Un día después de que se efectivizara su detención, el sacerdote Julio César Grassi, condenando a 15 años de prisión por “abuso sexual agravado”, recibió el respaldo de la Iglesia. El Obispado de Morón emitió un comunicado en el que plantea sus “dudas acerca de la culpabilidad” del cura y señala que antes de dar una opinión esperará a que haya “una sentencia firme”. La condena de Grassi está confirmada por la Suprema Corte bonaerense, aunque mantiene una última posibilidad de recurrir ante la Corte nacional. El obispado también reveló que le prohibió al cura el “ejercicio público del ministerio sacerdotal”, hasta tanto se resuelva su situación procesal, y señaló que fue enviado un informe sobre su situación al Vaticano. “La Iglesia siempre lo protegió y hoy demuestra que lo sigue protegiendo”, dijo Sergio Piris, abogado del joven por cuyos casos fue condenado el sacerdote.

Bien temprano, cuando apenas había terminado Grassi su primera noche en una cárcel, el obispo Luis Eichhorn ordenó difundir un texto en relación con la detención de sacerdote, que pertenece a esa diócesis. Eichhorn es el superior inmediato del fundador de Felices los Niños. El Obispado manifestó que sigue “con preocupación los acontecimientos” que terminaron con el encarcelamiento de Grassi. “Contando con el asesoramiento de estudiosos especializados, se desprenden dudas acerca de la culpabilidad del padre Julio Grassi, así como del ‘peligro de fuga’, siendo que él residió durante mucho tiempo sin alejarse de la vivienda declarada como su domicilio personal”, señala el comunicado.

En consecuencia, el obispado agregó que “antes de dar una opinión al respecto, decide esperar a que haya una sentencia firme, para dar inicio a los procesos canónicos correspondientes”.

El Tribunal Oral Criminal 1 de Morón basó la decisión de que Grassi cumpla su condena en prisión en tres fallos condenatorios anteriores y en el peligro de fuga.

También dice el obispado que, “conforme a derecho, le aplicó (a Grassi) la medida disciplinaria de la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal, hasta tanto se resuelva definitivamente esta situación”. La medida significa que Grassi no puede oficiar misa en público ni administrar ninguno de los otros sacramentos, es decir que tiene vedado bautizar o casar, por ejemplo. La sanción ya le había sido impuesta en su momento por el entonces obispo Justo Laguna, ya fallecido, pero había sido levantada en 2008 por el mismo Eichhorn, que ahora dio marcha atrás.

El comunicado agrega también que “una investigación e informe de todo el proceso y actuación del padre Grassi fueron elevados a la Santa Sede”. “Lamentamos esta situación tanto del padre Grassi como la de las personas involucradas, a quienes acompañamos con nuestra oración”, señala.

Asimismo, el obispado manifestó que deja “constancia de que la Fundación Felices los Niños es una entidad civil, obra del padre Grassi, y no depende de este obispado”. “En su momento, este sacerdote fue el encargado del asesoramiento espiritual de esa obra. Su función pastoral en esta diócesis fue la de acompañar a una parroquia en la localidad de Ituzaingó, de la cual fue separado al iniciarse este juicio.”

Sergio Piris, representante de la víctima de Grassi, dijo que “el cura siempre se sintió muy cómodo porque estuvo protegido por la Iglesia”. “Se sintió muy cómodo durante todo el proceso porque recibió la protección de sectores de la Iglesia, empresarios que solventaron su defensa y un operador local muy cercano a la defensa del cura”, sostuvo el abogado al comentar el comunicado del Obispado de Morón. “Mostraba sus contactos con los jueces entrando y saliendo de los despachos, era como un actor de cine contento dando reportajes, lo dejaron traer cientos de testigos para decir que era bueno”, dijo. Piris recordó que Grassi “entorpeció todo lo que pudo la causa, atacó a las víctimas y logró que éstas tuvieran que declarar ante su mirada intimidatoria”, a pesar de los pedidos de los abogados que buscaron infructuosamente que esto no ocurriera.

“Grassi nunca se enteró de que estaba en un proceso porque se iba después a los programas a hablar mal de las víctimas, cuando al referirse a los jóvenes denunciantes los llamaba mentirosos, vagos y drogadictos”, señaló el letrado. Para el abogado del joven Gabriel, por cuyos hechos fue condenado Grassi en triple instancia, “el cura tuvo privilegios porque fue protegido y no fue preso porque se le consideró que cumplía simplemente con lo que se le pedía en proceso, como asistir puntualmente a las audiencias. Eso es Grassi”. “Grassi se manejó con total impunidad y hoy (por ayer) el Obispado de Morón confirma por qué pudo hacerlo”, dijo Piris.

Por su parte, César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), consideró que “las actuales ‘dudas’ planteadas públicamente hoy por el Obispado de Morón ratifican la denuncia de la CHA sobre la complicidad que tuvieron sistemáticamente los obispos frente a las denuncias de abusos a menores”. “Lo menos que pueden hacer es guardar un respetable silencio y lo que se espera que hagan en algún momento es que condenen y repudien estos actos y que protejan a las víctimas, respetando lo resuelto por la Justicia argentina”, destacó.