El gobierno español aprobó una propuesta de ley que pone fin al aborto legal y vuelve a considerarlo un delito, exceptuando los casos de violación o riesgo para la vida de la mujer. De esta manera, se modifica y restringe la normativa aprobada en 2010, que permitía la interrupción del embarazo sin tener que justificar motivos. La reforma supone un retroceso a la legislación que España tenía en 1985. Organizaciones de mujeres expresaron su repudio y se movilizaron en el centro de Madrid. En los próximos meses se espera que la iniciativa sea debatida en el Congreso, en donde el oficialismo tiene mayoría.

El Consejo de Ministros español aprobó ayer el anteproyecto de la ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. La norma suprime el derecho al aborto tal como estaba concebido en la ley aprobada hace tres años por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese entonces, se sancionó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que sacó el aborto del Código Penal y establecía “el derecho a la maternidad libremente decidida”. Se despenalizaba el aborto hasta la semana 14 de gestación sin tener que argumentar motivo alguno y hasta la semana 22 en caso de peligrar la vida de la mujer o el feto.

Ahora, con esta reforma impulsada por el Partido Popular, el aborto sólo se podrá practicar hasta la semana 12 de gestación en casos de violación y hasta la semana 22 en los que supongan un riesgo para la salud física o psíquica de la mujer. Cuando la interrupción del embarazo se da por un caso de violación, deberá existir una denuncia previa del delito sexual. En los casos en que corre peligro la salud de la mujer, la nueva ley exige la presentación de un informe médico que confirme ese riesgo. La reforma sólo considera el aborto en casos de anomalía fetal grave, si se acredita que la malformación del feto ocasiona un perjuicio psíquico o físico a la madre.

Además, la iniciativa vuelve a obligar a las chicas menores de 17 años a presentar un permiso de sus padres o tutores para poder abortar, algo que no era necesario con la ley anterior. La norma también obligará a que la mujer sea asesorada “convenientemente” antes de decidir si aborta y sin que ello sea un “trámite”, consideró el ministro de Justicia español, Alberto Gallardón, al presentar la reforma.

A su vez, el anteproyecto prevé penas para los médicos que realicen aborto fuera de los supuestos establecidos, que serán de uno a tres años de cárcel para los especialistas que lo practiquen con consentimiento de la mujer, y de cuatro a ocho años de prisión si se hace bajo amenaza o engaño. La mujer, por su parte, no será penada, aseguró Gallardón.

Mientras su gabinete daba luz verde al texto de la nueva norma en Madrid, el presidente Mariano Rajoy, desde Bruselas, donde asistió a la cumbre de la Unión Europea, señaló que “esta reforma iba en nuestro programa electoral y hemos hecho una regulación en la misma línea de la ley de 1985, que rigió en España durante 20 años y que fue aprobada por el gobierno de Felipe González”.

Tras conocerse la propuesta, centenares de personas se manifestaron frente al Ministerio de Justicia, en la capital española, convocadas por la agrupación Nosotras Decidimos. Durante toda la jornada de ayer hubo concentraciones de protesta similares en varias ciudades. “Se trata de una regulación enormemente restrictiva”, que “nos devuelve a tiempos preconstitucionales”, aseguró, por su parte, en un comunicado la asociación de magistrados Jueces para la Democracia. Desde la oposición y las asociaciones por los derechos de la mujer también criticaron la medida. Los legisladores del PSOE firmaron un acuerdo, impulsado por más de 200 organizaciones de mujeres, para comprometerse a defender los derechos sexuales y reproductivos, y oponerse al proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, se espera que en los próximos meses el oficialismo apruebe en el Congreso la iniciativa, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. “Pedimos a todas las mujeres, independientemente de la ideología, condición o clase que apoyen este derecho a la libertad, a la autonomía plena del conjunto de las mujeres, que nos afecta a todas. Debe imponerse el ejercicio de la solidaridad, la justicia social y la igualdad”, dijo una de las impulsoras del acuerdo, Consuelo Navarro.

Consultada por este diario, la fundadora y referente de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis, señaló que la reforma es “para complacer a la Iglesia Católica”. “Esta decisión debe enmarcarse en un momento de crisis muy profunda que vive España, en donde aumentaron la pobreza y la desocupación, y los gobiernos que perdieron legitimidad quieren recuperarla dándole concesiones a la Iglesia. Esto es completamente repudiable. La Iglesia se maneja como un actor político que sigue teniendo en su agenda la oposición ferviente al derecho al aborto.” La activista por los derechos de la mujer recordó que la nueva ley “va en contra de la voluntad popular que, en su momento, apoyó la ley de Zapatero”.

“La realidad es que se van a seguir practicando abortos, pero ahora las mujeres deberán volver al aborto clandestino e inseguro”, dijo Alanis, quien agregó: “Hay que seguir militando y trabajando. Siempre está la amenaza de los sectores más conservadores para volver para atrás en las conquistas de las mujeres”.