Estudiantes y docentes nucleados en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha se movilizaron hasta el Ministerio de Educación porteño, para reclamar el reconocimiento de siete establecimientos populares que hasta hoy no pueden otorgar títulos oficiales ni recibir recursos ni salarios docentes por no tener aval oficial. Además, exigieron para los otros 15 bachilleratos que sí están reconocidos un financiamiento integral para infraestructura y materiales, ya que el gobierno macrista los incluye dentro de su oferta educativa oficial a la hora de brindar las estadísticas de sus logros, pero no les da igual trato que a otros colegios a la hora de solventar su funcionamiento.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cerró el año pasado el registro de bachilleratos populares en el que las instituciones se anotaban y luego obtenían el reconocimiento oficial. Pero hoy existen siete nuevos bachilleratos populares con estudiantes que cursan y docentes que dan clases todos los días, que no pueden otorgar títulos oficiales, como sí lo pueden hacer el resto de los bachilleratos de la ciudad. “El macrismo decidió cerrar unilateralmente y sin previo aviso el registro y no tuvimos más forma administrativa de introducir bachilleratos”, explicó Melina Ons, integrante de la coordinadora y docente del bachillerato popular Raymundo Gleyzer. “Lo que venimos a exigir es el reconocimiento de bachilleratos que ya existen, que ya dieron muestra de que pueden llevar adelante una educación para muchos y muchas.” “Así como el Gobierno de la Ciudad tiene muchas falencias en la educación inicial, también la tiene en la educación para adultos”, advirtió.

Norma tiene de 40 años y es estudiante del bachillerato popular Darío Santillán, ubicado en el barrio de Barracas. Asegura que participa en la movilización para que le paguen a sus docentes y afirma que “la experiencia de estudiar en el Santillán no es igual a ninguna otra: dejé el colegio hace muchos años y ahora puedo volver a intentar terminarlo”.

Los bachilleratos nacieron en su mayoría después de la crisis de 2001 para cubrir uno de los tantos espacios que el Estado dejaba vacíos. Jóvenes y adultos que no habían podido terminar la secundaria se anotaron para cursar en fábricas recuperadas o en centros sociales y culturales. Hoy son más de cuarenta en todo el país. Los gestionan militantes de organizaciones sociales y tienen una propuesta pedagógica alternativa al sistema educativo formal.

Casandra Castellano profesora del bachillerato popular El Arbolito, de la Unión Solidaria de los Trabajadores de Wilde, afirmó que “la diferencia con la escuela convencional es la forma de enseñar, en una se usa la ‘educación bancaria’, donde los alumnos se sientan y otros depositan información, mientras nosotros lo que hacemos es compartir y aprender entre todos”.

Según Ons, los estudiantes “no dejaron la escuela, sino que la escuela los dejó a ellos, por diversos motivos que tienen que ver con desigualdades preexistentes” al ingreso de la escuela. Alexis y Alan, que estudian en el Germán Abdala, de La Boca, comentan que “está muy bueno estudiar ahí porque los maestros te entienden, no es como una escuela convencional que muchas veces no te aceptan o por ahí no te entienden los problemas de trabajo o de familia”.

“Los bachilleratos populares no son una alternativa a la escuela pública, sino que acompaña la misma lucha de los docentes y estudiantes de la escuela pública, y en nuestro caso una escuela pública popular”, concluye Ons.

Informe: Laura Guarinoni