Alejandro Bosio tenía cuarenta años cuando le descubrieron un tumor en el cerebro, muy cerca del hipotálamo. Después de varias consultas, finalmente acordó con su cirujano una intervención exploratoria para poder determinar, a través de una biopsia de una muestra del tejido, las características de su enfermedad. El día de la operación, Bosio firmó su consentimiento y se encaminó al quirófano donde lo esperaba el cirujano que, sin tomar en cuenta lo que habían hablado previamente, le extrajo por completo el tumor, lo que le provocó al paciente una serie de trastornos que, sumados a una diabetes anterior, lo llevaron a la muerte. Ahora, tras un fallo judicial, el cirujano deberá pagarle a la familia de la víctima casi un millón de pesos por haber actuado sin el consentimiento del enfermo, y por haber violentado su voluntad que, según diversos especialistas consultados por Página/12, es la que debe primar a la hora de analizar la relación terapéutica entre un médico y un paciente.
Alejandro Bosio trabajaba como anestesista en el Sanatorio Mitre y, como médico que era, conocía al detalle su profesión. Por eso, cuando le descubrieron un tumor en el hipotálamo comenzó a hacer una serie de consultas para ver cómo tratar su enfermedad. “Distintos exámenes le dieron que era benigno, pero igual prefirió hacer una consulta con el cirujano Antonio Carrizo, con quien trabajaba, y acordaron hacer una pequeña intervención para tomar una muestra del tumor y poder realizar una biopsia”, explicó el abogado de la esposa de Bosio, Gustavo Romano Duffau.
El 27 de mayo de 1996, según lo hablado previamente, Bosio firmó el correspondiente “consentimiento informado” previo a una operación, y se dirigió al quirófano a realizarse la intervención, pautada para un plazo de cuatro horas. Sin embargo, una vez allí, el cirujano no sólo tomó la muestra del tumor, sino que decidió extirparlo totalmente, sin contar para ello ni con el consentimiento del paciente ni el de sus familiares más cercanos. Días después, Bosio murió.
Su esposa, entonces comenzó su trajinar judicial contra el cirujano. Por un lado, lo acusó penalmente por la muerte de su marido, en una causa que ya prescribió, y por el otro, le inició una acción civil que culminó con el fallo que se conoció ayer del juez en lo Civil de la Capital Federal Mario Hugo Lezama. Lezama consideró civilmente responsable a Carrizo de haber actuado más allá de lo permitido por el paciente y lo condenó a pagarle a su familia casi un millón de pesos como indemnización por la muerte del anestesista.
“Haber optado por extirpar el tumor en lugar de tomarle una muestra, indefectiblemente tiene que haber repercutido y/o proyectado influencia sobre la formación del hematoma que acarrea la realización de una nueva cirugía, complicando el posoperatorio del paciente”, sostuvo el juez Lezama en su fallo. Más adelante le reprocha a Carrizo haber realizado “una cirugía diferente a la programada, sin ponderarse las condiciones del paciente y sin estar preparados, por falta de aparatología” para esa tarea.
La sentencia fue apelada por ambas partes: el médico, por no estar de acuerdo con los fundamentos, y la familia, por considerar insuficiente el monto. No obstante, el abogado Romano Duffau destacó sus alcances. “Es reconfortante ya que reconoce el valor del consentimiento informado como un límite para la actuación del médico y recupera el valor de la voluntad del paciente a la hora de someterse a una intervención quirúrgica”, dijo el representante legal de la familia Bosio, en una posición que, sin referirse a este caso en particular, sostuvieron también diversos especialistas consultados por Página/12.
“El médico no puede decidir en lugar del paciente, asumiendo una actitud paternalista, sino que debe brindarle la información necesaria para que sea él mismo quien decida si acepta o no un tratamiento o una intervención. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo no es transferible”, dijo Ignacio Maglio, abogado del Hospital Muñiz, del Incucai y de la Fundación Huésped, dejando en claro que informar, en estecaso, no es sólo trasmitir la información sino asegurarse de que el paciente comprenda lo que se le dice.
En el mismo sentido opinó el presidente de la Asociación Argentina de Bioética, Pedro Hooft: “El consentimiento informado no es más que el traslado de las libertades del individuo que existen tanto a nivel político como social, al plano de la salud”.

Producción: Damián Paikin.