Desde Rosario

Ocho personas están detenidas desde el martes, incluida la mujer que denunció la desaparición de sus cuatro hijos, de entre diez y tres años, en la ciudad de Santa Fe, además de un suboficial de policía acusado de entregar a una de las niñas a un matrimonio de la zona a cambio de 3000 pesos.

La investigación se desarrolló en un radio de pocas cuadras en el barrio Chaqueño, en el extremo norte de la capital provincial. En el anochecer del lunes, una mujer acudió a la subcomisaría 8ª, junto con su compañero, y denunció que no encontraba a ninguno de sus cuatro hijos, a quienes había dejado al cuidado de la abuela. Y responsabilizó por esa situación a un vecino del barrio que se desempeñaba hasta entonces como cabo en una comisaría de esa ciudad. Este policía es vecino de la madre de la denunciante, quien tenía a su cuidado a sus nietos debido a que su hija trabaja como empleada doméstica de tiempo completo.

Fuentes cercanas a la investigación repararon en que el relato que la madre de los niños brindó en la seccional fue “confuso”, y que al final de la exposición ella y su pareja mencionaron la posible participación del policía en la desaparición de los chicos. Al parecer, ella le había dejado a su madre el cuidado de sus hijos, pero durante el fin de semana los fue a buscar y encontró sólo a su hija mayor, de diez años, en la casa de la abuela.

De acuerdo con el relato de la denuncia, y al estar involucrado a priori un efectivo de la fuerza de seguridad, intervino la División Judiciales de la Unidad Regional I. Ya con una orden del juez de Instrucción Diego de la Torre, los investigadores volvieron a interrogar a la madre de los niños y también a la abuela. A partir de esas declaraciones decidieron ir hasta una casa cercana donde residen el suboficial acusado y su esposa. En el domicilio estaba la compañera del policía y otro de los hijos de la denunciante, de siete años. La dueña de casa quedó detenida en ese momento, y a otro de los hijos, un varón, se lo localizó en la casa de otro vecino más, quien también quedó arrestado. El cabo de policía involucrado, de 40 años, fue apresado el martes por la noche por una brigada de la División Judiciales mientras cumplía servicio. El Ministerio de Seguridad dispuso que se le quitara su placa y su pistola y pasara a disponibilidad hasta que su situación se resuelva en la Justicia.

El caso tenía unas pocas horas de desarrollo, acumulaba involucrados y nombres al sumario, y todavía faltaba encontrar a la menor de los hermanitos, de casi tres años. Durante esas horas, los pesquisas volvían con las preguntas a los familiares y a los dos detenidos para descifrar el trasfondo del asunto. Nadie había mencionado nada sobre dinero de por medio. De uno de esos interrogatorios, ya en la mañana del martes, surgió que la nena que faltaba estaba en una vivienda de la zona. Los policías fueron hasta ese domicilio y la encontraron. Estaba en buen estado y al cuidado del matrimonio residente. Esta pareja relató que la niña había sido entregada por el policía imputado y que a cambio ellos le dieron tres mil pesos en efectivo. Y que pagaron esa suma en una cita realizada frente a la tradicional Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, distante a unas doce cuadras del barrio donde ocurrió todo.

El subsecretario de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Cristian Allende, reveló que esta pareja ya había hecho el reconocimiento de filiación e iniciado el trámite en el Registro Civil para inscribir a la niña como hija legítima.

El juez De la Torre también ordenó el arresto de la pareja que se apropió de manera indebida de la nena, y completó el total de ocho adultos detenidos. La probable imputación que definirá el magistrado incluye los posibles delitos de sustracción de identidad de menor y trata de personas.

Allende contó que un equipo del área a su cargo reunió a los cuatro niños y los alojó en una institución hasta el desenlace del caso. “Están bien de salud y bajo contención psicológica. Ellos no asumen la situación, al menos en lo que se ha podido observar por ahora, como algo traumático”, dijo y descartó que presentaran signos de maltrato o abuso.

El funcionario del Ministerio de Desarrollo Social explicó que a pesar de la conmoción que despertó el caso, estas situaciones son frecuentes. Citó las guardas directas de menores que la Justicia suele otorgar a familias que los reciben, con el consentimiento expreso de los padres biológicos, como un modo de acelerar la situación por fuera del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga). “Cuando los adoptantes y los biológicos se conocen entre sí, y es palpable la relación, la confianza, el consentimiento de éstos, la guarda directa es una solución posible –explicó Allende–, pero cuando las partes no se conocen entre sí, siempre queda la sospecha de que detrás hubo una entrega de dinero. Es incomprobable, de todos modos, y desde la Subsecretaría procuramos que los jueces adviertan esa posibilidad y la sopesen a la hora de aprobar una guarda directa.”