Un juez y una asesora de Incapaces de Salta, que a fin de año prohibieron la realización de un aborto no punible a una niña de 14 años que había sido abusada sexualmente por su padrastro, fueron denunciados ante la Corte de esa provincia para que sean sometidos a juicio político por “retardo de Justicia, mal desempeño y falta de cumplimiento de las funciones a su cargo”. La presentación fue realizada por integrantes de diversas organizaciones sociales y de mujeres. Los dos funcionarios judiciales fueron cuestionados por haber actuando desconociendo las normas vigentes en relación con los abortos no punibles, además de un fallo del máximo tribunal del país que dos años atrás, en una decisión histórica, reguló el acceso a esa práctica en casos de violación, entre otras disposiciones.

“Lo único que queremos es que los funcionarios judiciales cumplan con la ley. Es demasiado que sigan ocurriendo casos como este, en abierto desconocimiento de las normas vigentes”, señaló a Página/12 Alicia Ramos, miembro de la Multisectorial de Mujeres de Salta, una de las entidades que promueve el juicio político. La presentación fue realizada contra el juez Víctor Soria, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia No 2, y Claudia Mariela Flores Larsen, asesora de Incapaces No 2.

El jurado de enjuiciamiento está presidido por el presidente de la Corte, Guillermo Alberto Posadas.

El juez denunciado prohibió, el 13 de diciembre, la realización del aborto no punible, en abierta violación de las normas y protocolos que regulan ese tipo de intervención en el país, y particularmente en Salta. Soria no sólo vulneró los derechos de la niña que había sido abusada por su padrastro, sino que además la consideró como una mera incubadora: en la misma resolución dispuso que el Ministerio Público comenzase los trámites para entregar a la criatura, producto de la violación en adopción, y ordenó al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia que en el término de 48 horas entregara un subsidio a la familia de la niña mientras cursaba el embarazo. Al mismo tiempo, declaró inconstitucional el decreto del gobernador Manuel Urtubey que estableció el protocolo de actuación ante los casos de aborto no punible –siguiendo las indicaciones de la Corte Suprema de la Nación– porque –alegó– “atenta contra la vida de los niños por nacer”. El magistrado hizo lugar así a un recurso de amparo presentado por Larsen el 21 de noviembre, al enterarse de que la niña y su mamá habían solicitado la interrupción del embarazo en el Hospital Materno Infantil. Finalmente, días antes de iniciarse la feria judicial de enero, el máximo tribunal salteño revocó la arbitraria decisión de Soria y avaló el aborto no punible solicitado por la niña.

“¿Cómo me puedo sentir si hay un juez que está obligando a mi hija a tener un hijo que no quiere? Es algo horroroso”, había dicho en aquel momento a Página/12 Cristina, la mamá de la niña. Fue ella quien descubrió a su pareja en pleno abuso de su hija en el baño de la casa en la que convivían, en la ciudad de Salta. Al verla, el hombre reaccionó pegándole a la niña. Una vecina tuvo que ayudarla para evitar que la ahorcara. Este episodio ocurrió el 9 de noviembre. Cristina llevó inmediatamente a su hija al Hospital Materno Infantil, que depende de la provincia, para que la atendieran. La niña quedó internada. “El 14 de noviembre nos enteramos de que estaba embarazada y pedimos el aborto no punible”, precisó la mujer. La adolescente, que tenía entonces 13 años y cumplió 14 en los días siguientes, estaba muy afectada psicológicamente por toda la situación: su madre supo después que sufría abusos sexuales y amenazas de su padrastro desde que tenía 12 años. Pero el hospital no le practicó el aborto y la retuvo más de un mes internada sin darle la atención que requería. Hasta que con el patrocinio de dos abogadas comprometidas con los derechos de las mujeres, el caso llegó a la Corte. Y la niña pudo acceder al aborto no punible, pero fuera del sistema público de Salta, porque la familia ya le había perdido confianza.

El pedido de jury ante la Corte salteña fue presentado con el patrocinio de la abogada Gabriela Gaspar. Lo firmaron Mirta Iglesias, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; Verónica Caliva, de la Fundación entre Mujeres; Rubén Manases Adchjian, de la Asociación Civil Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentinos, y Alicia Ramos y Marta César, de la Multisectorial de Mujeres de Salta.

“Es alarmante que la funcionaria del Ministerio Público denunciada, quien debe velar por los derechos de esta niña en situación de extrema vulnerabilidad, ya que no sólo era objeto de abusos sexuales y violaciones sino que además debió sufrir la agresión física de su padrastro, situación que la llevó al hospital, actúe en abierto desconocimiento de jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y de la de Salta, que en julio ya había ratificado la constitucionalidad del protocolo provincial de atención de los abortos no punibles”, apuntó Ramos. “Igualmente sorpresivo y preocupante resulta que un juez de Familia, en lugar de honrar su función de custodio de las leyes y la Constitución, decida no sólo impedir por orden judicial la práctica de una conducta permitida por la legislación argentina, que no requiere ningún tipo de autorización judicial, sino que sugiera la adopción como destino del niño/a producto de ese embarazo que la obligaba a llevar adelante, reduciendo el cuerpo de la menor a un recipiente portador, continuando la cadena de intromisiones en la vida privada de la niña, y sumando una nueva situación de violencia de género, ahora institucional, a las ya sufridas”, agregó Marta César.

“El Jurado, como brazo del Estado provincial, en el caso, puede liberar a la Argentina de hacer incurrir en un supuesto de responsabilidad internacional, si logra ubicarse a la altura de las circunstancias históricas sancionando debidamente la violencia de género institucional que han generado los magistrados aquí cuestionados”, consideraron los denunciantes en su presentación.