El barrio Las Catonas, un complejo habitacional del partido bonaerense de Moreno donde viven 35.000 personas, fue escenario ayer de un pomposo megaoperativo policial del que participaron 600 efectivos y en el que fueron detenidas “unas 20 personas” por tenencia de drogas y “armas de guerra con la numeración limada” o por tener pedido de captura por distintos delitos. Aunque este tipo de procedimientos no son novedad –ya se han hecho en otras ocasiones sin que se advirtiera después ninguna mejora notoria en materia de seguridad–, la diferencia es que fue dispuesto por una fiscal, Miriam Rodríguez, del Departamento Judicial de Mercedes, marcando el inicio de las nuevas normas fijadas en la provincia que permiten obviar la autorización expresa de un juez. Para completar el cuadro novedoso, en el caso intervendrá en su momento un juzgado de paz. Las Catonas es el mismo barrio en el cual, en noviembre pasado, los vecinos denunciaron a 34 policías, entre ellos un subcomisario, por proteger a una banda de delincuentes que tenía un desarmadero de autos.
Aunque no fue confirmado oficialmente ni por la policía ni por la Justicia, se comentó que al comienzo del operativo, cerca de las seis de la mañana, hubo un tiroteo. Otra curiosidad fue que estuviera al mando el jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mercedes, comisario inspector Sergio Vargas, y del controvertido comisario mayor Daniel Rago, titular de la Departamental de Seguridad. Rago había sido designado en julio de 2002 como jefe del Grupo Antisecuestro, pero no pudo asumir el cargo porque fue cuestionado duramente por su amistad personal con el comisario retirado Juan José Ribelli, procesado y detenido por su presunta vinculación con el atentado a la AMIA. Se registraron escuchas telefónicas donde Rago y Ribelli intercambiaban saludos y promesas de apoyo supuestamente incondicionales.
El enorme despliegue policial de ayer incluyó helicópteros, patrulleros y la participación de personal de las comisarías del interior de la provincia, del Grupo Halcón y de la Policía Montada. Una fuente de la comisaría 1ª de Moreno, a cargo del sumario policial, explicó a este diario que “se trabajó sobre varios objetivos prefijados y no sobre todas las casas que componen el complejo, aunque se hizo un control de las personas que entraban o intentaban salir mientras duró el procedimiento”, que se extendió por ocho horas. Según la fuente, durante ese control “fue detenida una mujer que intentaba salir llevando en la cintura una pistola 9 milímetros”. Trascendió que habría sido detenido un hombre que se había fugado hace un tiempo de la comisaría de Florida, en el partido bonaerense de Vicente López.
Una versión, difundida por distintos medios de prensa, aseguró que un policía de la DDI de Mercedes recibió un tiro en el pecho, pero salió ileso porque llevaba puesto el chaleco antibalas. Fuentes policiales dijeron que se secuestraron 18 armas –nueve pistolas 9 milímetros, un pistolón recortado y ocho revólveres calibre 22, 32 y 38–. También se habría encontrado una granada. Otros elementos retenidos fueron varias chapas patentes de autos supuestamente robados, electrodomésticos de “dudoso origen” y una suma cercana a los 5.000 pesos, en billetes falsos. Se secuestraron 500 gramos de cocaína y también marihuana. Se escucharon algunas versiones francamente delirantes, como la supuesta detención de un hombre que tenía en su casa “un cuchillo de gran tamaño”, aunque el presunto sospechoso alegó en su favor que trabaja en una carnicería.
La ley 13.078, que comenzó a regir a partir de la cero hora de ayer, es una propuesta del gobernador Felipe Solá sancionada el 16 de julio pasado por la Legislatura bonaerense. Con la excusa de agilizar la Justicia en materia penal y “facilitar la lucha contra el delito”, los fiscales pueden ordenar allanamientos sin la autorización del Juez de Garantías cuando existan “fundados motivos que permitan creer que existe peligro en la demora” de la toma de decisiones. En estos casos, el fiscal debe dar previo aviso al juez y luego solicitar la aprobación de las medidas al magistrado. Si el juez no se pronuncia en contrario dentro de las 48 horas, el pedido se da por convalidado y se hace el operativo.
La norma también amplió la competencia de los jueces de paz, que tienen atribuciones para intervenir en la etapa inicial de los procesos penales, autorizando allanamientos y aprehensiones solicitadas por los fiscales. Hasta el momento, los juzgados de paz ubicados en zonas donde no hay tribunales penales, como es el caso de Moreno, tenían competencia en algunos asuntos en materia civil y comercial, pero no podían intervenir ante la comisión de delitos penales. Su incorporación a la competencia penal generó un debate entre Solá y los propios jueces de paz que dijeron no estar preparados para asumir semejante responsabilidad. El gobernador respondió que los que “no se sienten competentes deberían renunciar”.
Algunas de las medidas impulsadas por Solá fueron duramente criticadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien las comparó con la “mano dura” y la “tolerancia cero” impulsada en su momento por el ex gobernador de la provincia Carlos Ruckauf.