“Di Santo. Te encontramos. 5 H.” Y sobre la hoja del diario en que alguien escribió ese texto, redondeada, la palabra ataúd. El mensaje fue dirigido al jefe de la Policía Federal, comisario general Román Di Santo, y se dejó en sobre cerrado en la puerta del edificio en que vive el jefe policial, en Santos Lugares. Como el edificio no tiene portero con vivienda, no está claro cuándo ni quién dejó el sobre, que estaba cerrado y simulaba ser una publicidad. La nota sobre la cual se escribió el mensaje correspondía al diario Olé del viernes pasado y estaba centrada en las declaraciones de un barrabrava de Boca, Luis Arrieta: “Me bajé para no terminar muerto o en un ataúd”. Por esa razón, la amenaza de muerte se vinculó directamente con la investigación de los barras. “Esto fue una amenaza de muerte, no hay dudas”, le dijo anoche Di Santo a Página/12. “Le voy a contar una infidencia: en la Federal los detalles de esta investigación los conocemos yo y el subjefe de la fuerza, por si a mí me pasa algo.” Di Santo se presentó ayer ante el juez Manuel De Campos, que investiga, justamente, la asociación ilícita en la que intervienen barrabravas, dirigentes, políticos y referentes sindicales: dos de los principales barras investigados figuran como delegados del gremio de Camioneros, conducido por Hugo Moyano e hijos, aunque todo indica que pocas veces se subieron a un camión.

Tanto el juez De Campos como el fiscal Andrés Madrea, que instruyen esta causa desde el primer momento, ponen el acento en un hecho de trascendencia ocurrido el viernes: el allanamiento a tres sedes de Transportes Caccia. El procedimiento se basó en una investigación que se hizo sobre los autos que manejan los jefes de la barra brava de Boca: un Minicooper, un Citroen C4 y otro auto de alta gama. Los tres están a nombre de Automotores Caccia. Los vehículos son los que manejaban Mauro Martín, Maximiliano Mazzaro y Cristian Fido Debaux, los tres líderes de la barra brava oficial. Maximiliano Levy, otro referente de La Doce, no conduce autos de Caccia, pero registra giros bancarios con la empresa. La hipótesis del juez De Campos y del fiscal Madrea es que Transportes Caccia se utiliza para lavar el dinero ilegal que hacen en La Doce.

En la nota que se utilizó para la amenaza, firmada por Gustavo Grabia, Luis Arrieta, alias “El Loco Luis”, anuncia que da un paso al costado de la barra porque “esto no da para más, yo no soy una carmelita descalza, me agarré a trompadas muchas veces, pero ir a matar gente es demasiado. Yo no vine a La Doce para eso”. Lo curioso es que Arrieta y Mazzaro figuran ambos trabajando en Caccia, algo que no les impedía estar en todos los viajes de Boca, y no sólo eso: los dos eran los delegados del gremio de Camioneros en la empresa.

Lo que averiguaron el juez De Campos y el fiscal Madrea es que la empresa tiene camiones y sólo tres autos, casualmente los tres que usaban los jefes de la barra de Boca. “¿No le llama la atención que la empresa de transportes sólo tenga autos que utilizan los barras? Y, además, no es una Kangoo o una camioneta, algo que pueda tener que ver con transporte. Lo que tienen son autos de alta gama”, le dijo uno de los funcionarios judiciales a este diario. Esto les dio la convicción al juez y al fiscal de que la empresa se usó para lavar el dinero de los barrabravas. Por ello, el viernes fueron allanadas las tres sedes de Transportes Caccia. Al día siguiente llegó el sobre al domicilio del titular de la Federal. La amenaza seguramente está relacionada con la medida del viernes: “Le tocamos la estructura económica”, dicen en Tribunales.

“Vivo en Santos Lugares de toda la vida. Fui al colegio por aquí y casi todos los vecinos lo saben –le contó Di Santo a este diario–. Es un edificio muy normal, que no tiene portero con vivienda y hasta hoy no había custodia. Salgo a la mañana, en que viene la camioneta a buscarme con custodia, y vuelvo a la noche con esa misma camioneta. Pero no hay consigna en la puerta. Recibí llamadas a las 3 de la mañana, a las 4, y tienen que ver con esta causa de la barra brava de Boca. Es que estamos yendo muy a fondo. Con el juzgado, la fiscalía, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, el ministro Arturo Puricelli y hasta la presidenta de la Nación. Hay una decisión de avanzar contra viento y marea. Fíjese que por primera vez en la historia se allanó la División Seguridad en Eventos Deportivos de nuestra fuerza, la Policía Federal. Se están siguiendo todas las ramificaciones.”

Tal vez durante la jornada de hoy el juez De Campos y el fiscal Madrea le tomen declaración al portero del edificio donde vive el titular de la Federal. Habrá que ver si de allí sale alguna información acerca de quién entregó el sobre. Que hayan averiguado el domicilio no es una hazaña, se dice que una parte de la barra brava oficial, la indudable autora de la amenaza, es de la zona de Santos Lugares, de manera que conocen dónde vive Di Santo.

Por lo que se conoce de la causa, que tiene numerosos expedientes colaterales, el juez y el fiscal están subiendo paso a paso. El primer escalón: los integrantes de la barra y sus negocios, entre ellos la falsificación de carnets, por lo cual se allanó el Departamento de Socios. En esa instancia se trabajó también sobre los encubridores, entre ellos policías de la Federal. El segundo paso, toda la estructura empresarial, los movimientos de dinero, como es el caso de la empresa Transportes Caccia. Y las versiones indican que la pesquisa sigue para arriba, hacia los dirigentes de Boca –vinculados al PRO y a una pata radical del macrismo– y sus vínculos. Parte de los datos fueron recogidos cuando se investigó quién le daba cobertura al por entonces arquero de San Lorenzo Pablo Migliore, que a su vez protegía a miembros prófugos de la barra y que pasó un tiempo en la quinta de un dirigente.

“Esta es una investigación integral –señaló anoche Di Santo–. No sólo estamos al tanto el subjefe de la fuerza y yo; también lo están el jefe de Investigaciones, el de Comunicaciones y un grupo muy seleccionado. Es una investigación de gran envergadura.”