El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) apoyó públicamente el sistema de “Cortes de drogas”, impulsado por el gobierno estadounidense en el continente. “Ayudan a aliviar al sistema penitenciario, permitiendo también una disminución en la recaída en el consumo y, por último, suponen un ahorro para el Estado en el mediano y largo plazo”, dijo Miguel Insulza, durante un taller de formación en Washington la semana pasada. Estas Cortes, que ya funcionan en Brasil, Chile y México, permutan condenas por tratamiento e imponen premios y castigos, basándose en el scoring a usuarios en conflicto con la ley. Varios especialistas consultados por Página/12 relativizaron los logros del sistema y advirtieron los peligros de su implementación en países en los que sigue penalizada la tenencia de drogas para uso personal.

La propuesta de expansión de este modelo fue defendida en el taller de la OEA por William Brownfield, subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado norteamericano, ferviente opositor a la despenalización del uso de sustancias controladas y la regulación de cannabis. Aunque en el informe sobre drogas de la OEA de mayo pasado la despenalización fue definida como “la base de cualquier estrategia de salud”, los funcionarios estadounidenses desechan esta reforma en cada encuentro internacional sobre el tema.

“Si bien el problema de la droga ilícita es un problema de salud pública, necesitamos un punto de entrada al sistema de salud pública y ese punto lo representan los tribunales de tratamiento de drogas”, aseguró Brownfield la semana pasada. En su país existen alrededor de 2500 Cortes de este tipo y según los cálculos de los investigadores Eric Sevigny, Harold Pollack y Peter Reuter más del 80 por ciento del medio millón de “encarcelados recientes en riesgo (de adicción) fueron excluidos de las Cortes de drogas debido a los criterios restrictivos de inclusión”.

Estos tribunales comenzaron a funcionar en Miami en 1989, como respuesta a la primera consecuencia de la supuesta “guerra a las drogas”, lanzada en esa misma década: la progresión geométrica de detenidos por causas relacionadas con el uso, posesión, tráfico y comercialización de sustancias controladas. Luego se expandió, bajo diferentes formatos, a países de habla inglesa: Gales, Inglaterra, Australia y Canadá. En la actualidad, existen Cortes en Chile, México y algunos estados brasileños. La mayoría impone tratamientos médicos abstencionistas.

Según explicó la investigadora de la organización colombiana Dejusticia, Diana Guzmán, el sistema funciona como una alternativa a la prisión, que presupone “que el consumo de drogas es uno de los factores asociados con la comisión de delitos”. Las Cortes cuentan con jueces, fiscales y defensores y otros actores: proveedores servicios de tratamiento, trabajadores sociales y de ramas afines. “El enfoque de la intervención es fuertemente judicial”, aclara la especialista en un informe que elaboró en 2012, para el IDPC (Consorcio Internacional de Política de Drogas).

“En los países donde está penalizada la tenencia de sustancias, como Estados Unidos, los usuarios son los candidatos ideales para estas Cortes. En lo formal, se acepta el tratamiento médico voluntariamente; en el plano real, funciona como un chantaje cuando se trata de usuarios. Es un manejo perverso: no se reconocen distintos tipos de consumo. No todas las drogas generan dependencia y no todos los usuarios son problemáticos”, afirmó a este diario la investigadora colombiana. “Sería útil si se aplicara para delitos menores perpetrados por personas que sufren dependencia y se los acercara a los servicios sociales”, agregó.

Sevigny, Pollack y Reuter analizan este aspecto en el estudio titulado “¿Pueden las Cortes de drogas ayudar a reducir población detenida y encarcelada?”. Según estos investigadores, las restricciones para entrar en estas Cortes en Estados Unidos hacen que sean seleccionados sólo los casos más fáciles, que no implican un gran riesgo. Las personas reincidentes no pueden participar y tampoco quienes hayan cometido delitos violentos. “En algunos casos, la jurisprudencia terapéutica puede proveer un disfraz retórico para las políticas coercitivas”, advierten los investigadores.

En otro tramo del artículo, se observa que entre 1996 y 2008 se cuadruplicó la población estadounidense en estos tribunales, de 26.465 personas a 116.300: “La capacidad total todavía es una pequeña fracción del número total de detenidos por casos de drogas en el sistema judicial criminal. A nivel nacional, se estimó que había 55 mil adultos involucrados en las Cortes de drogas en 2005, frente a 1,47 millón de arrestados o detenidos en riesgo por dependencia de drogas”. Hay 27 detenidos con uso problemático, agrega el estudio, por cada espacio disponible en las Cortes de drogas.

Por este último dato, quienes impulsan estas Cortes piden aumentarlas. Sevigny, Pollack y Reuter afirman que varias investigaciones revelan que el objetivo de retener y procesar con éxito a los detenidos se cumple a medias. Muchos participantes son expulsados. “La evaluación en 2003 de 11 Cortes de drogas en el Estado de Nueva York, por ejemplo, reveló una tasa de éxito de apenas el 50 por ciento en todos los programas durante tres años”, comentan los investigadores. Si se es expulsado, debe cumplirse con el juicio o la condena en suspenso.

“Para un país con leyes tan severas como el nuestro, las Cortes resultan un paliativo. Es mejor que ir a prisión. Pero las autoridades exageran los resultados: el impacto en la disminución carcelaria es mínimo y en la recuperación de usuarios problemáticos es modesto. El gobierno de Estados Unidos quiere imponer este modelo a otros países desde hace tiempo, pero tiene serias limitaciones, no creo que sea apropiado en lugares donde hay criminalización del consumo”, evaluó en diálogo con Página/12 John Walsh, coordinador de políticas de drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La buena publicidad sobre este sistema hecha por las agencias estatales norteamericanas, tal como explica Guzmán, se basa en estudios realizados por las propias Cortes. Es lo pasa con la supuesta reducción de la tasa de reincidencia. “Es importante resaltar que ésta resulta de la comparación con la respuesta judicial penal tradicional. No se comparan con otras alternativas de política, como el tratamiento de base comunitaria”, aclara la investigadora en su informe. “Termina siendo una intervención punitiva que deriva en tratamiento”, sentenció a este diario.

El secretario general de OEA visitará Uruguay la próxima semana para presentar el informe sobre drogas a este organismo, que abrió el camino a repensar el sistema represivo montado en nombre de la salud pública. Un funcionario de la Junta de Drogas de este país, donde se debatirá a fin de mes la regulación de cannabis, afirmó: “Las Cortes de drogas sólo pueden ser evaluadas como alternativa a la prisión en casos de microtráfico, de ninguna manera para imponer tratamiento porque nosotros estamos dejando la persecución criminal para pensar en un modelo sanitario”.

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