Un ex cabo de la Federal, Martín Alexis Naredo, condenado a perpetua, desapareció el viernes entre las leyes de la camaradería institucional, la empatía jurídico-policial y los usos y costumbres de la 8ª, una comisaría que ya cuenta en tres meses con dos casos calcados de “¿puedo ir al baño?” previa lectura de sentencia a perpetua. Naredo fue condenado el viernes pasado por el Tribunal Oral 23 por haber baleado en la cabeza mientras tenía sujeto por la espalda al adolescente Jon Camafreitas, en la plaza de Estados Unidos y Loria, en Boedo, el 21 de enero de 2012. El caso Camafreitas fue incluido en varios informes sobre violencia institucional, incluyendo el Informe 2013 “Derechos humanos en Argentina” producido por el CELS y un informe sobre Violencia Institucional de la Defensoría porteña. Ahora debería aparecer en el Libro Gui-nness de los Records.

El 21 de enero de 2012, a la madrugada, Naredo y su camarada Juan Carlos Moreyra detuvieron el patrullero en la plaza Mariano Boedo, de Estados Unidos y Loria. Habían sido alertados sobre incidentes en la plaza. Entendieron que se trataba de una pelea entre jóvenes. Después se supo que se trató de un borracho en una farmacia. Cuando llegaron los polis sólo encontraron a Camafreitas, de 18, y a su amigo de 16, que habían intentado eludir la pelea. Lejos del absurdo adagio de que si no se hizo nada no hay por qué escapar, y más acorde con la enseñanza institucional que ya se lleva en el torrente sanguíneo por generaciones, cuando Camafreitas y su amigo vieron a los uniformados, corrieron. Al amigo lo persiguió Moreyra. A Camafreitas, Naredo. Este le dio alcance al chico a un par de cuadras, frente al local de Independencia 3275. Con un brazo envolvió el cuello del chico por la espalda. Con la mano libre, apoyó la pistola con bala en la recámara contra la cabeza del chico y gatilló. Los rastros de tela quemada y pólvora en la gorra de Camafreitas fueron parte de las pruebas acusatorias en el juicio.

El 26 de agosto pasado comenzó el juicio a Naredo ante el Tribunal Oral 23, en Comodoro Py. Ya no lo hizo como federal. En septiembre de 2012, la ex ministra de Seguridad Nilda Garré exoneró a Naredo, quien llegó al juicio libre (porque en la investigación la Justicia creyó en la versión del forcejeo por el arma con disparo en la nuca), pero como empleado de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de La Matanza.

El viernes pasado fue el día de los alegatos en Comodoro Py. Terminados los alegatos, a través de su abogado, Naredo pidió permiso a los jueces para retirarse porque no estaba “en condiciones anímicas” para presenciar la lectura de la sentencia. La abogada querellante María del Carmen Verdú, de la Correpi, solicitó al tribunal que teniendo en cuenta la pena en expectativa (perpetua), el ex federal fuera inmediatamente detenido. Los jueces no respondieron en el momento y abrieron un cuarto intermedio para resolver sobre la cuestión. Cuando regresaron, teniendo en cuenta que Naredo se había presentado hasta ese momento en forma inobjetable, rechazaron el pedido de detención pero informaron que leerían la sentencia de inmediato. La leyeron. Héctor Magariños y Pablo Jantus votaron por la perpetua. Javier Anzoátegui por la absolución. Se lo condenó por homicidio agravado por haber sido cometido por un integrante de la fuerza de seguridad, y lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos y portar armas. Luego informaron a Verdú sobre su detención.

Ayer, Verdú pasó por el tribunal para averiguar en qué unidad penal había sido alojado. La escena la relató la abogada a Página/12: “Cuando le pregunté al secretario sobre la unidad penal, me dijo ‘no está detenido’ y se puso de todos los colores.

”–¿Cómo que no? –le pregunté.

”–Se mandó un gendarme –respondió el secretario– a buscarlo a la casa de la madre, y no estaba. ‘Fue a pasar el fin de semana a la casa de la novia, en Lanús’, dijo la madre, y no dio ni nombre de la chica, ni dirección. Se lo buscó en su trabajo, pero no fue viernes, ni lunes ni ayer (por martes)”.

El TOC 23, además de pedir la captura de Naredo, pidió la investigación por complicidad del comisario, un subcomisario y un oficial de la 8ª, de apellidos Barrios, Brónico y Chamorro, respectivamente.

Además de motivos, tienen pocos reflejos: la 8ª tenía entre sus filas a otro prófugo reciente, el sargento Néstor Adrián González, condenado a 15 años en Mercedes por matar a Sergio “Checho” Casal, pidió permiso para salir antes de la lectura de la sentencia. Se sentía mal e iría al hospital.

Los siguen buscando.

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