SOCIEDAD
› INDEMNIZAN A DUEÑOS DE UNA CASA ALLANADA POR ERROR
Cuando falla el olfato policial
La Federal buscaba a un contrabandista en Caseros, pero allanó la casa de un vecino. Ahora debe pagar por daño psíquico y moral.
› Por Horacio Cecchi
Un fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal porteña sentenció al Ministerio de Interior al pago de una indemnización de 56 mil pesos a una familia por daños morales, psíquicos y la destrucción de su propiedad, en la localidad de Caseros. Los daños, si es que se los puede denominar así, corrieron por cuenta de policías federales que después de una minuciosa investigación en una causa por drogas y contrabando, allanaron la vivienda equivocada. Durante una hora revisaron, destrozaron, y aterrorizaron a la pareja dueña de casa, a su bebé de 8 meses, y a la cuñada que vivía en el piso de arriba con su hijo de un año y medio. Hasta que descubrieron que habían errado en el cálculo de las puertas. El fallo en primera instancia ordenaba una indemnización de 116 mil pesos. Una de las mujeres, aún hoy, cuando escucha una sirena tiene una reacción refleja e inevitable: llora.
El juez en lo penal económico Julio Cruciani investigaba a un contrabandista relacionado con narcos, un tal “Pino”, que vivía con su pareja y sin hijos en alguna parte de la localidad de Caseros. La duda se disipó cuando la inteligencia de la Federal entregó el dato: “Pino” vivía en Doctor Rebizzo 5650, de Caseros. Aunque no daban demasiadas precisiones: la orden de allanamiento de Cruciani indicaba “Rebizzo 5650, unidad de los fondos, pudiendo corresponder al tercero en orden según se ingresa, planta baja y alta”. El “pudiendo corresponder” dejó al arbitrio de una veintena de gigantes armados del GEOF la decisión de qué es lo que correspondía.
Gabriel Di Rizzo, por entonces de 25 años, vivía en la unidad 4 de los fondos, junto a su mujer, Miriam Agüero, de 30, y su bebé de 8 meses. En la planta alta vivía Delia Agüero, de 27, hermana de Miriam, su marido Jorge Molina, y su hijo de un año y medio. El 9 de septiembre del ‘98, a las 3 de la madrugada, todos los habitantes de la unidad 4 (salvo Molina, que se encontraba en el trabajo) dormían, cuando un fogonazo, seguido de un estallido, estruendo y una puerta molida a palos les dijo que algo pasaba.
“¡Al piso! ¡Al piso!”, gritaban desaforados unos gigantes de negro con armas largas con luces, según describió Di Rizzo más tarde. Y el dueño de casa y su mujer, así como estaban (semidesnudos) quedaron cuerpo a tierra a los costados de la cama. “Mi hijo, mi hijo”, rogaba Miriam por su hijo, que se encontraba en el cuarto de al lado. “Callate que sos boleta”, amenazó uno de los de negro. La mujer insistió y el tipo se violentó: “Callate que acá no hay chicos”. Miriam se desvaneció y al marido, que intentó ayudarla, lo acostaron de un culatazo y le colocaron esposas. A la mujer la llevaron al otro cuarto y allí, después de descubrir al bebé, comenzaron a sospechar que algo no encajaba. Entretanto, un grupo subió a la planta alta. Delia, aterrada, tomó a su hijo y se escondió en el baño, hasta que decidió hacerse ver. “Dónde está Pino”, la interrogaron. Y la mujer, sin entender, dijo: “Es el vecino de al lado”.
“¡Error!”, gritó uno de los policías y salieron como tromba hacia el departamento 3. No acabó allí el mal trago. Durante seis horas, hombres de civil intentaron comprometer a los del 4 con el tal “Pino”. Finalmente, les hicieron firmar un acta donde afirmaban que la policía había ingresado a la vivienda con permiso y sin violencia. Aterrados, durante más de un año dudaron en hacer una denuncia. Hasta que se decidieron. Representados por los abogados Héctor Campos y Gabriela Colazo, lograron describir ante la Justicia la pesadilla con la que todavía siguen soñando.