Una dirigente de una agrupación que defiende el trabajo sexual fue procesada en una causa por trata de mujeres para explotación sexual. Tal como adelantó Página/12, el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, dictó el procesamiento de Claudia Brizuela, secretaria general de Ammar Capital, gremio adherido a la filial porteña de la CTA que lidera Pablo Micheli, y que está enfrentado a Ammar Nacional, que encabeza Elena Reynaga. El magistrado le imputó a Brizuela colaborar con una red de trata ofreciéndoles una pantalla de legalidad a través de la afiliación de las víctimas. La banda, que gozaba de protección policial, regenteaba dos burdeles en Capital y otros seis en la localidad bonaerense de San Miguel, de donde fueron rescatadas 31 mujeres explotadas sexualmente.

Puntualmente, Lijo acusó a Brizuela de gestionar la tramitación de documentos a mujeres extranjeras allí sometidas y proporcionarles carnets de Ammar-Capital, que llevan su firma, por los cuales se les habría retenido 100 pesos mensuales cuando la cuota sindical era, en realidad, de 5 pesos. Para el juez, la sindicalización se utilizaba como pantalla para disimular la trata de personas en el ejercicio libre e independiente de la prostitución. En pos de ese objetivo, “se colocaron en cada uno de los prostíbulos varios carteles de esta asociación y se repartieron folletos, todos secuestrados durante los allanamientos ordenados en la causa”, señaló el magistrado en el auto de procesamiento.

Consultada por Página/12, Brizuela negó las imputaciones. “Jamás haríamos eso. Es una aberración lo que la Justicia hizo conmigo. Yo soy defensora de los derechos humanos, defiendo los derechos de las trabajadoras sexuales. Yo soy una trabajadora sexual. Somos un frente nacional por el reconocimiento del trabajo sexual. El problema es que hay que separar la trata de personas del trabajo sexual”, afirmó Brizuela.

El procesamiento, sin prisión preventiva, fue dictado el 6 de diciembre. Son 40 páginas en las que se analiza la presunta vinculación de Ammar-Capital, a través de Brizuela, con la red que explotaba los burdeles. En el marco de la causa, ya habían sido procesadas con prisión preventiva 17 personas, entre ellas tres policías –uno de los cuales se desempeñaba como jefe de la comisaría 1ª de San Miguel– que brindaban protección a la banda a cambio de coimas. También fue procesada anteriormente Silvia Gladys Fernández, para la Justicia la propietaria junto a su esposo de seis de los burdeles ubicados alrededor de esa seccional, y quien se presentaba como delegada de Ammar, en San Miguel, y obligaba a las víctimas de sus prostíbulos a afiliarse al sindicato. En la causa hay numerosas escuchas telefónicas de las que se desprende la relación cotidiana que tenían Fernández y Brizuela, concluyó el magistrado.

Para el juez, la afiliación al sindicato que lidera Brizuela “deja en evidencia, por un lado, la intención de sus integrantes de darle un contexto permitido a la actividad delictiva que llevaban a cabo. Y por el otro demuestra el nivel de sometimiento psicológico que se ejerció sobre las víctimas, al punto tal que ellas creían que Ammar las protegía, cuando en verdad sucedía todo lo contrario, porque con esta pantalla los integrantes de la organización investigada lo único que hicieron fue sumar otro elemento que facilitara su explotación”, dice el procesamiento. Y agrega: “Lo dicho puede observarse claramente en una de las tantas declaraciones prestadas por las víctimas; puntualmente la Nº 28 refirió: ‘Nosotras fuimos al lugar donde se encuentra Ammar y me afilié, hace como dos años. Ellos te dicen que te van a ayudar, pero yo no creo. Ellos no nos dijeron nunca que teníamos que venir acá. Además se supone que te ponen un abogado, pero no vino’”.

Este análisis, dice el magistrado, concuerda con lo expuesto por el personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la Nación, que entrevistó a las 31 víctimas. En un informe elevado al juzgado, la Oficina indicó que la organización intentó “instalar en el circuito prostituyente discursos de autonomía, autogestión de los lugares y de ‘trabajo autónomo’ (pero) la realidad de las mujeres entrevistadas no cumplía con ninguna de estas características”.

El procesamiento contra Brizuela fue dictado por “considerarla partícipe necesario del delito de trata de personas, reiterado en treinta y una oportunidades, agravado por haberse aprovechado por la situación de vulnerabilidad de sus víctimas, porque fueron más de tres, porque se consumó su explotación, porque una de ellas estuvo embarazada –y fue obligada a abortar– y finalmente porque participaron más de tres personas”.

Entre las pruebas en contra de Brizuela, el juez Lijo destacó “la gran cantidad de carnets de Ammar con datos de sus víctimas –firmados por ella– y muchos otros en blanco”, secuestrados en un inmueble ubicado en la calle Tribulato 1382, en San Miguel, lugar donde funcionaba el bar que Fernández y su esposo Marcelo René González “utilizaban como asentamiento para cocinar la comida que luego repartían entre los distintos prostíbulos donde funcionaba su organización”.

La investigación judicial descubrió que la banda captaba a las víctimas a través de avisos publicados en los diarios en los que solicitaban “señoritas”. Las obligaban a hacer turnos de 12, 24 y 36 horas seguidas y llegaban a hacer hasta 18 “pases” por día. De lo que pagaban los clientes, les descontaban entre el 30 y el 70 por ciento. Los explotadores les daban vivienda y comida que les descontaban de su aparente ganancia. Además, las víctimas les tenían que pagar a los tarjeteros y personal de limpieza una suma diaria de entre 25 y 50 pesos. Inclusive debían preguntarles a los encargados y dueños de los prostíbulos a qué hora podían dormir y comer. También las despertaban de sus descansos para obligarlas a atender a los clientes por fuera del turno asignado. La pesquisa estableció que además de obligar a las víctimas de trata a afiliarse al gremio –cobrándoles 100 pesos por mes–, las hacían practicar simulacros de allanamiento para que dijeran que “trabajaban por su cuenta en cooperativas”, si llegaban fuerzas de seguridad al lugar. Los “privados” contaban con mecanismos de seguridad como cámaras de video, barretas en las puertas o jaulas de contención.

Entre las víctimas había mujeres argentinas y extranjeras, todas ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad social.

La causa se inició a partir de una denuncia recibida en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la Nación, en la que intervino el Ministerio Público Fiscal. La investigación demandó alrededor de cinco meses, en los que se hicieron escuchas telefónicas –de donde surgen claramente, para el juez, la connivencia policial y el vínculo de Fernández con Brizuela– y diversos seguimientos.

Las condiciones de higiene y salubridad de los burdeles eran muy precarias. Las direcciones donde funcionaban eran Lima 1471 y 1035, de la ciudad de Buenos Aires, y, en San Miguel, en Alem 1616, Malnatti 1540, Mitre 1878, Tribulato 1382, Paunero 1868, Roca 1269 y Balbín 1010.