Los cuatro proyectos/decretos para detener/calmar la ola de inseguridad en la provincia ayer recorrieron dos escenarios. El primero, en el Senado, donde anoche se aprobaron las propuestas. El segundo, el ámbito público: el gobernador Felipe Solá arremetió contra los jueces de Paz que no aceptan asumir responsabilidades en causas penales para las que no están preparados. “Si no están capacitados que renuncien”, embistió el gobernador. En un durísimo comunicado, el CELS cuestionó como inconstitucionales las propuestas (ampliación de poderes a los fiscales y facultades penales a los jueces de paz). “Se asimilan a las medidas adoptadas por el ex gobernador Ruckauf, después de las cuales aumentó el delito, se redujo la capacidad de los jueces y la Justicia provincial se debilitó e incrementó el desprestigio”, sostuvo el CELS. La APDH también cuestionó severamente las propuestas: “Son medidas cortoplacistas, de imagen y electoralistas, que violan la Constitución y proponen la solución de la mano dura”.
Las medidas lanzadas por Solá quedaron enmarcadas por el calendario electoral y por la urgencia desatada tras sucesivas puebladas que acusaban a las comisarías de inacción o complicidad con el delito. Tras anunciar las medidas, una de las que más cuestionamientos recibió fue el decreto 1111, que ayer recibió media sanción en el Senado. Según el 1111, los fiscales podrán allanar, recolectar pruebas y detener sin intervención del juez de Garantías. Además, a pedido del fiscal, el juez de Paz intervendrá en reemplazo del juez de Garantías para ordenar allanamientos, recolección de pruebas y detenciones.
Los jueces de Paz no se mostraron conformes con lo que imaginan como un cinturón de lastre, por no encontrarse capacitados. En respuesta a esas críticas, Solá atacó públicamente. “La población pide que los jueces de Paz se comprometan –dijo Solá–. Son abogados. A muchos de nosotros nos ha tocado hacernos cargo de cuestiones para las que no estamos específicamente preparados y nos hemos preparado igual. Tienen que pensar que hay una obligación social y una demanda de la comunidad. Obviamente, los vamos a ayudar y los vamos a reforzar en la medida de lo necesario. Pero el que no esté capacitado que renuncie.”
El ministro de Justicia bonaerense, Alfredo Meckievi, dijo a Página/12 que “un departamento judicial puede tener hasta 500 kilómetros de extensión. Ante situaciones de emergencia, hay que actuar de inmediato y usando el sentido común. Los jueces de Paz son abogados y fueron electos por examen ante el Consejo de la Magistratura. Nadie puede alegar su propia torpeza”.
Mientras, en el Senado se votaban los decretos transcriptos como proyectos de ley. No hubo demasiadas dificultades. Se descontaba anticipadamente la aprobación de la mayoría oficialista. Y buena parte de la oposición corrió espasmódica entre la crítica fundada y sus escasos réditos ante los reclamos de soluciones por parte de la sociedad.
Los problemas surgieron por fuera del ámbito legislativo. En un durísimo comunicado, el CELS consideró como “claramente inconstitucionales” las medidas dispuestas por Solá. “La autorización a los fiscales de realizar allanamientos resulta palmariamente inconstitucional”, por violación del artículo 24 de la Constitución provincial que establece que sólo con orden escrita de un juez puede realizarse un allanamiento. Por otro lado, el CELS sostuvo que “la concesión de facultades a los jueces de Paz contradice el artículo 172 de la Constitución provincial”, que les fija competencia en “faltas provinciales, causas de menor cuantía y vecinales”.
“Lejos de fortalecer la investigación, ésta se debilitará pues todo lo actuado podría ser posteriormente anulado”, por inconstitucionalidad, señaló el organismo de Derechos Humanos. Y agregó que “las medidas propuestas debilitan la Justicia porque eliminan los controles sobre medidas procesales como los allanamientos. El control judicial posterior es una medida que no tiene ninguna efectividad”. El CELS indicó que losallanamientos ordenados por fiscales sin control de jueces naturales “sólo tendrán el objetivo de encontrar alguna prueba y en caso de resultar exitosos los jueces no las anularán por temor a las presiones de otros poderes”.
También la APDH criticó severamente las medidas. “Son medidas electoralistas y de imagen, porque tienden a causar la sensación de seguridad, pero violan la Constitución provincial y vulneran los derechos y garantías de los ciudadanos.” La APDH recordó que “sigue pendiente la deuda del gobernador de dar más recursos al Poder Judicial”, y agregó que al aumentar las facultades a los fiscales, “van a delegar funciones en la policía. Esto va a incrementar los casos de torturas y apremios ilegales”.