Vecina al estadio de Huracán, del que la separa apenas una escuela, la sede central de Iron Mountain (IM) en Parque Patricios oculta algo más que la historia de archivos incendiados y sospechas por lavado de dinero que investiga la Justicia. Después de leer las 41 páginas del Código de Etica de la multinacional, podría deducirse que en las instalaciones de Amancio Alcorta 2482 domina lo que la empresa llama “un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los empleados”. Entre el personal hay quienes no piensan ni remotamente igual.

Una norma no escrita evitó durante años cualquier contacto entre ejecutivos recién llegados de Estados Unidos o visitantes locales de cierta jerarquía con los trabajadores de maestranza u operaciones. A estos últimos se los instaba a ocultarse en el baño hasta nuevo aviso. El proyecto Escalada –que consiste en cronometrar las distintas tareas para optimizar la productividad– se aplica a rajatabla sin medir cómo afecta la salud de la dotación laboral. Los tiempos perdidos (tomar un vaso de agua), indirectos (levantarse del asiento para buscar una caja y guardar documentación) y de producción son los que se controlan.

Pero en ese gran galpón de Parque Patricios también se han perdido historias clínicas de una prepaga que guarda la documentación de sus pacientes y legajos de clientes que le confiaron a IM ciertas empresas. Al día siguiente del incendio del 4 de febrero en Barracas, aparecieron cincuenta matafuegos cargados porque estaban vencidos. Tal vez, porque los empleados declararon que hay sectores con revestimientos inflamables en áreas cercanas a la cocina y al comedor.

“A la empresa nunca le creímos nada. Por ejemplo, nunca nos enteramos de que daban pérdidas sus balances, pero nos convocaron una semana después del incendio en Barracas para informarnos su versión de lo que había pasado y para que no le contemos nada a la prensa. Ese día había un móvil de Crónica TV en la puerta”, explican dos empleados que pidieron mantener sus nombres en reserva.

La solicitud de silencio tiene su razón de ser en el caso de Iron Mountain. Si un trabajador es contratado –generalmente, la multinacional lo hace por medio de agencias como Adecco y Service Men–, cuando pasa a la planta permanente es obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad. Otra forma de darle la bienvenida al personal es cuando le proyectan el video institucional de la empresa.

El Código de Etica les recuerda a sus empleados que “para demostrar responsabilidad es necesario”, entre otras razones, “tomar decisiones que beneficien los intereses de la empresa y no los propios. De resultar necesario, informar de toda situación en la que otra persona actúe de forma inapropiada y denunciar toda situación de falta de ética profesional. Participar activamente en la protección de los activos físicos e intelectuales de Iron Mountain. Tomar las medidas necesarias para cerciorarse de que los socios comerciales respeten los derechos humanos básicos”.

Los trabajadores entrevistados por Página/12 pusieron en duda la pauta del Código referida a cómo se resguarda la documentación en la empresa: “A los futuros clientes, cuando los invitan a ver cómo se protege la información, les muestran el soporte físico de lo que otros clientes conservan acá. Entonces, ¿cuál es el secreto?”, se preguntan.

La multinacional fundada en Estados Unidos en 1951 y cuya sede queda en el Gran Ducado de Luxemburgo –segundo en el ranking mundial de paraísos fiscales–, tiene o alquila al menos ocho depósitos en la Argentina. En la Capital Federal, el que se incendió en Barracas, uno en La Boca ubicado frente al Riachuelo, el de Parque Patricios y en Villa Lugano. En el conurbano se expandió a los municipios de Pilar, Ezeiza (donde levanta megadepósitos en el kilómetro 44 de la autopista que une esa localidad con Cañuelas), Malvinas Argentinas y Avellaneda (donde utiliza una superficie de 4400 metros cuadrados en la calle Pienovi 549, que está a nombre de la empresa Oropel). De los bonaerenses, los dos primeros son los más nuevos.

El 22 de mayo, cuando la Justicia y la AFIP allanaron la sede vecina a la cancha de Huracán, un camión de IM se aprestaba a salir hacia el depósito de Ezeiza. El viaje se interrumpió por el operativo. La cantidad de galpones que controla la empresa le permite mover documentación en forma permanente, incluso hacia locales más pequeños que forman parte de su circuito comercial, como uno de la avenida San Juan 3419, que da a la calle.

“Tiene 190 metros cuadrados, 100 en la planta baja y 90 en un subsuelo. Vecinos de esa dirección, ubicada casi en la esquina de Virrey Liniers, aseguran haber visto el día del incendio en Barracas, ‘montones de cajas apiladas que llevan la etiqueta de Iron Mountain’ en ese comercio sin identificación perceptible”, publicó este diario el 16 de febrero. La discrecionalidad con que la compañía maneja la documentación ni siquiera respeta limitaciones judiciales. Cuando todavía no se conocen los resultados de los peritajes en el depósito siniestrado de Barracas, el inspector de la Subsecretaría de Trabajo porteña Edgardo Castro comprobó que se retiraban archivos encontrados debajo de los escombros. Sacó varias fotografías de donde se produjo el incendio y declaró que empleados del gobierno porteño –presuntamente de Defensa Civil– lo alejaron del lugar cuando descubrieron su presencia.

Las fuentes consultadas coinciden en que una empresa llamada Delfor, con sede en EE.UU., es la que trabaja en Barracas retirando documentación mandatada por Iron Mountain. Y completaría su faena cuando la lleva a otros depósitos de IM. Los clientes que proveen el material, como bancos, prepagas y hasta el gobierno porteño, lo digitalizan o guardan en la multinacional. Pero el negocio principal de ésta no es la conservación de papeles o de cintas magnéticas en un sector denominado Bolt (cerrojo en inglés) ubicado en la planta de Amancio Alcorta. La tajada mayor proviene de la venta de cajas para almacenamiento de documentación que guarda la propia empresa. La firma, además, cobra por hacer las carátulas, los rótulos y el espacio que ocupan.

“Parece una cárcel”, definió uno de los empleados al depósito de Amancio Alcorta. Aunque no parece ser una cárcel para todo el personal. Los jefes reciben un plus en sus honorarios tras el cierre del ejercicio contable de cada año. El porcentaje llegó a ser del 200 por ciento en algunas oportunidades. Dicen los trabajadores de planta que, tiempo después, los vieron llegar en autos flamantes al estacionamiento. Pero ellos reconocen que cobran los sueldos en término. Y que recibieron mochilas con útiles para los niños en días previos al comienzo de las clases y tickets canasta de un conocido hipermercado para fin de año.

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