La causa judicial en la que fue procesado el intendente de Lonquimay, Luis Rogers, se inició en 2009 por tres caminos diferentes, que confluyen en el cabaret Good Night.

Por un lado, el 4 de julio de ese año se intervino el teléfono del propietario del lugar, Carlos Javier Fernández, a partir del pedido del entonces jefe de la Brigada de Investigaciones UR-I, comisario Carlos Alberto Chico, ante la sospecha de la presencia de mujeres víctimas de trata en el cabaret.

Unos meses después, en septiembre de 2009, una joven oriunda de Salta, sumamente humilde, denunció que había sido explotada sexualmente en el lugar y que su dueño no la dejaba salir y mucho menos regresar a sus pagos. Había viajado hacia allá con Marisol, una compañera nacida en la República Dominicana. Según surge de la causa, la muchacha, cuyas iniciales son L. D., “refirió ante las autoridades policiales que se enfermó de los pulmones y no fue llevada al médico ni le compraron medicamentos, y que Carlos Javier Fernández le dijo que tenían que hacer plata y que los problemas de ellas no le importaban. Incluso Fernández las amenazaba diciéndoles que si se escapaban las haría buscar por la policía. Para irse del lugar debieron dejarle sus pertenencias, ya que le ‘debían’ dinero por gastos de comida y elementos de higiene”. Increíblemente, ese arreglo está documentado a fojas 107/112 donde el entonces subcomisario Carlos Alanís “refrenda la extraña situación”. La joven L. D. ratificó los padecimientos sufridos en el burdel al prestar declaración testimonial en la Fiscalía Nº 2 de San Salvador de Jujuy. En 2009, el testimonio de la muchacha reavivó los intentos de cierre del cabaret en Lonquimay.

En ese entonces, otras ciudades de La Pampa –la primera fue Santa Rosa– dictaban ordenanzas para prohibir whisquerías, cabarets y otros eufemismos que se suelen usar para encubrir burdeles en los que se explotan sexualmente mujeres, muchas veces víctimas de trata. El Concejo Deliberante de Lonquimay amagó con votar una norma en ese sentido, que le pondría la faja de clausura a Good Night. Pero sorpresivamente fue el propio intendente Rogers quien salió a defender el funcionamiento del local nocturno, con declaraciones que tuvieron repercusión nacional. Dijo que no iba a cerrarlo porque era “un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros”. Y fue más allá: “Un cabaret es un lugar de contención espiritual, de satisfacción y de alegría, para gente que está sola y busca tener un rato de esparcimiento”, sostuvo públicamente. Estas declaraciones son parte de la imputación de los fiscales en su contra y de su procesamiento.

La tercera causa que se abrió en torno del Good Night se originó a partir de una denuncia judicial realizada el 24 de octubre de 2009 por una mujer que trabajó desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay. La mujer dijo que Alanís tenía una relación muy fluida con el intendente Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaret.