“No somos policías ni economistas, nuestro objetivo es la salud.” El subsecretario de Prevención de las Adicciones, Claudio Mate, expuso las razones de un decreto que endurece la “ley seca” en la provincia de Buenos Aires. El gobernador Felipe Solá dispuso que los comercios, incluyendo almacenes y supermercados, deberán tener una licencia específica y pagar un canon que variará según la zona, para poder vender bebidas alcohólicas. “Si no cuentan con la habilitación, podrán vender fiambre o azúcar, pero no alcohol”, precisó Mate a Página/12. La medida, que podría aplicarse “a partir de fin de año o a principios de 2004”, complementa una anterior que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en kioscos, polirrubros y estaciones de servicio, los lugares que concentran más jóvenes en torno de una botella de cerveza. Aunque Mate insistió en que no tiene puesto el uniforme, en el decreto se afirma –sin mencionar de qué estudio científico surge– que el alcohol está “vinculado al 70 por ciento de las detenciones por causas penales, al 60 por ciento de los casos de violencia familiar y al 80 por ciento de las peleas con armas”.
En un marco que le otorga una clara relación con las medidas dispuestas en materia de seguridad, otros considerandos del decreto advierten que “más del 28 por ciento de la población general” bonaerense, mayor de 15 años, “abusa del consumo de bebidas alcohólicas” y que el alcohol, como sí ha quedado demostrado en distintos estudios, está “asociado con el 40 por ciento de los accidentes de tránsito con víctimas fatales”. Para obtener el permiso para vender alcohol los comercios tendrán que estar “alejados de las escuelas”. También se tomará en cuenta otra condición que aparece como polémica: “los que pidan la autorización no deberán tener antecedentes, ni como infractores ni como delincuentes”.
Mate aclaró que, además del decreto con vigencia a nivel provincial, el gobierno bonaerense, a través del diputado nacional del peronismo bonaerense Eduardo Camaño, presentó ante el Congreso “un proyecto de ley nacional que impone restricciones a la publicidad de las bebidas alcohólicas y que prohíbe la utilización de figuras del deporte o el uso de los símbolos nacionales en las propagandas”. El funcionario bonaerense recordó que “hay publicidad de cerveza en la que se agitan banderas nacionales y se entonan canciones relacionadas con la nacionalidad para incentivar el consumo de alcohol entre la juventud”.
En el mismo proyecto se propicia que se incorpore al Código Penal, como delito, la venta ilegal de bebidas alcohólicas “que por ahora está considerada sólo como una infracción”. La medida comenzará a entrar en vigencia una vez que se publique la reglamentación del decreto, que otorgará un plazo de 90 días para que los comerciantes se presenten para obtener la licencia que les permitirá vender bebidas alcohólicas. El decreto de Solá creó el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas y las normas serán aplicadas en cada jurisdicción por el gobierno provincial, en acuerdo con los municipios.
“El decreto establece que se aplicarán penas no sólo a los comercios mayoristas, como ocurre hasta ahora, sino también a los distribuidores”, aclaró Mate. Los dueños de los comercios que no cumplan con las normas podrán ser sancionados con multas de 1.000 a 100.000 pesos, y con la clausura del local desde cinco a 180 días. Las multas en efectivo para los distribuidores serán mayores: irán de 30.000 a 500.000 pesos. En el caso de caer en reincidencia, el monto de las multas se elevará al doble y la clausura “será definitiva”.
El subsecretario de Prevención de las Adicciones resaltó que es necesario aumentar los controles porque en materia de venta de bebidas alcohólicas “hay un gran circuito en negro y en ese marco los comerciantes encuentran vericuetos administrativos para obtener habilitaciones: dan otro domicilio en la misma manzana donde está la estación servicio y dicen que se trata de un local gastronómico”. Mate aseguró que con la creación del Registro Provincial “esas maniobras se van a terminar”. Sobre el canon que se cobrará a los comerciantes, dijo que “variará según la zona de laprovincia, ya que no es lo mismo un boliche en un pueblito perdido que vende dos litros de vino por semana que un comercio de La Matanza que vende cien litros de cerveza por día”.
El gobernador Solá, por su parte, insistió en que la medida se impulsa teniendo en cuenta la salud de los bonaerenses. En ese sentido dijo que en la provincia hay “un millón y medio de adolescentes, de entre 13 y 18 años, de los cuales un gran porcentaje muestra hoy signos de exceso en el consumo de alcohol a edad temprana”. Solá sostuvo que se trata de “la adicción más grave que hay en el país” y que por ese motivo “lo que se busca es ir cerrando las bocas de expendio a menores de 18 años”. El gobernador aseguró que las nuevas normas se aplicarán en la provincia “con todo el rigor de la ley”.