Entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre, 12 de los integrantes del clan Ale deberán brindar declaración indagatoria ante el juez federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Luis Poviña, en la causa por lavado que se inició tras la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF). Rubén “la Chancha” Ale, su hermano Angel “el Mono” Ale y su ex mujer María Jesús Rivero, además de otras cinco personas, fueron citados con relación a los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. El hijo de La Chancha, Angel Adolfo, y otras dos personas declararán por lavado; por su parte, Daniela Milhein deberá hacerlo por asociación ilícita. Las otras 11 personas investigadas y a quienes la UIF también pidió indagar, en función de las pruebas aportadas por su investigación, serán citadas con posterioridad.

Los delitos por los que la UIF, querellante en la causa, acusa a los hermanos Ale y otras 21 personas tienen penas de entre 3 y 10 años de prisión, y en el caso de lavado de activos el castigo suma multa económica por un monto de entre dos a diez veces “el monto de la operación”.

Para el juez Poviña, las pruebas permitieron dividir a los primeros 12 convocados a indagatoria en tres grupos. El primero, que deberá declarar con relación a la asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal) y lavado de activos (art. 303), incluye a la Chancha Ale, su hermano el Mono, su ex mujer María Jesús Rivero (una de las absueltas en el juicio por Marita Verón, al que llegó imputada bajo sospecha de haber sido autora intelectual del secuestro de la joven), Víctor Alberto Suárez (“el Pelado Alberto”), Julia Esther Piccone, Fabián Antonio González, María Florencia Cuño (pareja de la Chancha) y Andrea Viviana Acosta.

El segundo grupo que será indagado por lavado de activos es más pequeño: Pablo González, Valeria Fernanda Bestan (presunta testaferro de la Chancha) y el hijo de la Chancha y Rivero, Angel Adolfo Ale. De momento, la única que deberá brindar declaración exclusivamente por asociación ilícita es Daniela Milhein (como Rivero, absuelta en el juicio por Marita Verón, en el que era imputada porque los testimonios señalaron que tuvo secuestrada a la joven Verón en su casa).

Las indagatorias comenzarán a casi dos meses de que la UIF las solicitara al juez Poviña en un escrito que acompañó con un informe puntilloso en el que detalló por qué, tras analizar el material secuestrado en los allanamientos realizados en marzo de este año, consideró que la Chancha y Rivero son “cabecillas” de una asociación ilícita. Para el organismo, esa asociación ilícita tiene “múltiples planes delictivos”, entre los que se “destacan la trata de personas con fines de explotación sexual, defraudaciones, cambio de cheques y lavado de activos”.

En los allanamientos realizados por la UIF, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y 300 gendarmes fueron secuestrados documentos y un arsenal valuado en más de 400 mil pesos.

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