Desde Santiago del Estero

Un calco de Catamarca. Esa es la dimensión del proceso que atraviesa Santiago del Estero para la hermana Martha Pelloni: “Más que de la cantidad de casos –dijo–, me sorprende la impotencia para resolverlos y la cantidad de amenazas”. La hermana Pelloni llegó ayer para potenciar esta nueva marcha que anoche arrastró hasta la plaza del centro a unas 7500 personas, 1500 más que la semana anterior, y muchísimas más que en la primera movilización, a la que apenas fueron un centenar. Pero su visita fue algo más que la marcha. Las organizaciones intermedias la convocaron para conocer el proceso social del caso María Soledad, pero durante el encuentro las cosas cambiaron: Pelloni casi no habló y el espacio se transformó en un escenario de dolor y de catarsis. Se oyeron casos, historias y denuncias semejantes a las repetidas durante los años del terrorismo de Estado. En ese espacio se oyó la palabra Conadep y la decisión de poner en marcha un foro intersectorial con esas características. Se discutió sobre la intervención federal del Poder Judicial y se oyó a Martha Pelloni pidiéndola en forma “urgente”. Se anunció una audiencia la semana próxima con el ministro de Justicia de Nación, de la que participarán las asociaciones intermedias y tal vez Pelloni.
“Hoy me siento feliz”, decía el padre de Leyla Bshier Nazar en medio del encuentro con la religiosa: “La Dársena sirvió para agilizar los trámites de otro caso”. Jounes Bshier no hablaba del crimen de su hija. Le hablaba a una de las mujeres de la sala que poco antes había presentado su caso: la muerte de su hijo, un crimen que ocurrió hace cuatro años y en el que la Justicia aún no había avanzado. “Mi abogado me abandonó –decía la mujer–, porque se dio cuenta de que no podía pelear contra el sistema.” Ahora, por los pedidos de intervención que amenazan a la corporación judicial enquistada en la provincia y por ese mismo proceso que viene creciendo con la sucesión de las marchas, su caso fue reactivado. “Somos apolíticos”, le decía Bshier, repitiendo lo que a esta altura y en este marco es uno de sus tics más claramente político: “A partir de ahora van a tener en mí a un hombre, y voy a seguir luchando para que se haga justicia en Santiago del Estero”.
Ese pedido de Bshier no era cualquier pedido. Tal vez es la síntesis más clara del resultado de los seis meses del caso La Dársena y la causa por la que invitaron a Martha Pelloni. La religiosa llegó para darle aliento a la marcha del viernes, pero también para encontrarse con aquella parte de la comunidad que intenta organizarse para sostenerlas a largo plazo y articularlas con otras instancias sociales. En lugar de eso, el encuentro con la religiosa terminó convertido en un ámbito distinto: “Lamento que hayamos tenido que recurrir a usted –se disculpaba María Luisa de Luega, viejita, cansada, parte un centro de jubilados–; es que acá no tenemos líderes”.
En esa sala estaba Marta Garay, una de las mujeres que durante todos estos días peregrinó con sus hojas, carpetas, expedientes por los distintos lugares donde, tal vez, podría encontrarse con un periodista. Pasó por el juzgado de La Banda, recorrió hoteles, llamó por teléfono y ayer finalmente se levantó y habló en esa sala, por primera vez en público, por primera vez así y en llantos cuando dio el nombre de uno de los Juárez, en este caso de Luis Juárez Villegas, ingeniero, sobrino de Carlos Juárez, ex ministro y ex esposo de ella: “Abusó sexualmente de mi hija mayor cuando tenía 3 años –dijo–; mi hija no vive en paz porque la Justicia no ha comenzado la investigación”. Su caso ahora forma parte del listado relevado en el proyecto de intervención federal del Poder Judicial de Santiago, que en este momento está en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. “Para la Justicia –decía Garay– yo me he convertido en victimaria. El pidió la nulidad de las pruebas, nadie le tomó nunca una indagatoria, no está imputado y yo el año pasado tuve que huir a La Quiaca y pedir asilo en la prelatura del obispo Olmedo.”
Este es uno de los casos que durante el encuentro cristalizó la situación de fondo en el Poder Judicial. El caso Garay entró en un juzgado civil hace dos años. Allí se ordenaron pruebas que seis meses después se anularon. El caso pasó a la Cámara Civil, compuesta por un hermano de Juárez Villegas. La Cámara levantó las medidas cautelares que disparan su huida hacia Jujuy: “Siento en el alma que mi hija tenga que ser publicitada –decía Marta–, pero he tenido que buscarlo para conseguir amparo”.
Frente a la repetición de casos como ésos, la hermana Pelloni planteó una urgencia: “La intervención del Poder Judicial de parte del gobierno nacional –dijo– es una urgencia, mientras no cambien la estructura judicial no se va a lograr nada por el enrosque con el poder político”. En esa tónica habló también la representación del conjunto de entidades intermedias que la semana próxima tienen una audiencia prevista con el ministro Gustavo Beliz y pedirán otra con el Presidente de la Nación. De ese ámbito partió el proyecto para crear en Santiago un Foro de entidades intermedias que trabajen en lo que definen como una “Conadep de Santiago del Estero”. Una estructura que trabaje sobre los casos que permiten asociar a Santiago con Catamarca o a las condiciones del terrorismo de Estado. “Es un calco de Catamarca –decía Pelloni ayer–, un poder enquistado que genera idolatría, miedo y veneración de la gente”. Ese calco de Catamarca es similar pero no tanto: “Es igual, pero en este momento ustedes no tienen un gobierno nacional como el menemista que apoye mafiosamente la situación”.