El policía de la Metropolitana que, durante un allanamiento con o sin orden judicial, apoya su arma reglamentaria en la cabeza de una trabajadora sexual, antes de robarle su dinero y su celular. El funcionario de la Agencia de Control Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires que “clausura” el domicilio de una mujer y la deja sin lugar donde vivir. La profesional de la “Unidad de Rescate”, que amenaza con la cárcel a trabajadoras sexuales. Todos ellos, es decir, los procedimientos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplica con el pretexto de luchar contra la trata de personas, fueron denunciados por legisladores porteños e investigadores del Conicet en una reunión que la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar) organizó en la Legislatura de la Ciudad. La legisladora Claudia Neira sostuvo que “el primer paso es reconocer la voz de Ammar” y que “la persecución del trabajo sexual no es política antitrata”. La legisladora María Rachid afirmó que “hemos avanzado mucho en esta década, pero queda una deuda con las trabajadoras sexuales”.

En el encuentro se presentó el trabajo Políticas antitrata y vulneración de derechos de las trabajadoras sexuales, elaborado por Cecilia Varela y Débora Daich, antropólogas del Conicet y la UBA. Señala “allanamientos particularmente violentos por parte de la Policía Metropolitana. Algunas trabajadoras fueron apuntadas con armas a la cabeza y esposadas hasta la llegada de las profesionales de la Oficina de Rescate”. También, “policías varones que pidieron a las trabajadoras que se desnudaran, y funcionarios que en ‘tareas de inteligencia’ tomaron servicios sexuales y más tarde allanaron el lugar”.

Por ejemplo, “en octubre de 2013, distintos domicilios fueron allanados por la Policía Metropolitana, con orden de un juzgado federal: 50 trabajadoras fueron subidas a micros. Cuando quisieron retirarse, los policías y las profesionales de la Unidad de Rescate se lo negaron. Cuando las mujeres dicen ejercer su trabajo voluntariamente, las profesionales las amenazan con procesarlas por falso testimonio”. Además “buscan implicar a trabajadoras: la identificación como tratante, sólo por atender el teléfono o abrir la puerta, puede llevar a la prisión preventiva”. En estos procedimientos “también se presentaron operadores de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad”.

En cuanto a “los robos y pérdidas de dinero y objetos de valor en allanamientos”, son “porque las fuerzas de seguridad lo roban”, pero también “porque el dinero es retenido como evidencia. Y las personas que trabajan en los mismos lugares donde residen pierden sus ahorros”. Además, “les incautan los celulares y así pierden los contactos con familiares y conocidos”.

El trabajo también señala medidas que “en Córdoba, Río Negro, San Luis, San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán y diversos municipios avanzan sobre el ejercicio autónomo del trabajo sexual”; denuncia allanamientos de domicilios en Mar del Plata y, “en La Plata, irrupciones de fuerzas de seguridad con extrema violencia; en San Martín, allanamientos vistiendo capuchas y con armas largas”. Estas acciones “afectan a mujeres de sectores populares y no a los servicios sexuales para sectores de alto nivel”.

Georgina Orellana, presidenta de Ammar, contó que “desde enero de 2013 recibimos reclamos de compañeras que trabajan en departamentos privados: se juntan cuatro o seis y dividen gastos; también de compañeras en relación de dependencia, que son explotadas laboralmente pero no son víctimas de trata; al revés, la criminalización las lleva a ejercer bajo un dueño para sentirse protegidas. En los allanamientos, los preservativos que distribuye el Gobierno se consideran evidencia de delito. Compañeras de Paraguay o de la República Dominicana no pueden enviar dinero a su familia”.

La legisladora Gabriela Alegre (Frente para la Victoria) anunció que “apoyaremos en el Congreso Nacional el proyecto que reglamenta el trabajo sexual”, impulsado por Ammar. El legislador Edgardo Form (Nuevo Encuentro) se manifestó “contra la criminalización y la represión de que son objeto las trabajadoras sexuales”. El legislador Pablo Bergel (Verde Alameda) dijo a este diario que “muchas normas prohibicionistas vinieron a reforzar el poder proxeneta de la policía y los aparatos políticos”.

El acto de Ammar recibió las adhesiones de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Falgbt), la Agrupación Putos Peronistas, los Metrodelegados porteños y la CTA.