A más de 20 años del episodio conocido como la Masacre de Wilde, en el que cuatro personas resultaron muertas tras recibir 240 tiros de Itacas y ametralladoras policiales, la Justicia fijó fecha para tomar declaración indagatoria a los ocho policías imputados por cuádruple homicidio agravado. El 5 de agosto, entre las 9 de la mañana y el mediodía, Roberto Oscar Mantel, Eduardo Ismael Gómez, Osvalo Américo Lorenzón, Hugo Patricio Reyes, Marcelo Daniel Valenga, Marciano González, Julio César Gatto y Pablo Francisco Dudek, contra quienes pesan “indicios vehementes de la comisión de los delitos de homicidio calificado” en calidad de coautores, deberán responder las preguntas de Sebastián Scalera, titular de la Fiscalía de Juicio Nº 3 de Lomas de Zamora. La convocatoria es una “esperada decisión judicial, después de veinte años y medio de impunidad”, señaló el abogado querellante Ciro Annicchiarico, quien también recordó que fue a partir de la Masacre de Wilde que comenzó a referirse a la Policía Bonaerense como “maldita policía”. El abogado celebró que “hechos y responsables por fin van a ser juzgados”, pero advirtió que “son hechos que nos tienen que hacer reflexionar, porque también siguen siendo preocupantes en el presente”.

En abril de este año, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó un recurso extraordinario para recurrir a la órbita nacional, presentado por los oficiales de la policía acusados de masacrar al librero Edgardo Ciccutín, el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, y de intentar asesinar al también librero Claudio Díaz, el 10 de enero de 1994. En noviembre de 2013, el máximo tribunal bonaerense dejó sin efecto los sobreseimientos de los policías y ordenó reabrir la investigación, tras considerar que la masacre había constituido una “grave violación de los derechos humanos con aptitud para comprometer la responsabilidad internacional del Estado”. Fue justamente luego de esa decisión que los policías, cuyos sobreseimientos habían sido dictados en primera instancia y confirmados por la Cámara de Lomas de Zamora, intentaron recurrir al máximo tribunal nacional.

El 10 de enero de 1994, a las tres de la tarde, doce efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús salieron en busca de un Peugeot 505 y un Dodge 1500 amarillo en el que, decían, viajaba un grupo de delincuentes. Los agentes iban vestidos de civil y repartidos en cinco autos particulares, con los cuales interceptaron, primero, al Peugeot y dispararon más de 200 tiros contra sus ocupantes, Corbo, Bielsa y Mendoza. Los tres fallecieron en el acto. El Dodge escapó, pero la brigada salió en su búsqueda y, al encontrar un auto similar, dispararon. En ese segundo vehículo viajaban los libreros Cicutín, que recibió siete disparos y murió, y Díaz, quien salvó la vida de milagro. Los policías explicarían después que se había tratado de un error, porque buscaban otro Dodge a bordo del cual viajaban otros tres hombres que fueron detenidos minutos más tarde.

El único procesado en la causa había sido el suboficial Marcos Rodríguez, prófugo desde 1994: al día siguiente de la masacre salió caminando de la seccional en la que estaba detenido y nunca más fue encontrado.