El PRO se opone a acompañar la sanción de una ley en la Legislatura porteña para asegurar un subsidio y el acceso a una vivienda a mujeres víctimas de violencia de género en la pareja, denunció la legisladora María Elena Naddeo. El proyecto, impulsado por legisladores de la oposición y resistido por el oficialismo, propone además ampliar la cantidad de Centros Integrales de la Mujer donde puedan recibir asistencia y patrocinio jurídico gratuito, para que funcione uno en cada una de las quince comunas. Actualmente hay sólo siete en toda la Ciudad. “Lamentamos la decisión política del PRO de restringir y no avanzar con los programas sociales y las políticas de género en la ciudad de Buenos Aires. El retroceso es total”, advirtió Naddeo. “Actualmente hay sólo nueve abogadas de la Ciudad que realizan patrocinio legal y jurídico a las víctimas”, señaló la legisladora, que es candidata a renovar su banca por la lista Alternativa Popular.

La iniciativa, explicó Naddeo, surgió a partir de la unificación de más de una docena de proyectos presentados en el Parlamento de las Mujeres por representantes de las organizaciones de la sociedad civil que participan de ese órgano, creado en 2012 por una resolución de la Legislatura. Las ONG votan cuáles son los proyectos que consideran prioritarios. Las propuestas pasan luego a ser debatidas en las comisiones respectivas. Así, se debatieron en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, que encabeza Naddeo. Al debate se sumó un proyecto de la diputada Gabriela Alegre, del Frente para la Victoria. Finalmente, un grupo de legisladores de la oposición elaboró y presentó un proyecto que establece “Obligaciones del Estado respecto de las víctimas de violencia de género” y que fundamentalmente tiene tres ejes:

n Amplía la cantidad de Centros Integrales de la Mujer (CIM) a uno por comuna (hoy hay 7 mientras que hay 15 comunas) y establece que se fortalezcan los equipos interdisciplinarios que asisten a víctimas de violencia de género.

n Crea un subsidio específico para víctimas de violencia de género que lo necesiten, que no podrá ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil, por el término de un año. La prestación dejará de efectivizarse si la mujer se emplea en un trabajo estable. La cobertura podrá renovarse hasta por un año más si la autoridad de aplicación lo encuentra justificable.

n Garantiza el acceso a una vivienda digna a través de diferentes prestaciones: acceso a créditos, pago de alquileres, entrega en comodato de propiedades de la Ciudad que están sin uso, u ofrecer una garantía para alquilar.

El proyecto lleva la firma de Naddeo, Laura García Tuñón y María América González, de Buenos Aires para Todos; María Rachid y María José Lubertino, del FpV; Virginia González Gass y Pablo Bergel, de Proyecto Sur, y Aníbal Ibarra, del Frente Progresista Popular. Pero en la reunión de la Comisión de Mujer de la semana pasada, los asesores de los cinco diputados del PRO que la integran (Lía Rueda, Carmen Polledo, Francisco Quintana, María Herrero y Victoria Morales Gorleri) manifestaron su rechazo a la iniciativa, denunció Naddeo.

La legisladora presentó un pedido de informes sobre los Centros Integrales de la Mujer, donde se brinda asistencia a víctimas de violencia de género y obtuvo una respuesta preocupante del Ejecutivo: “La Ciudad tiene sólo nueve abogados para ofrecer patrimonio legal y jurídico gratuito”, advirtió la legisladora. Muchas veces la imposibilidad de acceder a un abogado obstruye la posibilidad de sostener una denuncia en la Justicia. En el CIM de Lugano, por ejemplo, hay una abogada y sólo en el primer trimestre se dio asesoramiento legal a 203 personas y se hicieron 72 patrocinios jurídicos.

Se consultó al Ejecutivo si existen listas de espera en la atención y respondió que no, ya que los casos se derivan. “Sin embargo, para muchas mujeres de pocos recursos económicos y emocionales, los traslados a otras zonas implican muchas veces el abandono del tratamiento o el pedido de asesoramiento. A una mujer que sufre violencia le cuesta llegar al asesoramiento o a la denuncia, y esto hace que cuando es derivada pueda desistir de pedir ayuda”, agregó.