Desde Mar del Plata

En Mar del Plata, desde el año 2000, más de veinte causas relacionadas con la trata de personas llegaron a juicio oral y en diez de ellas se produjeron condenas que ya quedaron firmes, mientras que hubo otras penas que se aplicaron en juicios abreviados. “Las penas fueron desde los dos años a los siete años y seis meses de cárcel, lo que está indicando que las penalidades fueron bajas, pero lo que más me preocupa es que no tengamos mecanismos de reinserción de las víctimas de trata, para que no vuelvan a caer en manos de los explotadores”, dijo a Página/12 el fiscal federal Daniel Adler, al hacer un balance de lo que ha ocurrido en esta ciudad, donde el negocio de la prostitución llegó a tener niveles de escándalo. Adler recordó que Alfredo Palacios decía que “la madre de la prostitución es la miseria” y por eso insistió en trabajar para darles posibilidades de reinserción social a mujeres que “nunca han tenido la tan declamada igualdad de posibilidades de la Constitución”.

Cuando todavía era fiscal provincial, Adler trabajó, a partir de 1999, en casos de “promoción o facilitación de la prostitución”, pero que “encubrían una situación de trata”. Recordó que “la trata existió siempre, aunque tuvo diferentes calificaciones legales”. En la Fiscalía federal, desde 2006 comenzaron a observar que el problema “no estaba siendo abordado, pese a que la legislación contemplaba el delito porque estaba vigente el artículo 122 de la Ley de Migraciones que preveía castigos para el tráfico de personas seguido de una explotación sexual o laboral”.

Desde ese entonces trabajaron con “un grupo de hombres y mujeres, no sólo de la Justicia sino también de los derechos humanos, de la militancia feminista, de la Universidad, periodistas, la defensora del Pueblo Beatriz Arza, ya fallecida, y con Susana Méndez, de la Comisión Provincial por la Memoria”. La tarea fue “exigir un cambio en la Justicia, pero también en las normas culturales; en la represión, pero también en lo preventivo”.

Desde ese momento, más de veinte causas fueron elevadas a juicio oral. “Unas diez tuvieron sentencia condenatoria firme y una docena más terminó con un importante número de condenas.” Las penas aplicadas fueron desde los dos hasta los siete años y seis meses de prisión, cuando la máxima es de hasta 15 años. “En líneas generales, las condenas fueron bajas, pero esto se debe a que hubo muchos juicios abreviados y pocos juicios orales, pero también debemos pensar que las penas tienen que ser racionales, no pueden ser desproporcionadas.”

–El juicio oral sirve para conocer más a fondo el funcionamiento de las redes de trata y para la difusión del tema.

–Mi experiencia en Mar del Plata es que los juicios orales no tienen la difusión que deberían tener. Deberían difundirse en los colegios, para que los chicos comiencen a tener conciencia de cómo funciona el sistema judicial, en las sociedades de fomento, en la comunidad en general. El juicio oral es un mecanismo de participación de la ciudadanía, pero las salas de los tribunales permanecen vacías. Es necesario generar mecanismos de comunicación con la comunidad para que se empiece a saber qué es lo que ocurre en los tribunales, cómo deciden los jueces. Estamos pensando en el juicio por jurados para vincular a la sociedad con la Justicia, pero nadie va a los juicios orales. Se aprende más presenciándolos que leyendo libros sobre cómo funciona un sistema de administración de justicia.

–Luego de presenciar el juicio por Marita Verón, en Tucumán, quedó claro lo difícil que es para las víctimas enfrentar a los explotadores. ¿Eso dificulta la producción de pruebas?

–El testimonio de las víctimas es una herramienta importantísima de prueba. Hay protocolos en el Código de Procedimientos sobre cómo llevar a cabo esas declaraciones testimoniales. Son fundamentales los primeros momentos y cómo recibir esos testimonios. Es importante la capacitación del operador judicial para recibir ese testimonio. En Mar del Plata hay gente muy capacitada para realizarlo, pero tenemos que contar con los mecanismos técnicos adecuados. Todavía no se han implementado la Cámara Gesell y la videofilmación de las declaraciones. Esto es muy importante porque permitiría, con la notificación al defensor, incorporar estas declaraciones al debate sin necesidad de volver a llamar a una persona para ponerla nuevamente en una situación de riesgo. En Mar del Plata se han instrumentado videoconferencias con víctimas de Paraguay que declararon bien, tranquilas, contenidas, porque hay un muy buen sistema de comunicación entre los ministerios públicos de los dos países en materia de trata. Hay otros elementos de prueba, pero el testimonio de las víctimas es muy importante.

