Dentro de algo menos de un mes, el 18 de marzo, dará comienzo un juicio largo y duro que, a primera vista, enfrentará a dos posiciones. Por un lado, las defensas de 28 imputados apuntando contra el imputado número 29, el maquinista de la formación que chocó en Once hace exactamente dos años: Marcos Antonio Córdoba. Dirán que el motorman se quedó dormido o le pasó algo, pero que básicamente se llevó por delante el andén y eso provocó las muertes. Del otro lado, casi todos los familiares de las víctimas –los querellantes– señalando la responsabilidad de Córdoba, pero principalmente la de los dueños de la empresa concesionaria del Sarmiento, los hermanos Cirigliano, sus gerentes y empleados jerárquicos, y los funcionarios de Transporte que debían controlar el servicio, sobre todo Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, inculpándolos por el mal estado de la línea, de los trenes y de esa misma formación, lo que provocó –según ellos– gran parte de las muertes. Marcos Antonio Córdoba seguirá con una defensa prácticamente solitaria, señalando que no le funcionaron los frenos.

Por el juicio pasarán 300 testigos, entre ellos varios peritos, y la batalla girará sobre dos o tres hechos:

- Los empresarios y funcionarios sostendrán que el tren frenaba, más allá de que hubiera algún compresor en mal estado. Por lo tanto, si Córdoba hubiera accionado los frenos, la tragedia no se habría producido. La mayoría de los peritos afirma que efectivamente los frenos andaban y que la formación entró a Once casi en punto muerto, a velocidad prohibida, porque el motorman o estaba dormido o había perdido el sentido. Las filmaciones en las que se ve a los maquinistas dormitando –que fueron posteriores a la tragedia– seguramente van a ser usadas como argumento.

- El fiscal y las querellas dirán que, más allá de la responsabilidad de Córdoba, el tren tenía mantenimientos atrasados y que el parachoques estaba sin mantenimiento alguno. Esto provocó –según la fiscalía y parte de los querellantes– que se produjeran las muertes. Alguno de los representantes de las víctimas afirman que con el parachoques en condiciones no hubiera habido muertes. Otros dicen que el mal mantenimiento hizo que el segundo vagón se subiera sobre el primero, produciendo la mayor cantidad de fallecimientos. Por lo tanto, estas fallas, sostienen, fueron decisivas en la tragedia y se trató de mal manejo, corrupción en el uso de los subsidios en el caso de los empresarios y falta de control sobre el servicio y las subvenciones en el caso de los funcionarios. Incluso hay querellantes que sostienen que aun cuando el motorman se hubiera quedado dormido, la responsabilidad también es de empresarios y funcionarios por permitir que se conduzca en esas condiciones.

El Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Tassara y Jorge Gorini, encabezará el juicio. Los tres saben que afrontarán un proceso delicado, porque como en casos anteriores –Cromañón, por ejemplo–, habrá una fuerte presencia de los familiares de los 51 fallecidos. El fiscal Fernando Arrigo fue el que pidió la inspección de los coches siniestrados que están en el taller ferroviario de Villa Luro. Esa inspección se concretó el martes pasado. La procuradora Alejandra Gils Carbó decidió ayer poner un equipo de tres fiscales a colaborar con Arrigo, de manera que la acusación estará reforzada. Arrigo sostendrá la imputación contra todos los acusados: respecto de empresarios y funcionarios por defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y estrago culposo con el resultado de víctimas mortales. Respecto del conductor, la acusación será por estrago culposo con el resultado de las muertes.

Hay cuatro querellas, es decir representantes de las víctimas. Las que encabezan Miguel Arce Ageo, por un lado, y Marcelo Parrilli y María del Carmen Verdú, por el otro, no inculparán al maquinista: van contra los empresarios y funcionarios. Las otras dos querellas, encabezadas por Gregorio Dalbón y Leonardo Menghini, acusarán a todos los imputados. Menghini es el tío de Lucas, el joven hallado muerto dos días más tarde. La familia de Lucas acusó a los bomberos que actuaron en el caso y, de hecho, fueron procesados ocho de ellos . Uno falleció en el incendio de Iron Mountain.

Al tratarse de un delito culposo –por impericia, imprudencia o negligencia– la pena va hasta los cinco años de prisión, dado que hubo muertes. Alguna de las querellas tratará de acusar por homicidio con dolo eventual, algo que no será fácil de comprobar. Habrá que ver cuánto se puede probar respecto de las supuestas defraudaciones por los subsidios y, en caso de culpabilidad, cuánta pena agregaría. Como es obvio, los imputados sostendrán su inocencia. Todo hace pensar en un juicio lleno de polémicas.

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