De paso por Montevideo para presentar el informe sobre drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Insulza, secretario general de este organismo, afirmó que Uruguay está “en condiciones de examinar políticas nuevas” respecto de la regulación de la marihuana. “Dijo algo muy importante, que lo que haga nuestro país no va a causar ningún alboroto en la región, que hacemos lo que podemos hacer y que lo que estamos impulsando es una de las alternativas planteadas en el informe de escenarios de la OEA”, comentó ayer Julio Calzada, titular de la Junta Nacional de Drogas del país vecino. La próxima semana comenzaría el debate en la Cámara de Diputados para que Uruguay se convierta en el primer país del mundo en regular la producción, distribución y oferta del cannabis para fines medicinales y recreativos.

Insulza ya entregó el informe pedido durante la última Cumbre de las Américas, el año pasado, al presidente colombiano Juan Manuel Santos y también estuvo en Chile, más concretamente en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El lunes pasado llevó el estudio a Uruguay, donde se reunió con el presidente José Mujica y los integrantes de la Junta Nacional de Drogas. Luego ofreció una conferencia de prensa, junto a Diego Cánepa y Luis Porto, subsecretarios de la Presidencia y de Relaciones Exteriores, respectivamente.

“El negocio de las drogas anualmente genera más 150 mil millones de dólares en el mundo, más de la mitad está en nuestro continente que consume casi la mitad de la cocaína y de la heroína y más de la cuarta parte de la marihuana que se consume del mundo. Es un negocio grande, por lo tanto la ganancia da para todo porque es un negocio de poco costo”, explicó Insulza. Y aseguró que de nada sirve festejar las confiscaciones de sustancias controladas. “Es tan barato producirlas, que si se confisca se produce más. Es la demanda la que determina el tamaño del mercado.”

Basado en los datos de informe de la OEA, su secretario general advirtió que “el 92 por ciento del precio bruto de la droga va al lavado del dinero, lo que significa que el costo que quedó atrás es del 8 por ciento”. En este sentido, afirmó que el kilo de pasta base de cocaína cuesta 650 dólares “en la selva peruana, colombiana o boliviana”, mientras que en el país de consumo se duplica el peso y su precio se multiplica 500 veces. “Se gana más, curiosamente, no donde hay más violencia sino en los lugares de consumo final, donde hay menos violencia”, observó.

Luego de trazar este mapa económico-social, Insulza separó la realidad de los países productores y de tránsito de los lugares de consumo. En los primeros, dijo, “más que preocuparse de la política sanitaria, de si es legal o no, el principal problema es la violencia que está generando el narcotráfico, es el combate al crimen organizado”. Esta realidad, agregó, complica plantear “políticas coherentes que tomen lo que se ha señalado aquí (en Uruguay): la droga como una enfermedad, la necesidad de atención médica, el examinar distintas formas de regulación”.

La situación de los lugares de consumo es distinta. “Insulza mencionó el caso de Estados Unidos, donde dos estados ya legalizaron el cannabis y otros 16 lo permiten bajo la forma de uso medicinal. Es decir, más de la mitad de ese país ya tiene mecanismos de control alternativos a la ley penal”, subrayó a este diario Milton Romani, representante permanente de Uruguay ante la OEA. Insulza, agregó, no hizo más que reconocer el gran esfuerzo oriental “en materia de internación respecto del tema drogas para terminar con el pensamiento único”.

En la conferencia de prensa, el secretario general destacó sobre la pronta discusión parlamentaria: “Este país está en condiciones de examinar políticas nuevas, por lo tanto no creo que existan los impedimentos que hay en otras partes, donde los volúmenes del dinero, de la criminalidad y la acción de los clanes organizados es de tal magnitud que las prioridades tienen que ser necesariamente otras”. En Uruguay aumentó el consumo de drogas, dijo, “pero al mismo tiempo las tasas de criminalidad asociadas a esto no son ni mucho menos que las más altas, al contrario, son las más bajas”.

De todos modos, Insulza aclaró que no apoya la regulación de la cannabis como modelo porque no está “mandatado” para hacerlo y se mostró satisfecho porque se abrió el debate en América. “Cuando se está 40 años trabajando en una línea y las cosas no caminan es bueno discutir, por lo menos, si está funcionando bien o funcionando mal”, comentó. También sostuvo que la OEA no tiene objeciones para que el proceso uruguayo siga adelante. “Es el camino que se está siguiendo. El debate de la marihuana está abierto y va a producir cambios en el corto plazo”, afirmó.

El próximo miércoles se debatiría en la Cámara de Diputados el proyecto que contempla, entre otras cosas, la siembra de seis plantas de cannabis por persona y los clubes de cultivo cooperativo, con un máximo de 45 socios.

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