La audiencia convocada por la Justicia porteña en la causa por las cesantías y el recorte de haberes en el sistema de salud de la Ciudad fracasó ayer después de que el gobierno porteño recusara al juez que la había convocado. De esa manera, el conflicto iniciado en noviembre, que afecta a centenares de profesionales, pero sobre todo a sus potenciales pacientes, sigue sin vías de solución. Tuvo que mediar la Iglesia Católica para que la ministra de Salud, Graciela Reybaud, recibiera a tres delegados de los profesionales, el miércoles último, pero así y todo la solución no está cerca: sólo se resolvería el recorte en un servicio del Hospital B. A. Moyano, pero no en los más afectados, que son los servicios pediátricos del SAME y el de salud mental en el Hospital Alvarez.

El conflicto se inició el 5 de noviembre, cuando el Ministerio de Salud, a través de la resolución 1657, decidió recortar miles de horas de la modalidad “suplencias de guardia”, mediante la cual se cubren puestos de profesionales de distintos servicios del sistema de salud. El 27 de diciembre, la jueza Patricia López Vergara dictó una medida cautelar por la cual ordenó suspender los efectos de aquella resolución, por afectar a los servicios de salud y “causar un daño irremediable a la población”. Pero esa medida judicial, hasta hoy, no se cumple.

En esa causa, el gobierno porteño solicitó la convocatoria a una audiencia de partes para explicar por qué, a su criterio, el recorte de horas no afecta el derecho a la salud. Gallardo aceptó el pedido y convocó a la ministra Reybaud y a los trabajadores querellantes, a una audiencia, que se iba a realizar ayer a las 11 en el Museo del Cabildo. Pero dos horas antes, al despacho del juez llegó un pedido de recusación solicitado por el Ejecutivo. Las razones: que Gallardo había citado a las partes en el Cabildo y no en sede judicial y que, supuestamente, había convocado a la audiencia otros actores como la Asociación de Psicólogos de la Ciudad, ATE y CTA.

El juez, a través de un comunicado, rechazó los términos de la recusación, aclaró que las organizaciones gremiales aún no están incorporadas a la causa, aunque las ofició para que informen si se cumple la medida cautelar de diciembre. Y argumentó que el lugar elegido responde a que el fuero “carece de una sala de audiencias que pueda albergar a la cantidad de funcionarios y partes citadas”.

Los trabajadores lograron ser recibidos por la ministra el miércoles último, sólo por una gestión del sacerdote Carlos Accaputo, de la Pastoral Social porteña. En el encuentro, Reybaud se comprometió a revisar algunos casos de recortes en cargos de trabajadoras sociales del Moyano. Pero no aceptó hacerlo en los servicios del Alvarez y del SAME, dos de los más afectados por el ajuste.

“En el SAME fueron afectados los servicios de Pediatra en Casa y la atención de emergencias en las escuelas, los pediatras del BAP, para atender a chicos en situación de calle, y los que revisan a los menores que ingresan a centros de detención, entre otros”, precisó a Página/12 Laura Schargrodsky, delegada de los pediatras del SAME.