Con una resolución ministerial amparada bajo el dispuesto Plan de Emergencia en Seguridad bonaerense sostenido por decreto, Alejandro Granados anunció que reabrirá las celdas de comisarías que habían sido cerradas en los últimos años. La supuesta solución presentada por el gobierno de Scioli consiste en volver a alojar detenidos en comisarías, que habían sido vaciadas por orden de la Corte Suprema en el conocido como fallo Verbitsky, a partir de 2005. El argumento de la urgencia para destinar espacios para detenidos surge luego de la fuerte actividad de la Bonaerense iniciada tras la emergencia, hace un mes y medio, y que agudizó el aumento de detenciones que viene ocurriendo desde hace dos años, sin que las cifras de las tasas delictivas se hayan modificado, es decir, sin que se logre demostrar que las detenciones masivas solucionen nada. La resolución, con el número 642, desató fuertes críticas incluso dentro del oficialismo. La senadora de NE Mónica Macha, presidenta de la Comisión de DD.HH. y Garantías del Senado provincial, sostuvo que “volver a detener personas en comisarías es un claro retroceso en materia de DD.HH.”.

La medida de Granados apunta a unos 200 calabozos que habían sido cerrados entre 2011 y 2012, por pésimas condiciones edilicias, prácticamente todos no por iniciativa del Ejecutivo, sino por orden judicial.

En mayo de 2005, la Corte Suprema de la Nación dictó el fallo sobre hábeas corpus colectivo interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales, que sostenía como parte del nudo de la cuestión que “... si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos”. El fallo de la Corte derivó en la Suprema Corte bonaerense la decisión de cesar el agravamiento en las detenciones. Agravamiento que se verificó en las cárceles abarrotadas que desbordaban de detenidos que terminaron siendo alojados en comisarías. El tratamiento, en semejantes condiciones de detención, fue considerado indigno y derivó en responsabilidades internacionales del Estado argentino.

“La inhabilitación de numerosos calabozos de dependencias policiales ha impactado en forma negativa respecto de las condiciones de alojamiento de detenidos en los lugares que se encuentran actualmente habilitados”, sostuvo Granados en los fundamentos de la medida y añadió que “por razones de celeridad resultaría apropiada la utilización de la totalidad de las plazas existentes en ámbitos policiales”. Por el momento, no ofreció más data que un comentario para sostener su decisión: las cifras de la seguridad “van mejorando de manera sensible”, aseguró al momento de lanzar su resolución 642. Consideró como muy positiva la decisión de declarar el “estado de emergencia”. Y, paradójicamente, agregó que “no me gustan para nada las estadísticas, pero por supuesto yo las analizo día a día con mis colaboradores”. Como el prestidigitador René Lavand, contó una historia, la de la necesidad de aumentar la cantidad de celdas, mientras ocultó el reverso de las cartas, que el aumento lo generó la política implementada bajo sus órdenes, sin demostrar mejoría en cifras, ya que, como justificó, muestra poco afecto a las estadísticas.

“Repudiamos cualquier expresión en la que se avasallen los derechos humanos –salió al cruce la senadora de Nuevo Encuentro, Mónica Macha, cuya comisión tiene injerencia directa en la decisión de Granados– y estamos convencidos de que este tipo de resoluciones no son efectivas para la prevención del delito. Una medida de este tipo es claramente contraria a las políticas de seguridad democrática.” Y agregó que “esta resolución va en contra de la responsabilidad del Estado de no tener personas detenidas en comisarías y vuelve a traer problemas del pasado como el hacinamiento”. Macha se refería a los períodos de hacinamiento previos al fallo Verbitsky, durante el período de gobierno de Carlos Ruckauf, que desembocaron en la crisis de hacinamiento y violencia carcelaria que derivó en el fallo de la Corte.

El dirigente de la Coalición Cívica-ARI bonaerense Walter Martello sostuvo que la resolución “va a generar un efecto en la seguridad opuesto al que se busca, porque va a pasar a requerirse custodia para alojados y se tendrá que destinar personal que debería estar en las calles”.

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