Las fuerzas del régimen sirio ejecutaron al menos a 248 personas en los pueblos sunnitas de Bayda y Banias en mayo, según informó la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado ayer. El grupo de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York hizo una lista con los nombres de las 248 personas que murieron el 2 y el 3 de mayo en dos pueblos de la provincia costera de Tartus y pide que la Corte Penal Internacional investigue el caso. “Se trata de una de las ejecuciones sumarias más importantes desde que empezó el conflicto en Siria, hace dos años y medio”, dijo HRW.

“A pesar de que la atención del mundo está focalizada en evitar que el gobierno use armas químicas contra la población, no hay que olvidar que las fuerzas gubernamentales sirias usan armas convencionales para matar a civiles”, sostuvo Joe Stork, director de HRW para Medio Oriente. Los dos pueblos mencionados en el informe son de mayoría sunnita en una zona principalmente alauita, la comunidad religiosa a la que pertenece el presidente sirio Bashar al Assad. Según la ONG, el balance de víctimas es probablemente mucho más elevado.

“Los supervivientes nos contaron historias terribles sobre cómo sus familiares que no llevaban armas murieron ante sus ojos a manos de las fuerzas progubernamentales”, afirmó Stork. De acuerdo con la ONG, la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas tras los enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas gubernamentales. Tanto soldados como milicias favorables al régimen, las llamadas Fuerzas de Seguridad Nacional, participaron en las ejecuciones. “En Bayda, los soldados entraron en las casas, separaron a los hombres de las mujeres, reunieron a los hombres de cada barrio en un solo lugar y los ejecutaron disparando a quemarropa”, indicó HRW.

La organización afirma tener información documentada sobre la ejecución de al menos 23 mujeres y 14 niños, algunos de ellos bebés. La ONG cita además a testigos que vieron a las fuerzas favorables al régimen quemar decenas de cadáveres y luego saquear e incendiar casas. En Bayda fueron ejecutados 26 miembros de una misma familia: nueve hombres, tres mujeres y 14 niños. HRW pidió a la ONU que presente el caso ante la Corte Penal Internacional y exigió la colaboración de Damasco para llevar a cabo una investigación internacional.