La Justicia les dio la razón a los 137 inspectores de la Subsecretaría de Trabajo porteña en conflicto con el gobierno de Mauricio Macri. Hoy deben regresar a sus tareas habituales en ese organismo, ya que el juez Roberto Gallardo les concedió un amparo contra una resolución que los obligaba a prestar servicio en la Agencia Gubernamental de Control (AGC), un ente sin atribuciones en el ámbito laboral. La paralización de las inspecciones a comercios en general, talleres clandestinos y obras en construcción que causó el problema gremial “le costó a la Ciudad unos tres millones de pesos”, denunció el ingeniero Edgardo Castro, delegado del personal afectado. El fallo judicial deja sin efecto la resolución del 29 de julio pasado, que delegaba las funciones del poder de policía de la subsecretaría y la transferencia de sus inspectores a la AGC. Un revés para el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, de quien depende la Agencia.

Con la medida cautelar, se cayó la resolución conjunta RESFC-2013-1-AGC, que para los inspectores viola el artículo 80, inciso 2.d de la Constitución porteña y el Convenio de la OIT 81. Aquella norma regía desde el 31 de julio último y obligaba a los 137 trabajadores a prestar servicios en la AGC. Para ellos, en los hechos, ocasionaba el desmantelamiento del servicio de inspecciones laborales. O sea, se dejaba sin control actividades que podrían encubrir casos de trata de personas y precarización laboral, en tanto que todas las violaciones a las leyes laborales que pudieran ocurrir en la ciudad de Buenos Aires quedaban sin supervisión ni una sanción ulterior.

Los inspectores hacen responsables del conflicto por igual al subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, y al director de la AGC, el mayor retirado Juan José Gómez Centurión. Ayer y el lunes pasado, cuando se tensó la situación por un paro en la Agencia que depende del militar, se ampliaron las medidas de lucha a más trabajadores. La AGC se mantuvo cerrada al público y su personal denunció que uniformados ingresaron al edificio ubicado en el barrio de Once, los hostigaron y cuando se retiraban a almorzar no los dejaban volver a ingresar a sus puestos de trabajo.

Pese a ello pudieron hacer una asamblea, se reunieron con autoridades de la Agencia y obtuvieron un compromiso de palabra de que no se cumplirá con el pase de noventa trabajadores de planta permanente al Procam (Programa de Educación Científica y Ambiental), que para los afectados constituye el paso previo a un despido. Bajo el argumento de reasignarles tareas en otras áreas del Estado, se los iba a derivar a ese programa “para ver si se cansan o renuncian por propia voluntad”, denunció Lilian Rodríguez, perito verificadora de la AGC.

Entre los alcanzados por las medidas de la Subsecretaría de Trabajo y la AGC hay más de doscientos trabajadores. De no haber sido concedido el amparo por el juez Gallardo, los 137 inspectores traspasados a un organismo sin competencia laboral podrían haber sido impugnados jurídicamente en su labor por los propios inspeccionados. Ya ocurrió eso con muchos inspectores precarizados, que por no ser de planta permanente en el Estado porteño labraron actas que nunca tendrían que haber confeccionado. Los que violaron la ley, de parabienes.