En el juicio oral por la Masacre de la Cárcova, la fiscalía y la querella pidieron duras condenas para los dos policías bonaerenses imputados por el homicidio de dos jóvenes y por causarle heridas graves a un tercero, durante una violenta represión ocurrida el 3 de febrero de 2011 en José León Suárez, luego del descarrilamiento de un tren de carga. La parte acusadora planteó que el policía Gustavo Sebastián Rey (26) debe ser condenado a prisión perpetua por “doble homicidio agravado” en perjuicio de Mauricio Ramos (17) y Franco Raúl Almirón (16); para el otro agente, Gustavo Ezequiel Vega (45), los fiscales pidieron 15 años por “homicidio en grado de tentativa” contra Joaquín Romero (22), mientras que los querellantes solicitaron que se le aplique una pena de 17 años. En los alegatos, que se extendieron por más de cuatro horas, la parte acusadora argumentó que la situación planteada luego del descarrilamiento, que derivó en un “intento de saqueo”, ya había sido controlada con la presencial policial y las balas de goma disparadas como disuasión. “El caso no ameritaba el uso de armas de fuego porque así lo reconocieron los propios jefes del operativo” al declarar en la audiencia.

Los fiscales Ana Armetta y Raúl Surraco señalaron ante los jueces del Tribunal Oral 2 de San Martín que “está probada la autoría” de los dos imputados y que “la verdad comenzó a salir a la luz al día siguiente” del episodio. La noche del hecho, los vecinos del barrio De la Cárcova rodearon la comisaría de José León Suárez y quemaron autos, porque “ellos no tenían ninguna duda sobre quiénes eran los responsables de las dos muertes y del joven herido”. Agregaron que la investigación entró en su cauce definitivo “cuando se dio intervención a los peritos de Gendarmería y se apartó a la policía local, porque las pericias balísticas y planimétricas terminaron de corroborar que los vecinos tenían razón”.

La primera detención, recordaron, fue la de Vega, quien fue señalado por otro policía, Ignacio Gastón Azario, quien declaró en la causa que había visto cómo su colega hizo “dos disparos con cartuchos de plomo” contra los vecinos que se habían reunido en torno del tren descarrilado. Hacia fines de marzo de 2011 se produjo la detención de Rey, cuando se comprobó que había usado munición de guerra y no balas de goma con su escopeta marca Mossberq R674045.

En el juicio, los testigos Angel Aguirre, Marcelo Gómez y el sobreviviente Joaquín Romero coincidieron en señalar a Rey como el policía que iba montado en una moto, en el asiento trasero, con anteojos oscuros, el pelo cortado “tipo carpincho” y con la escopeta en la mano. Luego lo vieron ubicarse en el hueco entre dos vagones del tren descarrilado y disparar contra Ramos y Almirón. La parte acusadora recordó que un cartucho de guerra tiene “nueve plomos”, de manera que “es igual a disparar nueve veces la 9 milímetros”. Se dijo que cuando el cartucho se abre los policías “ya no tienen ningún control sobre la rosa de dispersión”, como se llama a los perdigones.

Recordaron que Almirón recibió “cinco impactos de bala (perdigones)”, uno de ellos en la cabeza. En la parte de la acusación que le corresponde a Vega, se señaló que en una de sus declaraciones indagatorias, justificó el uso de la munición de guerra al afirmar que uno de los jefes del operativo, el subcomisario Carlos Amado Silva, les había “prohibido que dispararan con la 9 milímetros, pero nada dijo de las escopetas 12.70”. Es cierto que, según declaró Silva en el juicio, la orden fue que nadie utilizara el arma reglamentaria y que usaran las escopetas “con balas de goma, en dirección al suelo, para dispersar sin herir a nadie”.

Durante los alegatos, los dos imputados estuvieron presentes, junto a sus abogados. Mientras Vega se mostró ensimismado, como si estuviera afectado por los duros conceptos en su contra, Rey tuvo una postura desafiante, al punto de que hizo un gesto despectivo cuando se señaló como agravante que ninguno de los policías “haya dado muestras de arrepentimiento por lo sucedido”. Los acusados dispararon “con munición letal e incontrolable en un lugar donde había familias y menores”.

Los querellantes, Federico Efrom, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y Carlos García Dietze, hicieron un pormenorizado análisis de las pruebas acumuladas en la causa. Comenzaron por desacreditar la versión de la defensa de los policías, que sostiene que el descarrilamiento fue intencional. Se basaron en la declaración del maquinista, que desechó de plano esa posibilidad y adjudicó el hecho al mal estado de las vías del ex ferrocarril San Martín.

Luego argumentaron que Vega debe ser condenado con dureza porque, como instructor en el manejo de armas, sabía el peligro de disparar con balas de guerra. “Pedimos 17 años porque entendemos que debe aumentarse un tercio el monto de la pena” por homicidio agravado en grado de tentativa, que va de un mínimo de 13 años y cuatro meses a 20 años de cárcel.