Edgardo Castro y Hugo Reiner son delegados de la Subsecretaría de Trabajo porteña afiliados a ATE. El primero es ingeniero en Seguridad Ambiental y el segundo, abogado. Con una serie de amparos que presentaron en la Justicia, lograron neutralizar la resolución del gobierno de Mauricio Macri que obligaba a 137 inspectores de aquel organismo a desempeñarse en la Agencia Gubernamental de Control (AGC), violando una serie de normas. Según informó ayer este diario, el fallo del juez Roberto Gallardo ordena el regreso de los empleados de la AGC a la dependencia laboral que depende de Ezequiel Sabor, la cual, según los sindicalistas, hubiera sido desactivada si no se concedía la medida cautelar. Con una copia de la sentencia en su poder, dialogaron con Página/12 sobre los alcances de la medida.

–A partir del fallo, ¿a qué está obligada la Subsecretaría de Trabajo?

Castro: –A dar tareas a los 137 inspectores desde que se notificó la sentencia. Cuando el martes los compañeros se presentaron en la AGC les dijeron que se fueran, que ya les iban a avisar qué hacer. Acá hubo una violación tan brutal de las leyes que nosotros vamos a pedir la renuncia de Ezequiel Sabor. No se pueden violar tantas normas juntas de la ciudad de Buenos Aires con la resolución que firmó. Es una locura.

Reiner: –La resolución era nula porque partía de una subsecretaría. Una resolución no puede ser superior a una ley. Por eso la delegación de funciones de fiscalización y de control de cumplimiento de las leyes laborales con la transferencia de la totalidad del cuerpo de inspectores a otro organismo es una resolución administrativa contraria a la Constitución porteña, que ordena en su artículo 80, inciso 2.d, que sea competencia privativa del Poder Legislativo. También decimos que la ley 2624 que crea la AGC no le da competencia para realizar la función de policía del trabajo. La ley 265 del año ’99 es la que regula nuestra actividad en la Subsecretaría de Trabajo y no otra.

–O sea, ¿para ustedes la resolución del gobierno porteño del 29 de julio que los obliga a trabajar en otro organismo sin competencia laboral viola varias leyes?

R.: –No sólo eso. Viola el Convenio 81 de la OIT, que ingresó a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, que habla justamente de que la inspección de trabajo debe estar centralizada en un solo lugar. Nuestros funcionarios, asesores e inspectores de la Subsecretaría de Trabajo no pueden estar en la Agencia Gubernamental de Control. Por eso, somos contrarios a la resolución que, en un párrafo, dice: se traspasa al personal a la AGC pero el poder de policía lo sigue conservando.

C.: –No existe ley, decreto o voluntad que pueda autorizar al subsecretario de Trabajo a delegar funciones de fiscalización y control de cumplimiento de las normas laborales ni menos todavía a transferir el cuerpo de inspectores de trabajo. Al haber tantas irregularidades se concedió el recurso de amparo.

–¿Qué consecuencias generó el conflicto que mantienen los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo con el gobierno porteño?

R.: –Durante los últimos treinta días no hubo inspecciones del trabajo. Esto vulneró los derechos de los trabajadores, los dejó al libre albedrío de la trata de personas, el trabajo no registrado, el trabajo infantil, el trabajo en talleres clandestinos, las obras con peligro de derrumbe, todo eso quedó sin inspecciones de la subsecretaría. La idea principal de la resolución era desmantelar el organismo. ¿Por qué? Porque los compañeros inspectores fueron a los talleres clandestinos de la señora Awada, la esposa del jefe de Gobierno, y eso no les gustó. Con esto damos una importante batalla: no es únicamente por el retorno a nuestro lugar de trabajo; también contra todas las irregularidades que se cometen.

C.: –También quieren destruir a la junta interna de ATE que denuncia todas estas irregularidades. De un tiro querían bajar dos pájaros. Y en el ínterin, durante el conflicto del subte, se mandó a un inspector trucho, alguien que ni siquiera estaba habilitado para hacerlo, a controlar las obras. Fueron con actas de la subsecretaría cuando pertenecen a otro organismo, la AGC. Eso es falsificación de documento público, acá, en Mar del Plata y en Plutón.