El caso de la masacre de Wilde ayer fue elevado a juicio. Es probable que dicho así quien lea esta nota no tenga la menor idea de qué se trata. Motivos hay: ocurrió hace más de veinte años. Motivos para que hayan pasado más de veinte años, también los hay. El 10 de enero de 1994, cuatro personas que viajaban en dos autos fueron acribilladas, en forma simultánea y a cuatro cuadras de distancia unos de otros, a tiros por una patota de la Brigada de Lanús, en tiempos de la Maldita Policía. Once de la patota fueron identificados. Diez recibieron orden de detención y otro se fugó de su celda a pie y silbando bajito. Finalmente, los diez restantes fueron sobreseídos. A fin de 2013, la Suprema Corte revocó los sobreseimientos por considerar que se cometió una “grave violación a los derechos humanos”, ordenó reabrir el caso y reasignar juez. Recayó en el Juzgado N0 8 de Lomas de Zamora, a cargo de Gabriel Vitale. El 4 de abril, Vitale reabrió el expediente de más de 4000 fojas en 21 cuerpos. Ayer ordenó la elevación a juicio.

Según la elevación a juicio solicitada por el fiscal del caso, Sebastián Scalera, “(...) el día 10 de enero de 1994, siendo aproximadamente las 15, al menos once efectivos pertenecientes a la Brigada de Investigaciones de Lanús, que integraban una comisión policial, ocho de ellos identificados como Roberto Oscar Mantel, Eduardo Ismael Gómez, Osvaldo Américo Lorenzón, Hugo Reyes, Marcelo Daniel Valenga, Marciano González, Julio César Gatto, Pablo Francisco Dudek, dos fallecidos a la fecha (César Córdoba y Carlos Saladino) y uno actualmente prófugo (Marcos Rodríguez), recorrían la localidad de Wilde en el partido de Avellaneda, a bordo de cinco vehículos particulares, no identificables y sin uniformes”. Scalera sostuvo que existiendo un acuerdo previo, los doce a quince policías salieron con la intención de matar a los ocupantes de dos vehículos, un Peugeot 505 y un Dodge 1500 amarillo.

El primero era conducido por el remisero Norberto Corbo y en él viajaban Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. Bielsa es el único del que se comprobó vinculación con la Brigada. El Peugeot fue encerrado junto al estacionamiento de la parrilla La Noche. Los policías salieron de los cinco autos de civil en los que los perseguían, y “sin dar voz de alerta y sin existir agresión previa de ningún tipo comenzaron a efectuar gran cantidad de disparos contra el Peugeot y sus ocupantes con la clara intención de causar la muerte de los mismos”.

Casi simultáneamente detectaron al Dodge amarillo y comenzaron a perseguirlo. Lo conducía el librero Norberto Díaz, y como acompañante viajaba Edgardo Cicutín, también librero. Díaz había intentado evitar la congestión de tránsito que se había producido con el fusilamiento del Peugeot y sin saber de qué se trataba dobló por una calle lateral cuando fue avistado por la Brigada. Con el mismo mecanismo encerraron el auto y los acribillaron. Díaz logró salvarse y fue detenido. A Cicutín lo mataron a tiros.

En una primera versión la Brigada sostuvo que se trató de un tiroteo de la Gendarmería con ladrones. La primera jueza en tomar el caso, Silvia González, desechó esa versión y consideró la hipótesis del fusilamiento. Procesó y ordenó la detención de diez de los uniformados y pidió la captura de Marcos Rodríguez. Pero la causa cambió de juez. El nuevo magistrado, Emilio Villamayor, ordenó el sobreseimiento y los camaristas Osvaldo Baccini, Juan Silvestrini y Ernesto Devoto revocaron las preventivas y confirmaron la decisión de Villamayor, quien sólo mantuvo la acusación sobre el prófugo.

En el ’98, el abogado Ciro Annichiarico logró reabrir el caso a partir de las vinculaciones que se encontraban entre el caso AMIA y el de Wilde, y llevó el caso hasta la CIDH. La Suprema Corte bonaerense se hizo eco y a fin del año pasado ordenó reabrir la causa, revocó los sobreseimientos y dispuso designar un nuevo juez. El caso recayó en Vitale, quien en cinco meses logró lo que no se había logrado en veinte años: elevó a juicio la causa por ocho, sin contar a los dos fallecidos y al buscado.

Como se trata de un caso con denuncia ante los tribunales americanos, fue propuesta por Cancillería la Asociación Pensamiento Penal, como veedora del juicio en representación de la Comisión Interamericana.

Ahora, claro, habrá que esperar la fecha del juicio.

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