–¿Hay muchas víctimas extranjeras en Mar del Plata?

–En las 22 causas que tuvimos, en veinte encontraron mujeres explotadas de Paraguay y de República Dominicana. Un 75 por ciento de las víctimas son mujeres nacidas en el Paraguay y el resto son mujeres de provincias pobres de la Argentina y dominicanas. Casi la totalidad son mujeres, hemos tenido un solo caso de una persona trans. En trata laboral, un 55 por ciento de hombres y un 45 por ciento de mujeres.

–¿Los que las traen al país para explotarlas son argentinos o extranjeros?

–Hay argentinos y extranjeros. En general son argentinos. Hemos tenido incluso una causa en la que se pudo observar muy claramente que éste es un delito de asimetrías, donde el núcleo de la antijuricidad es la explotación, que siempre implica un poder de unos sobre otros. Tuvimos la causa de un argentino que trasladaba mujeres a España y eran mujeres de Mar del Plata. Mujeres de clase media o clase baja que eran llevadas a Madrid con fines de prostitución. Esto siempre supone el traslado de personas, para explotarlas, llevándolas de lugares pobres a lugares ricos.

–¿En los juicios, más allá del proxeneta, se ha llegado a los sectores políticos o policiales que están detrás del negocio de la trata?

–Es difícil llegar a esos niveles, pero hemos tenido una condena en 2010. Era tanta la falta de escrúpulos en esta cuestión que cuando comenzamos la investigación de un prostíbulo, llegamos a comprobar que el dueño era un policía. Y tuvimos serias dificultades para cerrar ese lugar en forma definitiva. Era un lugar que tenía gran publicidad en los medios periodísticos locales. Ese policía fue condenado y hay varios policías procesados que estando ese policía preso le facilitaban salidas en forma ilegal. El lugar se llamaba Las Chicas de Beruti, porque quedaba en la calle del mismo nombre. También tenemos otros policías procesados por pasar a buscar sobres (coimas) por los lugares.

–¿Qué pasa con las personas que son rescatadas luego de estar sometidas a explotación sexual?

–Algunas extranjeras vuelven a su país y otras no, pero lo importante es que éste es el problema más grave que tenemos. Me preocupa más tener mecanismos eficaces de reinserción o de alternativas para las víctimas, que tener penas altas para los imputados. Eso me parece más importante que la represión. Es importante la aplicación de penas serias, pero más importante que esto es ver qué hacemos con las víctimas. Este es el punto. Si estas personas no encuentran una alternativa de vida, prácticamente las volvemos a poner en manos de los explotadores. Es importante que el Estado y la sociedad se ocupen de tratar de encontrar alternativas a estas situaciones. Hay que pensar que estas personas nunca han tenido la tan declamada igualdad de oportunidades de la Constitución. Fueron captadas por una situación de vulnerabilidad.

–A veces se suele decir que muchas víctimas caen por propia voluntad, cuando en realidad el que decide es el hambre.

–Absolutamente, ya lo decía Alfredo Palacios: la madre de la prostitución es la miseria.

–¿Se está analizando la posibilidad de crear hogares donde albergar a las víctimas de trata y darles la contención que necesitan?

–Hoy se usan lugares alternativos, pero está la idea de construir un lugar o varios con diferentes finalidades. La Cámara de Senadores provincial sancionó el año pasado la expropiación de La Casita Azul, un prostíbulo marplatense muy conocido donde fueron explotadas muchísimas mujeres, en su mayoría de origen paraguayo. Los tratantes fueron condenados. No sería sólo un refugio para víctimas, sino proyectar un lugar de contracultura prostibularia donde puedan funcionar la Mesa Institucional contra la Trata, la Secretaría de la Mujer, una biblioteca y un museo de contracultura. Estamos trabajando con la Fundación María de los Angeles, con el Consejo Federal de Mujeres, con la Jefatura de Gabinete, para tratar de hacer cumplir la ley que dice que hay que crear refugios. Las leyes están, pero tenemos que tratar de darles contenido.