Las medidas del gobernador Felipe Solá contra la inseguridad siguen provocando polémicas aun después de haber sido aprobadas por la Legislatura bonaerense. Ayer, tras anunciar su “honda preocupación” por la inconstitucionalidad de las medidas, la Comisión Provincial por la Memoria, presidida por Estela Carlotto, se reunió con Solá para plantearle sus críticas en términos muy duros. “Son medidas absolutamente inaceptables porque quebrantan el sistema constitucional y el estado de derecho. Recuerdan el discurso de la mano dura de Ruckauf y de la impunidad de la dictadura”, plantearon los integrantes de la Comisión. También pidieron a Solá que vetara los artículos más cuestionados, aquellos que amplían las facultades de los fiscales sin control judicial. Solá se negó a hacerlo, aunque aceptó que las leyes transgredían las normas, pero alegó que respondía a los reclamos de la gente. En pocas palabras, normas para calmar los ánimos. Alfredo Meckievi dio una manita de plomo.
Las leyes de necesidad y urgencia tuvieron un trámite digno de su esencia: el viernes pasado fueron firmadas. El lunes ingresaron al Senado. El martes fueron votadas. El miércoles ingresaron a Diputados, fueron votadas y ese mismo día quedaban sancionadas. En el escaso ínterin, la Comisión Provincial por la Memoria envió una carta a ambas Cámaras para pedir la postergación del tratamiento hasta tanto no se produjera un debate profundo en la sociedad. Necesidad y urgencia imposibilitaron la lectura de la carta, por lo que ayer los representantes de la Comisión se reunieron con Solá.
La Comisión, presidida por Estela Carlotto, planteó al gobernador su “total oposición” a las medidas, por considerarlas “inconstitucionales y violatorias del estado de derecho”. “Le planteamos que las emergencias no pueden enfrentarse sacrificando los principios básicos del estado de derecho”, señaló a Página/12 el fiscal federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, integrante de la Comisión. Solá alegó que los índices de violencia son muy altos, que la edad de los autores de delitos es cada vez más baja. “Básicamente dijo que respondía a las expectativas de la gente”, relató Cañón.
La crítica de inconstitucionalidad estuvo centrada en la violación de los artículos 12 y 24 de la Constitución provincial. Ambos artículos prohíben taxativamente que el fiscal allane o intercepte correos personales y comunicaciones telefónicas sin autorización previa de un juez. “Lo que va a ocurrir con estas normas –explicó Cañón– es que van a entrar a las patadas en una casa a buscar una prueba, y después van a llevar el allanamiento consumado al juez” para que analice si corresponde o no. “Hay dos cuestiones –agregó el fiscal federal–. Una, que las fiscalías son parte. Nunca pueden actuar imparciales como un juez. Y aun suponiendo que sea el fiscal más imparcial del mundo, faltan fiscales y los empleados en las fiscalías son policías. Es una forma más delicada de ampliar las facultades policiales. Estas son medidas adoptadas en función electoral y no como solución de fondo.”
–¿Cómo se resuelve entonces la demora en las decisiones de los jueces?
–Los jueces no están para resolver juicios masivos. El sistema penal no está para resolver problemas de fondo. Si la criminalidad se hace masiva, hay que preguntarse por qué se hace masiva y no criminalizar y militarizar.
Desde la mano dura de Ruckauf, las leyes se endurecieron. Sin embargo, la ecuación delitos-reclamos de la gente no parece encontrar respuesta en nuevas leyes, ya que la curva delictiva no bajó sino que aumentó. Según un documento presentado por la Comisión, “en febrero del 2000 había un total de 15 mil personas detenidas en la provincia y ahora existen más de 20.700 en unidades penitenciarias y casi 7 mil alojados en comisarías, en muchos casos en condiciones inhumanas”.
Según los integrantes de la Comisión, Solá reconoció que las leyes votadas “transgreden las normas, pero dijo que había que parar las puebladas, que estas leyes eran una respuesta a la gente”. Al término de la reunión, el propio Solá señaló a la prensa que “las leyes fueron votadas rápidamente porque queremos que la gente sepa que puede capturarse a los culpables de asaltos y violaciones, sin demoras que después provocan puebladas. Queremos evitar la sensación de impunidad”. Resultó llamativo que, tras la reunión, Solá intentara aplacar las críticas a las leyes reconociendo que “son facultades que los fiscales sólo usarán en casos de excepcionalidad”.
El ministro de Justicia bonaerense, Alfredo Meckievi, sorprendió con un parrafito de respuesta a la Comisión, con palabras casi calcadas de un discurso de Ruckauf: “Ante la inseguridad –dijo–, lo que no se respeta son los derechos humanos de los 13 millones de bonaerenses”. Y, para más sorpresa, agregó: “El exceso de los fiscales es más fácil de combatir porque este funcionario judicial no sale a la calle a matar gente porque se le ocurre”. ¿Se refería al brazo auxiliar de la Justicia?