El barrio Padre Mugica lleva consigo la marca del abandono y la sospecha. Donde debería existir un Estado presente sólo llega la Policía Metropolitana. Una suma de reclamos surtidos de sus vecinos nunca fueron escuchados: no hay asfalto en varias calles ni luminarias, tampoco mantenimiento del espacio público, pero sí ratas. La falta del servicio de recolección de residuos transformó al complejo habitacional de avenida Castañares y General Paz en una zona liberada para los roedores. La presencia del gobierno porteño en el lugar quedó patentada la semana pasada cuando acompañó un allanamiento de la Justicia Federal. La orden estaba basada en la Ley de Estupefacientes. Sumada al operativo, la fuerza policial que responde al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, clausuró varios puestos de venta. Son pequeños comercios para economía de subsistencia. La diputada del Frente para la Victoria Claudia Neira presentó un proyecto de declaración en la Legislatura donde denunció el estado calamitoso del barrio, pero el PRO rechazó su tratamiento.

Mabel Quiroga, referente del comedor La Misión, ubicado en el complejo y militante de la Corriente 20/21, informó: “Los vecinos venimos pidiendo luz, calles, desinfección y el Gobierno de la ciudad nos manda inspectores en medio de un allanamiento de la Metropolitana y la Justicia Federal”. La mujer alimenta a unos 300 chicos del barrio en condiciones muy precarias y bajo un techo de chapa que la policía pretendió retirar.

La legisladora denunció en su proyecto que “realizar acciones intempestivas con el supuesto objetivo de ‘ordenar’ un espacio público que ha sido literalmente abandonado, revictimiza a aquellas familias que tanto vienen sufriendo desde hace años. Más aún, realizar estas acciones en ocasión de allanamientos por la Ley de Estupefacientes –allanamientos realizados con gran despliegue de la Metropolitana y que tuvieron poco o nulo resultado– desvirtúa el sentido que debe tener la presencia eficiente y ordenadora del Estado...”.

En el barrio conviven familias que llegaron desde la ex Villa Cartón y provenientes de precarias casillas levantadas a orillas del Riachuelo. Hoy comparten el mismo territorio, un complejo de monoblocks de cuatro pisos con patios internos, aunque todavía sigue en obra. El problema más grave que tienen sus nuevos moradores es la ausencia casi absoluta del Estado porteño. La falta de mantenimiento del espacio público es la más evidente. Y desde el ministerio del área que conduce Edgardo Cenzón se pasan la pelota con otros organismos del mismo gobierno. Por ejemplo, en la recolección de basura.

Neira visita el barrio un par de veces a la semana y dijo a Página/12 que “las ratas tienen el tamaño de un gato. Hice pedidos de desratización hace meses y siempre me encontré con respuestas evasivas”. Esta situación, sumada a la acumulación de residuos en las calles, provoca, según la diputada, “un peligro inminente para la salud de los habitantes del barrio, especialmente para los niños y niñas, que son quienes utilizan el espacio público como ámbito de esparcimiento cotidiano”.

El barrio Padre Mugica fue construido con fondos federales y, como en sus viviendas se alojaron familias que vivían junto al Riachuelo, el allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal Nº 12. Está a cargo de Sergio Torres, el magistrado que entiende en la causa sobre el saneamiento del Riachuelo y el control de los contratos celebrados por las empresas encargadas de realizar la tarea, como también el nivel de ejecución presupuestaria destinado a ello.

En su proyecto de declaración para señalar la falta de compromiso del gobierno porteño con el complejo cercano a la autopista Riccheri, la legisladora señala: “Las plazas internas nunca han recibido la limpieza ni el mantenimiento necesario, que son realizados en reiteradas ocasiones por los vecinos”. También agrega que “los juegos para niños y niñas nunca han recibido reparación y los areneros tampoco el tratamiento necesario para evitar las enfermedades derivadas de la arena en estas condiciones. De hecho, hemos tomado conocimiento de algunos casos de infecciones provocadas en la piel de los niños por los gérmenes de esos espacios”.

El barrio Padre Mugica comenzó a ser habitado en abril de 2011. La historia de muchos de sus vecinos es una historia de desamparos. Tras el incendio de Villa Cartón el 8 de febrero de 2007 –cuando Mauricio Macri todavía no había llegado a la Jefatura de Gobierno–, 465 familias quedaron a la intemperie. Vivían hasta ese momento debajo de la Autopista AU7. Después del siniestro fueron a parar al centro de evacuados del Parque Roca, cuyo suelo estaba contaminado.

Neira escribió en su proyecto que aún son muchos los beneficiarios de la ley 1987 a quienes todavía no se les asignó una vivienda. La norma sostiene: “Se garantizará en primer término el derecho a la vivienda a la totalidad de las familias habitantes del ‘Asentamiento AU7’, según el censo realizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

La mayoría del PRO en la Legislatura rechazó el jueves pasado el tratamiento sobre tablas de su proyecto de declaración. La situación de precariedad medioambiental de las mismas personas que sobrevivieron a un incendio durante la gestión de Jorge Telerman y a la contaminación del Centro de Evacuados, con Macri ya en el gobierno, continúa. La diputada Neira sostiene que “se reproduce la misma situación de abandono”.

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