Las 67 hectáreas del Campo de Golf de Palermo se debaten en estos días entre las denuncias cruzadas de funcionarios del Gobierno de la Ciudad y el Golf Club Lagos de Palermo, un club privado que utiliza casi el total del espacio y el tiempo de los greens por un “benéfico” contrato de concesión firmado por un interventor de la gestión de Fernando de la Rúa en la ciudad, en 1998. Desde ese momento, el club “acumuló una deuda que hoy llega a 1.370.000 pesos por no haber pagado el canon mensual que establecía aquel convenio”, afirmó el jefe de Gabinete de la Dirección de Deportes, Gustavo Berta. Ante esta situación, el 23 de mayo pasado Aníbal Ibarra anuló el contrato por decreto y ordenó el desalojo administrativo. Previo recurso de amparo, el club consiguió una medida de no innovar que ahora fue apelada por la Procuración General de la Ciudad.
“Nosotros quisimos pagar y depositamos 300 mil pesos, que es lo que consideramos que debemos porque ahora tenemos menos socios. Ellos no lo aceptan porque nos quieren sacar, así no tienen que rendir cuentas”, explicó uno de los socios y además vocero del Club Lagos de Palermo, Víctor Grubici, que acusa al gobierno porteño de administración fraudulenta. En tanto, Berta defendió “el proyecto de hacer de este campo un lugar público que puedan usar los vecinos y no los socios de un club privado que por un contrato precario firmado por un interventor hoy disfrutan del 75 por ciento de las salidas los miércoles, sábados, domingos y feriados. Y ni siquiera pagan el canon mensual que habían firmado en ese contrato que defienden”.
Mientras las acusaciones continúan, la medida de no innovar dictada por la jueza Elena Liberatori permite que el GCLP continúe funcionando en el predio municipal, “lo que les permite existir como club dentro de la Asociación Argentina. Por eso no aceptan el proyecto de un campo público”, concluyó Berta.