La Justicia rusa redujo ayer los cargos contra los treinta activistas de Greenpeace –incluidos los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi– de piratería a vandalismo, lo que significaría una sentencia menor si son finalmente encontrados culpables. Antes, el tribunal a cargo de la investigación había rechazado el pedido de libertad bajo fianza de Pérez Orsi mientras que Rusia se negó al arbitraje del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

“Las acciones de los que están involucrados en el caso fueron reclasificadas en acusación de vandalismo”, dijo el portavoz del Comité Investigador del tribunal de Murmansk, Vladimir Markin, por lo que, en lugar de quince años se les podría aplicar un máximo de siete en caso de resultar culpables.

La esposa de Pérez Orsi, Margarita Malig, se mostró esperanzada con la modificación en la imputación. “Les cambiaron el cargo a vandalismo, lo que les habilitaría la libertad bajo fianza, pero por un tema de horarios los abogados todavía esperan ser notificados. Tengo fe de que este tema se solucione a la brevedad, para al menos poder pasar las fiestas de fin de año juntos, como todos los años.”

En tanto, el director ejecutivo de Greenpeace en Argentina, Martín Prieto, fue más crítico. “No hay nada que festejar, nos siguen acusando penalmente de un delito que no cometimos”, opinó. Esta nueva imputación está definida en el artículo 213 del Código Penal ruso como “alteración del orden público que manifiesta una clara falta de respeto a la sociedad”.

“Rechazamos estos cargos, que siguen siendo desproporcionados. Estos activistas son hombres y mujeres valientes que fueron al Artico armados con nada más que el deseo de denunciar las actividades de una empresa temeraria”, declaró, por su parte, Greenpeace Rusia.

El mismo tribunal había rechazado antes el pedido de libertad bajo fianza de Pérez Orsi. “No hice nada malo. Sólo quiero volver a casa, estar con mi familia y abrazar a mi hija. No tengo ninguna intención de escapar de la investigación”, dijo en la audiencia.

Al hablar ante los magistrados, Orsi declaró: “Fui, soy y seré un modelo de ciudadano en mi país, soy padre de familia y un trabajador. Su Señoría, no tengo ninguna intención de escapar. Voy a estar presente cada vez que se me necesite en el comité de investigación”.

Consultada al respecto, Malig aseguró que “por el momento” no viajará a Rusia, ya que “el lunes lo hizo el papá de la otra argentina detenida”, pero “si él consigue poder verla y me garantiza que al menos una vez por semana podemos visitar a Hernán, obvio que lo haré junto a mi hija, quien en todo momento, y a pesar de ser chiquita (tiene un año), lo nombra y besa su foto”.

Rusia rechazó asimismo el arbitraje del Tribunal Internacional del Derecho del Mar pedido por Holanda. “La parte rusa comunicó a Holanda y al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que no acepta el procedimiento de arbitraje sobre el caso del barco Arctic Sunrise y no tiene intención de participar en su vista”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota de prensa difundida por las agencias locales.

Según Moscú, en 1997, cuando ratificó la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar, Rusia dejó constancia de que no acepta los procedimientos de arbitraje con decisiones vinculantes en contenciosos sobre el ejercicios de derechos soberanos y jurisdiccionales.

No obstante, la Cancillería manifestó que “Rusia sigue abierta a una solución a la situación creada”.

Holanda declaró que presentó el recurso de arbitraje ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, por considerar que la liberación de los detenidos en Rusia es un caso de “urgencia”.

El pasado 18 de septiembre, 28 activistas de Greenpeace, un camarógrafo y un fotógrafo independientes fueron detenidos por los guardacostas rusos, que abordaron el barco de la organización ecologista Arctic Sunrise.

Poco antes, dos de ellos habían conseguido subir a una plataforma petrolera del consorcio ruso Gazprom, para denunciar el daño que supone para el Artico la extracción de crudo.