Analizado desde el punto de vista de los productores, el reclamo tenía sus motivos valederos. Les habían hecho un operativo en febrero y, diez días después, les mandaban otro. “Se están ensañando con nosotros” se escuchó decir a uno de entre el grupo, digamos, de acción directa. Y aunque lo del “ensañamiento” sea fácilmente discutible, no se puede negar que las localidades de Pedro Luro, Mayor Buratovich e Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino, próximo a Bahía Blanca, fueron el epicentro de una serie de rastrillajes de la AFIP en busca de trabajadores contratados en situación irregular y casos de explotación laboral. Y se toparon en un mes con al menos una docena de adolescentes y chicos que trabajaban a la par de los adultos en la cosecha de la cebolla. Los productores se mostraron en desacuerdo. Y ahí vino la parte del reclamo y la acción directa: cortaron la ruta 3, quemaron una camioneta de los inspectores, un puesto policial y una garita del Senasa, al grito de “piden cosas demasiado exageradas”.

La mala suerte o el concepto de que desde la AFIP les tienen idea surge de una coincidencia: los operativos del organismo se desatan en la época de cosecha de la cebolla. “Hacemos los procedimientos en esta época porque sabemos que es costumbre que tomen a chicos para trabajar en la cosecha”, dijo Raúl Ferrara, director de Inspección del Ministerio de Trabajo bonaerense, que también participó de los operativos.

“No contratamos niños, es una costumbre cultural”, corrigió uno de los productores rurales sin que le temblara la voz. Nadie le preguntó si la costumbre cultural incluye el pago ínfimo. Los productores rurales, cansados de tanto control contra la contratación ilegal, acompañados por algunos trabajadores convenientemente seleccionados, a las 5 de la mañana de ayer cortaron la ruta 3 quemando neumáticos que colocaron en fila atravesando la ruta, muy cerca del puente que cruza el río Colorado y que comunica los partidos de Patagones y Villarino.

Los del grupo de acción directa fueron por más. Quemaron una garita del Senasa e intentaron hacer lo mismo con un destacamento policial. Luego, en Pedro Luro, prendieron fuego la camioneta utilizada por los inspectores que se encontraban descansando en el hotel.

Por su lado, el Ministerio de Trabajo de la Nación presentó una nueva denuncia por el delito de aprovechamiento económico del trabajo de niños y niñas, con lo que ya suman 64 las acciones judiciales que se encaran en el marco de la ley 26.847.

La denuncia penal fue realizada a partir de un operativo de fiscalización en quintas de cultivo de tomate y zapallito de la localidad de Arana, partido de La Plata, donde además el 90 por ciento de los trabajadores relevados no estaba registrado. De los 37 que trabajaban en la cosecha, 32 no estaban debidamente registrados, tres eran adolescentes y dos eran menores (no de 75 años sino de 10 y 15), por lo que se radicó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Cámaras. Un total de 80 chicos menores de 16 contratados para trabajar en zonas rurales fueron detectados en distintos operativos del Ministerio de Trabajo en los últimos dos años, cuando se sancionó la ley contra quien se aprovecha económicamente de niños y niñas.

Volviendo al escenario de la protesta contra la legalidad, al quemar el puesto de Senasa estalló un tanque de gas de 45 kilos, lo que prendió fuego un Fiat 147 que estaba estacionado detrás.

Uno de los manifestantes gritaba que “¡piden cosas demasiado exageradas: guantes, barbijos, protectores, pararrayos, mesas para comer!”. A raíz de la situación, los uniformados detuvieron a seis adultos y a unos seis chicos de entre catorce y diecisiete años.

En el lugar de la protesta debieron apostarse integrantes de la comisaría local con el apoyo de otros de la Jefatura Departamental de Bahía Blanca, el Grupo de Apoyo Departamental y de la Caballería, todos con sus respectivos matafuegos.