La víctima, cuyo nombre se reserva, ahora tiene 28 años. Quienes lo vieron y hablaron con él dicen que encaja con el estereotipo discriminatorio de “pibe chorro”. Es pobre, su tez es morena, le faltan varios dientes, es cortante y a menudo mal arriado para hablar o contestar.

Estuvo varios años preso. Está habituado a los malos tratos y a las golpizas... y a callar después. Conocía y acataba reglas no escritas que se inculcan a golpes y suelen gravitar más que las otras. Lo que esa vez cambió, la gota que rebasó su vaso fue que como parte de la tortura, los agentes penitenciarios Héctor Miguel Aguilar y Jorge Raúl Rolón le introdujeron un palo de goma en el ano. Por eso denunció, se convirtió en querellante y se animó a ser el principal testigo en el expediente.

El 16 de mayo los agresores fueron condenados a ocho años de prisión por esas torturas, cometidas hace casi cuatro años en la Alcaidía de Tribunales. El veredicto lo dictó el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 que integran los jueces Luis María García, Ana Dieta de Herrero y Fernando Ramírez. Los fundamentos se conocerán el 30 de mayo. La causa lleva el número 4076. Sostuvieron la acusación el fiscal Julio César Castro y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba.

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Así, según consta en las actas del proceso, habló la víctima en la audiencia inaugural realizada en marzo de este año. Se transcribe textual, omitiendo alguna repetición.

“Yo viví cuatro años en la cárcel, perdí dientes, me ha pegado la requisa una banda, me han cagado a... ustedes saben cómo, cómo es el Servicio Penitenciario... rompele la cabeza hasta que aprenda, es así, no es que... pisalo. Entonces... cuando me llevaron para ahí, yo lo único que pedía era el reintegro, quiero volver al penal, quiero volver al penal, bueno.

(...) Yo no estaría acá sentado si solamente me hubiesen pegado, porque me pegaron en un montón de cárceles: en Rawson, en el Chaco, pero de onda, como deporte, pegar por pegar, pegar para que te portes bien y si te portás bien pegarte igual porque se pega.

Yo en realidad pensé que me habían metido un algo, no vi, no vi, lo único que vi es que sentí un redolor. Sentí el dolor, y como le digo, yo no estaría acá si no hubiera pasado todo lo que pasó. En realidad, yo no tengo una denuncia contra el Servicio Penitenciario Federal, porque no... porque la cárcel es así, uno no puede estar denunciando al mismo que te abre la puerta o tenés que estar ahí mediando...”

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La agresión se produjo alrededor de la una y media de la madrugada del 6 de agosto de 2010. La víctima se encontraba en el hall principal de la Alcaidía (Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal) durante el traslado desde el Cuerpo Médico Forense a una celda. Había llegado ahí desde el penal de Marcos Paz, con heridas varias consecuencia de una paliza.

La víctima denunció así a los penitenciarios: “Procedieron a desvestirme y arrojarme al suelo, para luego aplicarme golpes en distintas partes del cuerpo, mientras Rolón me introducía un palo de goma en el ano”.

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La condena es la primera para torturas cometidas en la mencionada Alcaidía, sita en el llamado (con más petulancia que precisión) Palacio de Justicia.

Para quienes no lo sepan, “el Palacio” ocupa una manzana enclavada en pleno centro porteño, a algo así como quince cuadras de la Casa Rosada, a una distancia similar del Congreso. La Alcaidía está tres pisos por debajo de los despachos de la Corte Suprema de Justicia.

Los baqueanos del foro saben que la primera condena no alude a que esa haya sido la primera vez que se hayan cometido torturas allí, para nada. De ahí que ese aspecto pionero tenga un sentido simbólico digno de remarcar.

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Nunca es sencillo ni gratis para la víctima sentarse frente a sus victimarios, menos que menos si éstos tienen un grado de autoridad o de poder a su respecto. Los integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) lo saben y por eso trataron de amedrentar al joven querellante, que fue solo a las audiencias.

Fue conspicuo, relatan los fiscales, el apoyo formal y personal de las autoridades del SPF. El fiscal Córdoba denunció, no bien comenzó la primera audiencia, que los dos acusados realizaron “actos de intimidación” contra la víctima: los ex guardiacárceles se pararon detrás del hombre torturado y abusado en “clara afectación ante la administración de justicia”. Así lo consigna el portal Fiscales.gob.ar del cual se extrae parte de la información de esta nota.

En una ocasión, la Fiscalía pidió que se retirara un oficial uniformado del SPF sentado entre el público porque eso era una presión abusiva contra el querellante. Quien presidía el Tribunal le respondió, con monotonía, que no hay reglas sobre la vestimenta del público. El Tribunal Oral dictó una sentencia elogiable, pero su actitud en ese trance fue burocrática y reveladora de un factor predominante en los tribunales que es no ponderar la ecuación subjetiva de la víctima de un hecho brutal. Sus temores, el temor reverencial que se produce. Las academias de derecho enseñan esas cuestiones pero son contados los jueces que las toman en cuenta en sus trajines cotidianos. Al fin y al cabo, ellos también conviven con el personal de seguridad.

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Puede venir a cuento una digresión. Hace pocas semanas, terminó el primer juicio por jurados en la provincia del Neuquén. La presidenta del jurado, una ama casa de 25 años, dialogó con la periodista Irina Hauser para este diario y para Radio Nacional. Los jurados neuquinos son doce, seis varones y seis mujeres. La presidenta fue elegida por sus pares para decidir un juicio por homicidio. Un joven estaba acusado de haber matado a otro. La ciudadana-juzgadora comentó que cuando vio a las dos familias en la sala pensó que su responsabilidad era enorme porque la decisión haría sufrir a una de ellas. Y que le dio que pensar la corta edad del procesado.

Hubo condena, pero lo que importa, a los fines de esta columna, es que una persona de a pie pensó en paridad en víctimas y victimarios, en sus familias, en el peso de las decisiones. No es tan frecuente que jueces de carrera hagan lo mismo.

Esto no es un alegato de cierre sobre el juicio por jurados, tema complejo por demás. Apenas una pincelada sobre el modo en que piensan (u omiten o desprecian) demasiados jueces cotejados con cómo puede hacerlo una persona profana del común, dotada de sensibilidad y espíritu democrático.

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El apoyo institucional del SPF a los condenados fue constante y no ajustado a derecho. La reglamentación interna de la repartición prohíbe, desde el año 2011, que sus abogados atiendan a sospechosos de haber cometido apremios o tortura. Sin embargo, sus letrados los asistieron hasta la iniciación del juicio oral. Desde entonces, lo hizo la defensoría oficial.

No fue el único acto de solidaridad activa, para nada. Rolón fue ascendido luego de los delitos que se le imputaron. Un premio revelador que el Tribunal Oral desbarató.

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La “violencia institucional” es una llaga del sistema democrático. La continuidad de las violaciones de derechos humanos, tolerados o amparados por el Poder Judicial y a menudo por el político.

El caso reseñado es uno entre tantos, con la originalidad relativa (muy minoritaria en términos estadísticos) de haber llegado a una sentencia condenatoria justa que incluye la inhabilitación perpetua para los dos procesados.

La decisión puede ser recurrida por la defensa ante la Cámara de Casación. Es el derecho de los acusados (que siguen en libertad) y el deber de sus letrados: se hará. La Fiscalía, cuyo desempeño fue ejemplar, no apelará aunque había pedido condenas por quince años: la diferencia no la habilita a pedir revisión.

En el tiempo transcurrido desde las torturas, el joven cumplió su pena y está en libertad.

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