No es sorprendente aunque provoca estupor y curiosidad. Pasaron cinco años de la desaparición de Luciano Arruga –perseguido por la Bonaerense por no aceptar ser reclutado para robar y visto por última vez en el destacamento de Lomas del Mirador–, pero apenas uno desde que la Justicia lo dejó de buscar como escapado de la casa. En esos cuatro años de inacción judicial se concentra buena parte de la falta de resolución del caso. Buena parte, pero no toda. “El Poder Legislativo tiene que priorizar los pedidos de enjuiciamiento a las dos fiscales que llevaron el caso –explicó a este diario Maximiliano Medina, abogado del CELS que acompaña a la familia junto a la APDH y el abogado de la familia, Juan Manuel Combi–, y el poder político tiene que dar señales de que está dispuesto a avanzar, que por ahora no lo hizo.” Por el momento, los ocho policías acusados están en disponibilidad, pero siguen dentro de las filas de la Bonaerense, esto es, con cobertura institucional, y Asuntos Internos ni siquiera investigó las múltiples irregularidades comprobadas el día de la desaparición. El único policía detenido, Julio Torales, lo está por una causa tangencial. En manos de la Justicia Federal podría suponerse que la investigación dará pasos más profundos. Pero la familia del adolescente perseguido por la Bonaerense no entrega salvoconductos: reclama resultados. A Luciano lo busca como desaparecido a manos policiales desde hace cinco años.

Durante cuatro años, la causa estuvo estacionada en el Juzgado de Garantías 5 de Morón, a cargo de Gustavo Banco. Podría sostenerse que presionar a los jueces por resultados es incompatible con la gestión judicial independiente. En la causa Arruga, el problema radicó en el criterio de independencia. Con denuncias previas por persecución, golpes y torturas en el mismo destacamento (de hecho, Torales está detenido por esta causa), la detección de rastros en el destacamento, en uno de los patrulleros y en un campo aledaño por parte de uno de los perros rastreadores enviados especialmente; la existencia de testimonios y la comprobación por GPS de que dos patrulleros (uno de ellos señalado por el perro) se habían salido de su cuadrícula durante un buen rato y sin explicaciones, mueve a la sospecha de que, mantenida la carátula de “búsqueda de paradero”, el lugar más razonable era buscarlo en el destacamento. En cambio, según denunció en octubre pasado la familia, a Luciano parecían buscarlo en la casa porque la fiscal Celia Cejas había pinchado los teléfonos de la hermana, la madre, la abuela, de 75 años, y su pareja. No sólo eso: la primera fiscal del caso, Roxana Castelli, y la segunda, Cejas, mantuvieron a la Bonaerense para autoinvestigarse. El juez bancó y garantizó. Por ahora el pedido de juicio a los tres está en averiguación de paradero.

Los ocho policías imputados en la causa por la desaparición no fueron siquiera indagados. El destacamento denunciado recién fue ex destacamento en 2011, pero no se abrió a los registros del Equipo de Antropología Forense hasta noviembre de 2013. Obviamente, ya no encontraron nada.

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