En cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y leyes nacionales, la Auditoría General de la Nación dio empleo a Sebastián Furlan, un hombre que hace 25 años sufrió un accidente en un predio del Ejército que lo dejó con secuelas incapacitantes. Tal como reveló Página/12 en octubre de 2012, en el fallo, el órgano judicial ordenó al Estado argentino la “inclusión social, educativa, vocacional y laboral” de Furlan, además del resarcimiento económico.

“Estoy viniendo todos los días pero sólo por unas pocas horas, no estoy haciendo jornada completa todavía. Acomodo los libros de la biblioteca, soy un colaborador, un administrativo. El accidente que tuve fue sólo eso: un accidente. Muchos se confunden por cómo hablo, pero yo pienso como cualquiera. Por ahí me cuesta un poco más entender algunas cosas, pero le paso el trapo al que sea”, aseguró Furlan en su nuevo lugar de trabajo. Se lo ve cómodo. Físicamente no aparenta haber pasado por todo lo que pasó, salvo alguna secuela en el habla y una cicatriz que recorre el costado derecho de su cabeza, por encima de su oreja. “Lo que me faltaría no pasa por lo físico. Me faltan reflejos, equilibrio. Una de mis grandes secuelas es el tono de voz que me quedó pero mientras se me entienda está todo bien. Tal vez lo más difícil es hablar por teléfono. Ahora no tanto, pero antes me preguntaban si estaba borracho y, bueno, son cosas que a uno le molestan pero es lo que me quedó, nada viene gratis. El golpe que tuve fue tremendo.”

En 1998, cuando tenía 14 años, Sebastián sufrió un accidente en un predio del Ejército Argentino en Ciudadela: se le precipitó sobre su cabeza un travesaño de una pieza de entrenamiento militar, provocándole un trauma encefalocraneano agudo. Quedó con secuelas incapacitantes en la parte motora y en el habla.

“Gracias a mi estado físico zafé de morir, nada más. Había quedado hemipléjico, mitad del cuerpo paralizado, el ojo metido para adentro contra el lagrimal y con la pierna torcida. Un desastre, salí del hospital pesando 42 kilos. Y ahí empezó mi rehabilitación. Lo que recuerdo es que me desperté en la pieza de mi hermana, apoyé un pie y es como que todo me pesaba, no tenía fuerza. Para que yo me despertara mi papá me dijo que él me llevaba a la pileta y me movía los brazos”, contó.

Sin embargo, más allá de los impedimentos físicos, Furlan tuvo que lidiar con la discriminación de sus pares. “Empecé a ir al colegio también, cuando podía iba para ejercitar la escritura, y los pibes me cargaban y me discriminaban. Me escondían las cosas y salían corriendo, y yo apenas podía caminar. Me agarró tal depresión que me subí al segundo piso de un edificio y me tiré de cabeza. Otra vez se me torció el ojo, pero como me caí, me volví a levantar. Era tan fuerte. Me quería matar. Después con el tiempo fui tomando más equilibrio, hablando mejor, y terminé el industrial. Me costó una barbaridad.”

En tanto, el proceso civil que inició su familia a fin de lograr una indemnización para que se rehabilitara duró, con la ejecución de la sentencia, cerca de 13 años. Los jueces del fuero civil y comercial federal de la Ciudad de Buenos Aires nunca tuvieron una audiencia con Sebastián ni dieron intervención a un defensor de menores. Una vez que se hizo lugar a la indemnización, se le abonó con bonos de la deuda, cuya suma total sólo se podría percibir en 2016.

“El caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a la Argentina por violación de una serie de normas convencionales que se relacionan con el derecho de acceso a la Justicia de las personas con discapacidad en general, y de los niños con discapacidad en particular, es paradigmático. Al ser la primera ocasión en que la Corte aplica los postulados de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, toma en consideración el modelo social para su abordaje. Para la reparación del daño se exigen medidas de reparación integral y la inclusión laboral juega un papel relevante en este caso. Por eso, la decisión de la Auditoría General de la Nación es digna de todo reconocimiento, con impacto directo en la dignidad de todas las personas con discapacidad”, opinó la defensora ante la CIDH María Fernanda López Puleio, a cargo del caso.

Al respecto, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despuy, fundamentó la decisión de contratar a Sebastián en el respeto de la normas nacionales y el fallo internacional. “Nosotros controlamos que las instituciones cumplan con la ley de cupo y la ley de tratamiento integral de las personas con discapacidad, pero también tenemos que darnos una política al interior de la casa. Además, el caso concreto de Sebastián tiene un plus, ya que acá estamos ante la sentencia de una corte internacional que ha condenado al Estado por haber infringido la ley y las convenciones internacionales. Ha tomado muy en cuenta el caso de él, su historia y las circunstancias como para dar una sentencia ejemplificadora. El Estado tiene unas obligaciones que tiene que cumplir de reparación económica pero también integral, cultural, social y laboral.”

Más allá de todo, hoy Sebastián vive en pareja y con sus dos hijos. “Estoy viviendo en pareja con mi señora y mis dos nenes en Ciudadela. El más grande está perfecto, pasó a segundo grado, y el más chiquito, de 5 años, nació con problemitas. Tiene hidrocefalia y la vengo luchando también, llevándolo a kinesiología, fonoaudiología y con estimulación temprana.”

Informe: María Julieta Rumi.