“Delincuentes de uniforme” fue la calificación que les dio un tribunal a los subcomisarios de la Policía Bonaerense Marcelo Gustavo Godoy (45) y Pablo Javier Sosa (40), quienes fueron condenados ayer a nueve años de prisión por haber cobrado una coima de 10.500 pesos, más la transferencia de un vehículo, a cambio de dejar en libertad a un delincuente que estaba preso en la comisaría de Villa Adelina. El Tribunal Oral 1 de San Isidro los encontró culpables de los delitos de “extorsión en concurso real con encubrimiento en modalidad de favorecimiento personal triplemente agravado por su calidad de funcionario público, ánimo de lucro y por ser resultado de un hecho especialmente grave”. Los jefes policiales fueron inhabilitados por el mismo tiempo de la pena para ejercer cargos públicos.

Al momento de aplicar la pena, los jueces consideraron como agravantes que los imputados eran dos oficiales jefes, que la extorsión y el pago se hicieron “puertas adentro de una seccional policial”, lo que permitió mayor “impunidad”, y el daño causado a la administración de justicia. También tuvieron en cuenta que al detenido que luego liberaron lo golpearon y colgaron de los pies dentro de la comisaría, además del riesgo potencial que implicó sacarlo de la cárcel sabiendo que había estado preso por cometer “delitos violentos”.

El Tribunal 1 de San Isidro también condenó a seis años de prisión a Juan Pablo Farías (36), quien fue señalado como testaferro del subcomisario Godoy. Lo consideraron “partícipe necesario” de extorsión y coautor del delito de encubrimiento. Los jueces ordenaron extraer testimonios para que se investigue la posible comisión de delitos por parte de otros policías de la seccional octava de San Isidro, con sede en Villa Adelina. Creen que existe la posibilidad de que algunos agentes hayan encubierto a sus superiores.

Las condenas fueron un año menores a las solicitadas por el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari y su colega Claudio Scapolán. La causa es un desprendimiento de otra que se inició con el robo a un empresario en su casa de San Isidro, siguió con la detención del entonces jefe distrital de esa zona, comisario inspector Raúl Papa, acusado de encubrir a los delincuentes en octubre de 2011, y siguió con el desbaratamiento de la denominada Banda de los Rosarinos, que robaba autos en el conurbano para desguazarlos o “reempapelarlos” y venderlos en la ciudad santafesina. Como detalle no demasiado anecdótico, este diario publicó el 15 de octubre de 2011 que ocho días antes el intendente de San Isidro Gustavo Posse había inaugurado el Centro de Control de Cámaras en Vía Pública. En aquel momento dijo que “es importante hacerle notar al delincuente que aquí, en San Isidro, delinquir es difícil”. Al lado lo tenía a Papa.

Los fiscales sostuvieron que la extorsión policial ocurrió el 10 de mayo de 2012, luego de que la banda le robara a Silvia Irene Goldín un Volkswagen Gol en la puerta de su casa de la calle Cerrito al 3800, de la localidad bonaerense de Carapachay, partido de San Isidro. En ese hecho, la mujer fue herida en la cabeza a culatazos.

Luego, uno de los presuntos autores del robo, Mauro “Pepino” Fabián Díaz, fue interceptado por la policía y trasladado a la seccional de Villa Adelina donde Godoy y Sosa le exigieron 10.500 pesos para liberarlo y la entrega del Citroën C3 de su propiedad en el que iba cuando fue detenido. La negociación entre Sosa y amigos del detenido Díaz quedó registrada en escuchas telefónicas volcadas en la causa, ya que el Nextel de Díaz estaba intervenido por otras investigaciones en curso.

“¿Cómo te va viejo?, escuchá. Bueno ahí hablaste con tu compadre, ¿no? Tiene un quilombito. Vos no le vas a poder solucionar nada, pero no te podés fijar a ver quién puede responder por este muchacho, porque va a estar un tiempito, viste”, es lo que dice Sosa según las escuchas.

En el juicio fue a declarar como testigo un amigo de Pepino Díaz que admitió que fue él quien llevó a la comisaría 10.500 pesos en efectivo, acordados luego de la negociación. Pepino recién fue liberado a la mañana siguiente cuando fue obligado con un certificado 08 a transferirle a Farías, el supuesto testaferro del subcomisario Godoy, el Citroën C3 del detenido, que luego fue vendido en 50.000 pesos en una agencia de autos de la zona. En las escuchas también se escucha a Pepino, en el momento de ser liberado, cuando le cuenta a un amigo que “el taquero se había quedado con su auto y veinte lucas”. En la misma conversación, relató que lo habían “gomeado” toda la noche y que incluso le habían hecho pagar a él la cuenta del bar donde bebieron y comieron los policías.