El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, pidió al ministro de Justicia y DD.HH., Julio Alak, la “inmediata intervención” del Instituto de Seguridad y Resocialización U6, más conocido como penal de Rawson, para “garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos de las personas allí alojadas”. En coincidencia temporal, otros tres jueces, de ejecución nacional con sede porteña, pidieron a Emilio Blanco, director del Servicio Penitenciario Federal, la intervención del mismo penal y lo citaron a audiencia. Una semana después de la muerte de Juan Moreno, uno de los detenidos que se prendió fuego en reclamo porque no le permitían llamar a su madre que moría de cáncer a casi 1400 kilómetros de distancia, otros dos alojados en el penal se prendieron fuego. Uno de ellos, el domingo pasado, no sufrió quemaduras serias, pero el segundo, el lunes, sufrió lesiones más graves y se encontraba anoche internado en un sanatorio de Rawson, “con signos vitales comprometidos”.

El pedido del juez federal fue realizado luego de que el fiscal federal de esa ciudad, Fernando Gelvez, solicitara por su intermedio la intervención de la unidad 6 al ministro Alak. El pedido del fiscal, al que tuvo acceso Página/12, recuerda el caso de Juan Carlos Moreno, publicado por este diario el viernes pasado, quien prendió fuego en su celda en protesta porque no le permitían llamar a su madre, enferma de cáncer, y murió por las quemaduras sufridas luego de ser asistido por los guardias, media hora más tarde de iniciado el fuego y mientras uno de ellos le gritaba “¡morite!”.

Moreno murió el 19 de febrero. Tres días después, Cristian De Cuadro Portes fue trasladado del pabellón común al de seguridad, en la jerga, buzón o celda de aislamiento, y al día siguiente prendió fuego al colchón sufriendo heridas que no revistieron gravedad vital. El 24, Juan Pablo Morales Coronel también fue trasladado a un buzón y también terminó quemado, pero con heridas de gravedad que obligaron a su internación en el Sanatorio Cardiovascular de Rawson, “con signos vitales comprometidos”.

Gelvez recuerda además la muerte de Cristian Pereyra, el 22 de diciembre pasado, quien se suicidó nada menos que en el Servicio de Asistencia Médica del penal.

Para contextualizar el motivo de su pedido, que fue inmediatamente cursado por el juez Sastre, Gelvez volcó en su texto datos estadísticos que por sí solos ya queman: “(...) en el transcurso de diciembre del año 2013, en enero de 2014 y lo que va de febrero del año en curso se han registrado en el Juzgado Federal de Rawson (...) 99 causas por hechos ocurridos en la mencionada Unidad 6 de Rawson, 18 en el mes de diciembre de 2013; 60 en enero de 2014 y 21 en lo que va del mes de febrero de 2014”.

“La cantidad de hechos producidos en una cárcel de máxima seguridad –señala el fiscal–, donde los cuidados deberían ser extremos, sumado a la gravedad y continuidad de ellos hacen que pida la mencionada intervención. (...) Ello además porque no se observa en la práctica que la situación cambie.”

El pedido del fiscal fue cursado por Sastre a Alak con carácter de “urgente” y solicitando al ministro la “inmediata intervención” del penal hasta adecuarlo “a las exigencias constitucionales y convencionales vigentes”, luego de advertir “con profunda preocupación un progresivo e intolerable deterioro de las condiciones generales de funcionamiento del mencionado establecimiento carcelario y de la prestación del servicio penitenciario, y una escalada de violencia institucional, que en conjunto comprometen seriamente la efectiva vigencia de los derechos humanos de las personas allí alojadas”. Sastre advierte en su oficio que, “de persistir las deficiencias apuntadas, habré de disponer la correspondiente clausura”.

Al mismo tiempo, los jueces de ejecución penal nacional, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Axel López, Marcelo Peluzzi y Javier de la Fuente, enviaron un oficio al actual director del SPF, Emiliano Blanco, reincorporado durante la reciente gestión de Alejandro Marambio, solicitando también la intervención del penal de Rawson. Los jueces se mostraron preocupados por la inusual cantidad de hechos de violencia y cuestionaron la asistencia médico-psiquiátrica. La costumbre, que marca criterios de resocialización nulos, muestra que los presos son “planchados” con pastillas. En Rawson, cambió el jefe de psiquiatría. El nuevo, que se muestra opuesto a la provisión de pastillas, no tuvo mejor idea que apagar el fuego con nafta: canceló abruptamente todas las recetas de medicación psiquiátrica.

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