oscuros del juarismo. El texto recuerda que en mayo de 2000 fue acusado de ser el “jefe ejecutivo del sistema de terrorismo de Estado que sostiene al gobernador Carlos Juárez, cuyo objetivo prioritario es perseguir, incriminar, encarcelar, descalificar y desprestigiar a todo ciudadano o dirigente que se atreva a pensar”, dice Conti, citando un carta que recibió la Subsecretaría de Derechos Humanos de parte del esposo de una de las gremialistas de ATE “insidiosamente perseguida por la mano del sistema institucional juarista, razón por la cual debió purgar condena con prisión”.
Ese caso permite plantear lo que Conti define como “un aspecto de la mancomunión delictiva que ha regido en esa provincia: en tanto el Poder Judicial ha perdido su independencia y ha devenido apéndice del Ejecutivo, nada o muy poco puede esperar el ciudadano común de la administración dejusticia, y por ende de la vigencia efectiva de sus derechos y garantías que los tutelan”.
Pero el pedido de intervención judicial no pone el énfasis sólo en la renuencia a investigar a funcionarios del gobierno y su “recurrente tolerancia con conductas que bordean el delito o son delictivas”. Los fundamentos mencionan denuncias contra Ernesto Kosameh, el presidente del Tribunal Superior.
Como caso paradigmático de una “justicia que carece de la independencia necesaria”, menciona a Gerardo Sueldo, el obispo muerto en un supuesto accidente en 1998: la causa fue “archivada rápidamente por María Luisa Cárdenas de Infante. Se han denunciado numerosos ocultamientos y hasta el momento se mantienen las dudas sobre el accidente”. El caso de Sueldo se convirtió en el antecedente de una veintena de expedientes denunciados por las Madres del Dolor. Además de la muerte de Roberto Eduardo Charriol, el custodio del ex gobernador Darío Moreno, cuyo caso se caratuló como suicidio y recién hace una semana –y en medio del escándalo político– volvió a reabrirse como dudosa.