Es necesario escribir esta nota a la luz de una serie de comunicados y declaraciones de las más altas autoridades de la provincia de Buenos Aires que muestran marchas y contramarchas en políticas de salud fundamentales para la vida de las mujeres. Desde el año 2007 la provincia de Buenos Aires cuenta con un protocolo para la atención de los abortos no punibles (ANP). Justamente este mecanismo regula los procedimientos médicos y nace como respuesta de los organismos de la provincia ante la vulneración del derecho de una joven discapacitada al acceso al aborto, conocida como caso LMR de Guernica, en el año 2006. Situación por la que nuestra provincia y el país fueron condenados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el año 2011. Violación de derechos que fue reconocida tanto por nación como por la provincia de Buenos Aires.

Todos estos años se ha avanzado en este terreno de atención, en el marco de la implementación del Programa de Salud Reproductiva y del Plan de Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil, a través del programa de salud reproductiva, la creación de un Area de Políticas de Género y de atención de la violencia dentro del Ministerio de Salud provincial. El mismo ministro de Salud, Alejandro Collia, ha hecho públicos los resultados favorables de impulsar todas estas políticas, en la reducción de la mortalidad materna en general y de la mortalidad por aborto en particular.

Sin embargo, siguen existiendo grupos y profesionales de la salud que se amparan en sus convicciones personales para obstaculizar la práctica a interrumpir un embarazo cuando es legal. Haciendo abuso de su posición dominante y recomendaciones de salud contra la interrupción del embarazo que no están basadas en evidencia científica, sino por el contrario en creencias personales encubiertas. Nuestra legislación garantiza el derecho a la objeción de conciencia. Si un profesional de salud es objetor de conciencia, tiene que hacerlo conocer y ofrecer a la mujer que solicita el aborto, que recurra a otro profesional, que debe garantizar la institución pública. Lamentablemente, quienes se dicen “defensores de la vida”, muchas veces incurren en una dudosa ética, ya que avasallan el legal y legítimo derecho de las mujeres de acceder a una práctica sanitaria que deben garantizar los efectores públicos. Porque también cabe reiterar que no estamos frente al aborto voluntario, sino al que se realiza por existir causales de excepción, contempladas desde el año 1921 en nuestra legislación.

La reiteración de estos obstáculos, con impacto público a partir de la situación de la joven de 13 años de Moreno a la que negaron el aborto legal en el hospital de la zona, fue la que generó la creación de una mesa de diálogo con las organizaciones sociales y la Campaña por el Derecho al Aborto para revisar los principales problemas, reformular el protocolo de ANP y definir la forma más eficaz de resolver situaciones conflictivas. Estas decisiones compartidas por el ministro de Salud en una capacitación en la Universidad de La Matanza dieron lugar a un mal entendido en relación con la construcción de un equipo centralizado para resolver situaciones controvertidas, que se difundió como “hospital móvil”. Pero que mal intencionadamente se comenzó a ridiculizar con la denominación de “aborto a domicilio o sobre ruedas”. Excusa para que los grupos antiderechos, especialmente ligados a la jerarquía de la Iglesia Católica, recurran una vez más a impulsar retrocesos en el derecho a la salud de las mujeres.

A raíz de estas presiones, el gobernador Daniel Scioli, en lugar de denunciar ante la opinión pública quiénes son las personas y grupos que lo presionan para que no respete la ley vigente y las políticas de salud tendientes a garantizarla, lo que manifestó es una marcha atrás. Es necesario acabar con estos mensajes de doble moral, que sólo confunden a los profesionales de la salud y a la población en general, con el objetivo de producir atrasos inaceptables. Por eso reiteramos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que es inaceptable que se realicen manifestaciones públicas tan contradictorias, cuando se viene avanzando en los compromisos asumidos por los tratados de derechos humanos y la ley vigente. También ratificamos el apoyo al conjunto de las políticas que se vienen acordando en la mesa de diálogo creada en el Ministerio de Salud de la provincia y abogamos por su continuidad.

Es fundamental el rol activo y presente del Estado en el camino de construcción de más democracia y más derechos. El Estado laico es el que garantiza una democracia real. Sabemos que la imposición de una visión confesional particular para el conjunto se llama fundamentalismo y pensamiento único. Y también sabemos de la exclusión, las discriminaciones y violencias que esas visiones imponen.

* Secretaria de Género CTA nacional.