Alrededor de 300 mujeres argentinas demandarán por 54,7 millones de dólares a la empresa francesa PIP, fabricante de prótesis mamarias, por haberles vendido implantes defectuosos, y a la aseguradora Allianz y la verificadora de calidad TUV Rheinland, ambas alemanas, por el mismo motivo. “La finalidad de la causa es pedir la reparación integral en términos de indemnización. Pero, por sobre todas las cosas, esta acción es innovadora porque toma el modelo del proceso de ‘acción de clase’ norteamericana: esta demanda habilitaría a todas las portadoras de prótesis PIP a reclamar su indemnización”, explicó a Página/12 Virginia Luna, “abogada y damnificada” que la lleva adelante. De acuerdo con los registros oficiales, las damnificadas podrían ser 15 mil; por tratarse de una acción de tipo colectivo, todas ellas podrían reclamar indemnización si hubiera un fallo favorable. La demanda es por daños y perjuicios, por lo que, dijo Luna, fue presentada ante la Justicia Civil y Comercial Federal, “que es el fuero que tiene que entender con firmas extranjeras”. “Inicialmente, el fuero se declaró incompetente, apelamos y ahora estamos esperando. Estamos tranquilas porque la demanda con la documental está presentada y es sólida. Es un tema de salud, no de estética”, agregó.

Las pruebas aportadas por Luna, en representación colectiva, presentan casos de prótesis rotas o que tuvieron filtraciones y causaron daños a la salud de quien las portaba. “En una muestra que hicimos de 500 mujeres, el 19 por ciento sufrió una ruptura y eso significó la migración del gel a las axilas, la cabeza, el cuello e incluso a los pulmones”, contó la abogada Luna durante una presentación de prensa. “Si nuestro pedido prospera, la indemnización habría que multiplicarla por 15 mil, que es la cantidad de damnificadas que se estima hay en la Argentina”, porque en los años de mayor venta de las PIP el país era, también, receptor de mujeres de otros países de la región, que llegaban para realizarse intervenciones estéticas. En abril de 2010, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de Argentina prohibió la importación, comercialización, venta y uso de las prótesis, luego de una decisión similar en Francia.

La abogada Luna explicó a este diario que la demanda fue radicada ante la Justicia argentina “porque estamos demandando a las sociedades extranjeras ante la ley local”. “Las damnificadas realizaron las intervenciones de implantes en la Argentina y el producto ingresa al país con certificación de calidad de la empresa alemana”, agregó. La compañía de seguros Allianz también es demandada, “porque PIP tenía contratado con ellos un seguro sobre la producción”. “El contrato de seguro tiene cláusulas limitativas de territorio, pero lo asegurado era el 100 por ciento de la producción. Es discriminatorio que sólo tenga que responder por las intervenciones realizadas en Francia”, señaló Luna.

La demanda es contra la firma PIP (Poly Implant Prothèses), fabricante de los implantes, la alemana TUV Rheinland (que se encargaba del control de calidad) y la también alemana Allianz, que aseguraba la producción. Entre 2010 y 2011, una investigación de la Agencia Francesa de Productos Sanitarios –que había sido alertada por médicos acerca de la alta tasa de rotura de los implantes– descubrió que las prótesis estaban fabricadas con un gel industrial no autorizado. El titular de PIP, Jean-Claude Maas, reconoció que su producto se hacía con materiales no autorizados. En Francia, el juicio por las prótesis PIP tiene 7400 demandantes, 2500 extranjeras, una de las cuales es, precisamente, la abogada Luna, quien viajó en representación de damnificadas argentinas. El veredicto de esa demanda se conocerá en diciembre.