Uno de los abogados querellantes en la causa por la que está condenado el sacerdote Julio Grassi, Juan Pablo Gallego, afirmó que está a la espera de una audiencia con el papa Francisco para formularle el pedido de separación formal de la Iglesia Católica del cura, condenado a 15 años de prisión por abuso y corrupción de menores.

Gallego, abogado que representó a uno de los adolescentes que acusó a Grassi por abuso sexual, dijo que las palabras del papa Francisco sobre los curas pedófilos “engloba perfectamente a Grassi, quien está condenado en tres instancias por abuso y corrupción”.

El abogado, que aguarda la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, última instancia a la que apeló la defensa del cura condenado, destacó que “hay otros curas condenados por pedofilia en la Argentina y la Iglesia Católica Argentina ya los separó, como sucedió en Córdoba. No entiendo por qué Grassi tiene este privilegio”.

En este sentido, precisó que “Grassi si quisiera podría oficiar misa, no lo hace porque está en la cárcel, a fin de año quiso organizar un pesebre en el penal, todo esto es visto con mucho dolor por los chicos a los que abusó”. Por este motivo, Gallego aseguró que “hace un año y medio solicité una audiencia con el papa Francisco como abogado de este caso y, cuando se me conceda, le pediré la separación de Grassi de la Iglesia Católica, tal como sucedió con otros sacerdotes condenados en la Argentina”.

La condena a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de un menor que tenía en guarda judicial en la Fundación Felices los Niños fue confirmada en tres instancias judiciales, la última la Suprema Corte bonaerense. La defensa del cura apeló a la Corte Suprema de la Nación, que no tiene plazo para expedirse sobre el caso.

Por su parte, César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), advirtió que “la tolerancia cero al abuso de niñas y niños, al menos en Argentina, no ha llegado y no se aplica”. “Muy por lo contrario –señaló–, seguimos denunciando la complicidad y el ocultamiento sistemático de los obispos frente a los abusos de sus sacerdotes y monjas. Además del elemental pedido de perdón, de intentar reparar el daño realizado en los miles de niñas y niños, debería finalizar la práctica de la Iglesia de silenciar y tapar las denuncias, de interferir en la Justicia, de poner en duda y relativizar las denuncias y testimonios de los niños/as abusados”.

“Esto es lo que sucedió en nuestro país –dijo Cigliutti– el 24 de septiembre de 2013, con Francisco I como Papa, cuando frente a la detención del sacerdote Julio César Grassi, el obispo de Morón planteó públicamente sus ‘dudas’ frente a los abusos confirmados por la Justicia.” También recordó que el 18 de noviembre de 2013, el obispo Ricardo Faifer, de la ciudad correntina de Goya, confirmó públicamente que pagó la fianza y dejó en libertad al sacerdote Domingo Pacheco, que estaba preso desde el año 2011 acusado de abusar de un menor.