Mié 16.07.2003

SOCIEDAD  › UN FALLO CONTRA EDESUR POR LOS
POSIBLES EFECTOS CANCERIGENOS DE UNA ESTACION

Una medida judicial de altísimo voltaje

Los vecinos de Ezpeleta denunciaron que el campo electromagnético de una subestación de Edesur provoca casos de cáncer en el barrio. Ahora, la Cámara mandó a la empresa y al ENRE a suspender las obras. Argumenta que el debate científico no está cerrado, pero que “prima facie” el nivel electromagnético pone en riesgo la salud.

› Por Andrea Ferrari

La muerte y la enfermedad parecieron haberse ensañado con ese barrio. Cáncer fue el diagnóstico en casi todos los casos: cáncer de mama, de colon, de piel, leucemias. Para los vecinos de Ezpeleta, la explicación sólo podía estar en los campos electromagnéticos producidos por la Subestación Sobral de Edesur ubicada en medio del barrio. Seis años atrás empezaron una batalla judicial contra la empresa que parecía destinada al fracaso. Hasta ahora: la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata acaba de emitir un fallo inédito en el que obliga a Edesur y al ENRE a suspender las obras de cableado destinadas a la sobrealimentación de la Subestación Sobral y a “indicar las medidas que deberán poner en práctica para proteger a los residentes de Ezpeleta de los efectos potencialmente nocivos de los cables de alta tensión”. Si bien la Cámara reconoce que no hay una posición científica definitiva en torno de la relación entre los campos electromagnéticos y el cáncer, al dar lugar a la medida cautelar sostiene que “aun cuando los niveles registrados sean inferiores a los permitidos legalmente, prima facie resultan suficientes para poner en peligro la salud y la calidad de vida de las personas”.
Gladys Solioz vive al lado de la subestación y ha sido una de las voces más fuertes del reclamo. “Mi dormitorio –dice– está a diez metros de esos transformadores gigantescos.” Cuenta que la lucha empezó en 1993, cuando algunos vecinos decidieron oponerse a que el cableado pasara frente a las casas. “En esa época vimos revistas europeas donde hablaban sobre la relación de estos cableados con el cáncer. Nos habían dicho que la estación iba a desactivarse, pero después de la privatización todo se aceleró y empezaron las explosiones.” En esas explosiones, recuerda, hubo heridos y muertos entre los trabajadores de la empresa.
En esa época empezaron a notar la gran cantidad de personas que había enfermado en cuatro cuadras a la redonda. “Yo, que viví siempre en la zona, inicié el relevamiento –dice Gladys–. Hoy tenemos que desde que está la subestación el número de muertes es de 84 y los enfermos 112: todos de cáncer, leucemia, tumores.” En su familia fue el padre: “El había empezado esta lucha y falleció de cáncer de pulmón hace cinco años. Ahora a mi marido le detectaron un bulto en la zona pectoral, aunque aún no le dieron el diagnóstico”.
Gladys menciona otros casos cercanos: “Fabián, de 12 años, murió hace 2. Sabrina, de 22, tiene leucemia. Angélica Boncosqui, una gran luchadora, tiene un cáncer de mama que avanzó de forma fulminante”.
Y la enumeración sigue. Pero la gente, dice Gladys, tenía miedo de enfrentar a la empresa: “Si me sacan la vida, decían ellos, cómo no me van a sacar la casa”. Por eso, seis años atrás la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes, una ONG nacida en la zona de Quilmes, se acercó a los vecinos y asumió el liderazgo del caso ante la Justicia: presentaron una “medida autosatisfactiva” reclamando el cese de las obras y el traslado de la subestación a un lugar aislado donde no ponga en riesgo a la gente.
“Hemos golpeado todas las puertas habidas y por haber –dice a Página/12 Julio Sobrino, presidente de la Asociación–. Hubo puebladas, represión policial. Cincuenta vecinos fuimos corridos por más de 200 policías. Yo tengo una causa: me han denunciado por alborotar a la gente.”
También Gladys recuerda esas batallas: “Nos tiramos a los pozos, nos enfrentamos a las palas, a los camiones. Hace un año, el mismo día que mataron a los piqueteros, tuvimos un enfrentamiento. Mandaron enormes cantidades de policías y carros de asalto para combatir un barrio con chicos y enfermos”. Ese día lo frenaron, pero al día siguiente un vecinose levantó a las tres de la mañana y observó cómo al amparo de la noche y con la protección de Infantería y Gendarmería, bajaban los materiales.
El recurso presentado en la Justicia fue rechazado en primera instancia por el juez federal, civil y comercial La Plata Adolfo Gabino Ziulu en base a las mediciones presentadas por Edesur y el ENRE, según las cuales los campos electromagnéticos cumplían “con la normativa nacional y los valores de guía internacionales”. Tras la apelación, la Cámara admitió el recurso y reclamó información a las empresas. La resolución que ahora se conoce, firmada el 8 de julio pasado por los jueces Sergio Dugo y Leopoldo Schiffrin, es contundente. Tras pasar revista a investigaciones recientes en torno del efecto de los campos electromagnéticos sobre la salud, concluye que deben tenerse en cuenta trabajos científicos en este sentido posteriores a las recomendaciones internacionales sobre los límites de exposición. “En tales condiciones –concluyen los camaristas–, la exposición a campos electromagnéticos, aun a niveles inferiores a los permitidos legalmente, no es óbice para eximir de responsabilidad a la empresa prestataria del servicio eléctrico por los daños en la salud que puedan sufrir los habitantes de Ezpeleta, ni tampoco para deslindar la responsabilidad del ENRE por el poder de policía ejercido defectuosamente.”
Para el presidente de la Asociación Coordinadora de Usuarios lo importante es que “los jueces interpretaron que no hay que invertir la prueba: nosotros no somos los que tenemos que demostrar que esto hace daño. No hay un solo domicilio sin un enfermo en cien metros a la redonda”.
La resolución de la Cámara, sin embargo, hace lugar a la medida cautelar sólo en parte: decide que se detenga el cableado pero no ordena el traslado de la subestación, como reclaman los vecinos. “Le dan a la empresa 15 días para explicar cuáles van a ser los mecanismos para impedir la contaminación ambiental que afecta la salud de los vecinos –aclara Pablo Fernández, el abogado que llevó el caso junto con Osvaldo Sidoli–. Consideran que existe prima facie una presunción de que la producción de electricidad provoca un daño a la salud”. Es probable ahora que la resolución sea apelada y el caso llegue a la Corte. “Nosotros mantenemos el reclamo del traslado de la subestación”, advierte Fernández.
Aún sorprendidos ante el fallo, los vecinos, los protagonistas de la batalla, sienten que esta vez fueron escuchados. “Estamos muy contentos, contentísimos -.dice Gladys–. Y al mismo tiempo, es un momento en que uno recibe esto y se acuerda de todos los que fallecieron.”

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