El intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Rogers, el mismo que sorprendió en 2009 al oponerse al cierre del burdel del pueblo con el argumento de que “el cabaret es un lugar de contención para los jóvenes”, ahora acaba de ser procesado por el delito de trata de personas para explotación sexual junto al comisario Carlos Alanís y al dueño del prostíbulo en cuestión, llamado Good Night.

Tanto al jefe comunal como al policía se les imputa haber brindado apoyo para el sostenimiento del cabaret. La Justicia encontró casos de jóvenes reclutadas para ser esclavas sexuales. La causa se inició en 2009, impulsada por la fiscal provincial Alejandra Ongaro. En 2011, el entonces procurador Esteban Righi dijo que el caso debía ser analizado por la Justicia federal ante una posible “existencia de una fluida relación entre el propietario del local y algunos funcionarios del lugar, a quienes la denuncia adjudica connivencia política y policial”.

Rogers es intendente por el PJ en Lonquimay, una localidad de 1500 habitantes a 60 kilómetros de Santa Rosa, sobre la Ruta 5. En noviembre de 2013 fue citado a indagatoria, pero se negó a declarar. Los procesamientos fueron dictados el 30 de abril por la jueza federal Iara Silvestre. Tal como advirtió Página/12 en su edición del 30 de junio del año pasado, la causa estaba llamativamente congelada por los dos jueces que tuvieron el expediente antes de que llegara a manos de Silvestre. Alanís, en 2009, estaba a cargo de la subcomisaría local. Actualmente es jefe de la Comisaría Departamental de General Acha, de acuerdo con el organigrama que figura en la página web oficial de la Policía de La Pampa. Es decir, desde que fue denunciado por el delito de trata, el policía fue ascendido por el gobierno provincial.

Además de Rogers y Alanís, el tercer procesado es el propietario del burdel, Eduardo Mauricio Fernández. La jueza dispuso en los tres casos que no quedaran detenidos. Pero el fiscal federal Juan José Baric, que llevó adelante la investigación, adelantó que apelará la decisión. Si quedan firmes los procesamientos, irán a juicio oral y público.

Rogers no sólo se pronunció en contra del cierre del local sino que también fue el encargado de otorgar la habilitación bajo el rubro “Servicios de salones de baile”, pero sabía que funcionaba de otra manera: él mismo fue quien firmó las libretas sanitarias de las chicas que allí se encontraban explotadas sexualmente, según se desprende de la investigación que llevó adelante la Fiscalía Federal de La Pampa. En las libretas sanitarias figuraban los estudios ginecológicos que les exige el municipio para... servir copas. Fernández, quien era dueño del prostíbulo Good Night, fue procesado por el delito de participación primaria por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por ser tres o más las personas que cometieron el delito y por ser más de tres las víctimas, en concurso ideal por sostenimiento de una casa de tolerancia. El intendente y el comisario fueron procesados por los mismos delitos, pero en su caso agravado además por ser funcionarios públicos.

Hace unos días, la jueza había recibido un pedido para que se apurara a resolver la situación procesal de los acusados, en una nota firmada por el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (Protex), Marcelo Colombo; el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, y el fiscal federal Baric.

En la causa “surge claramente” la relación entre quien se desempeñaba en 2009 como comisario y el dueño del prostíbulo, a partir de testimonios de distintos testigos y de algunas actas que, increíblemente, el mismo jefe policial realizaba para acreditar las deudas de mujeres con su explotador y su presencia en el cabaret.

La causa se inició el 4 de julio de 2009 cuando el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Fernández, por presuntas irregularidades en su local Good Night. La averiguación llevada adelante también vinculó al comisario y al intendente con la actividad ilegal de Fernández.