“Veo sueños rotos y ausencia del Estado.” La jueza Elena Liberatori definió de esta manera la situación de las 98 familias que habitan en el Elefante Blanco, una torre a medio construir, en el barrio de Mataderos, que se convirtió en vivienda precaria y que hoy tiene en su corazón una mezcla de basurero y cloaca a cielo abierto. La Justicia tuvo que intervenir ante la falta de políticas públicas, por una acción de la Defensoría General porteña, y ayer la jueza, en una recorrida de más de dos horas, comprobó lo poco que se había avanzado en el cumplimiento de su orden judicial de sanear el edificio y dotarlo de las más mínimas condiciones de seguridad.

El Elefante Blanco es un esqueleto de cemento abandonado desde hace medio siglo, cuando la llamada Revolución Libertadora dejó de lado el proyecto de construir un hospital para atención de la tuberculosis. Está sobre la avenida Piedrabuena, a cinco cuadras de Eva Perón y la General Paz, junto a la villa conocida como Ciudad Oculta.

En la planta baja y en los dos primeros pisos se construyeron viviendas precarias, hasta donde llega el agua por un tendido de caños, y desde donde se descargan los desechos hacia un espacio común: el vaciadero, ubicado en un hueco del edificio, donde se acumula también la basura.

“Queremos salir de aquí o que por lo menos arreglen el problema del agua, las cloacas, la basura. Vivimos en medio de las ratas y los mosquitos”, dice a Página/12 Héctor Delfino, que vive con su esposa y sus dos chicos chiquitos en el último espacio libre que quedó: una pieza de uno y medio por cuatro, en el primer piso del edificio, donde sólo entra a lo ancho un colchón de dos plazas, húmedo por las goteras permanentes.

La jueza recorre el edificio y habla con los vecinos. Entra a las viviendas. Se estremece con los reclamos. Como en el departamento de Julia, que tiene el departamento más grande pero el peor ubicado, en el subsuelo: en un hueco de su espacio cae la basura que ella debe sacar cada tanto, y desde el agujero del piso, cuando llueve, desbordan las aguas servidas que le inundan la casa. Julia vino a ese edificio cuando tenía ocho años, creció ahí y hoy, con 35, ya tiene diez hijos y dos nietos. Todos viven ahí, incluidas dos nueras.

“Los chicos están con diarrea”, cuenta la mujer, mientras va guiando a la jueza por los recovecos de su refugio. Dice que es por el agua, que llega contaminada porque los caños están rotos. El ambiente no tiene luz ni ventilación y por eso el aire se hace más espeso, difícil de respirar. A la jueza se le escapa un sollozo y le pide disculpas a Julia.

Liberatori había dictado el 20 de noviembre una resolución por la cual ordenó al Gobierno de la Ciudad que “en forma urgente” proceda a “la limpieza del basural ubicado en los subsuelos del edificio, la limpieza periódica de los tanques de agua, la fumigación y desratización en forma periódica, la provisión de agua potable para las personas que habitan en el complejo y la colocación de barreras físicas en ventanas y huecos”, para evitar el lanzamiento de basura. La jueza adoptó esa resolución ante un pedido del defensor Ramiro dos Santos, que patrocinó a la junta vecinal.

“Fumigaron y limpiaron los tanques, pero el agua sigue contaminada porque los caños están pinchados y pasan por debajo del basural”, dice Graciela Leiva, que ya no vive en el barrio pero impulsa el reclamo junto a algunos vecinos, y sigue al frente del comedor Elefante Blanco. Graciela va guiando a la comitiva por el edificio, que conoce como la palma de su mano. La siguen la jueza Liberatori, el defensor general Horacio Corti, la asesora tutelar Norma Sas y funcionarios del gobierno porteño.

Uno de ellos, el director de Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Social, Pablo Mazzino, le dice a la jueza que ya han llamado a licitación para la limpieza del sótano y la construcción de un desagüe que conecte los caños que vuelcan los desperdicios de cada sector a la cloaca que pasa por la avenida Piedrabuena. Eso demandará no menos de 150 días.

“Yo soy el de los perros”, se presenta Ricardo Torres, antes de mostrar a la jueza su departamento, uno de los pocos del segundo piso, medio inundado por el agua que se filtra desde los tanques. En ese piso, sembrado de columnas de hormigón y escombros, se filmaron varias escenas de Elefante Blanco, la película de Pablo Trapero que protagonizó Ricardo Darín.

El problema sanitario afecta a las 98 familias que viven dentro de esa mole y a otras 200 que se asentaron alrededor. “Vivimos en medio de una plaga de mosquitos y chinches”, dice Mónica, una de las vecinas. Desde lo alto se ve la basura acumulada y un enjambre de ratas que deambula entre los desperdicios. La desratización no tuvo el efecto esperado.

Las cosas no fueron siempre así. “Cuando estaba la Fundación de Madres de Plaza de Mayo hicimos la limpieza del basural y con una bomba se desagotó todo el subsuelo”, cuenta Ricardo, que trabajó para aquel proyecto y hoy integra una cooperativa en el barrio.

Testimonio de aquellos tiempos es el sector que había recuperado la Fundación que dirigía Hebe de Bonafini. “Aquí todavía están las computadoras, las máquinas de coser con las que se hacía la ropa de trabajo y las cortinas de las viviendas que construían, también funcionaba un jardín maternal. Todo quedó abandonado”, cuenta Graciela Leiva, que también participó de ese proyecto que se llamó Sueños Compartidos. “También quedaron a medio terminar las viviendas que estaban construyendo en la villa 15”, el barrio que está ahí pegado, agrega.

El defensor Dos Santos denunció que el gobierno “no cumplió con los puntos principales de la orden judicial” y dijo que el plan que presentaron “cuando los plazos estaban vencidos, carece de precisiones de plazos y presupuestos de obras”.

“Veo sueños rotos”, dice Liberatori, y la frase evoca tanto al hospital que no fue como al proyecto que quedó trunco. “Y un Estado ausente durante años.” “Hoy los funcionarios se comprometieron a hacer las obras, espero que cumplan –concluyó la jueza–. Aunque la esperanza es una impostora.”